El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, ha confirmado que de momento Madrid no hará obligatorio el uso de la mascarilla en todas las situaciones, independientemente de si puede mantenerse la distancia social. “Hemos sido muy firmes en ese uso. No descartamos que se pueda hacer en algún momento, pero tenemos que seguir analizando los datos”, ha asegurado en una rueda de prensa para analizar la situación epidemiológica en la región, la primera que da en toda la epidemia para dar cuenta de la evolución del coronavirus. Ruiz Escudero se ha respaldado en el Ministerio de Sanidad para explicar la decisión: “Me han transmitido que no ve esa necesidad”, ha dicho. El Ejecutivo autonómico se resiste, por el momento, a una presión procedente de múltiples sectores para que Madrid se alinee con las demás regiones: lo han pedido las asociaciones de médicos, sindicatos, oposición y hasta políticos de sus mismas filas (la vicealcaldesa Begoña Villacís).
La Comunidad de Madrid es la única de toda la península en la que no se obliga a usar la mascarilla, aunque las situaciones en las el Gobierno de Ayuso “recomienda” llevarla crecen. Ruiz Escudero ha sumado a la lista los “espacios privados cuando existan reuniones o personas no convivientes, incluso cuando se pueda garantizar la distancia”, ya que “la mayor parte de brotes se está dando en reuniones y celebraciones de no conviviventes”. En Canarias tampoco existe esta norma. Según el consejero, en las regiones que sí la llevan por decreto, “se obligó porque el uso era prácticamente nulo”. “Tuvieron que tomar esa decisión porque no había ningún grado de concienciación”, ha justificado después de que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, se abriera este miércoles a la posibilidad de sumarse al resto de comunidades con el argumento de que el Gobierno de Pedro Sánchez no estaba ejerciendo “controles efectivos” en el aeropuerto de Barajas.
El consejero ha asegurado que la situación está “estable y controlada” y los “datos asistenciales lo avalan”, pero ha advertido del aumento de contagios en las personas “por debajo de 40 años”. El número de infectados jóvenes se ha duplicado en una semana: de 115 a 206, un 80% más, si comparamos la semana del 13 al 19 de julio con la anterior. Con especial incidencia en las edades entre 20 y 29. En esta franja los contagios han pasado de 42 a 84, según las cifras ofrecidas por Ruiz-Escudero. “No podemos dar ni un solo paso atrás. Los jóvenes deben ser conscientes de la responsabilidad que tienen. Necesitamos su máximo compromiso. Es importantísimo el uso de la mascarilla, el lavado de mano y que eviten lugares de concentración de personas y mantengan la distancia de seguridad”, ha asegurado.
El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en su primera rueda de prensa desde que tomó posesión del cargo tras la dimisión de la Directora de Salud Pública, ha desglosado los siete brotes activos en la Comunidad de Madrid, que suman 48 casos confirmados, cuatro hospitalizados y 248 contactos. Entre ellos se incluye el registrado en el CF Fuenlabrada, con 96 personas en seguimiento por contacto. Estos brotes, ha precisado el consejero, se dan “en el entorno familiar y social, y en menor medida en el laboral”. Actualmente, si vamos a las cifras globales, hay 124 personas hospitalizadas en la región y 25 pacientes en UCI. “El pico máximo estuvo en más de 15.000 y más de 1.000 en UCI”, ha recordado.
La rueda de prensa ha tenido lugar tras una reunión entre la Consejería de Sanidad y el Ministerio para abordar la situación epidemiológica y la coyuntura en Barajas, a petición del Gobierno regional. Pese a que Aguado sugirió que decretarían la obligatoriedad de la mascarilla hoy mismo si el Gobierno de España no realizaba PCR en los países de origen –algo que ha descartado por el momento Sanidad–, finalmente el Ejecutivo autonómico no ha hecho lo anunciado tras haber pactado con el Ministerio de Sanidad firmar un convenio para el intercambio de información de los viajeros que llegan a la región a través de Barajas, controlados por Sanidad Exterior.
“Es un primer paso pero necesitamos medidas más concretas”, ha apuntado Ruiz Escudero. Los controles que se hacen en el aeropuerto, regulados por el Ejecutivo central, consisten en un formulario, la toma de temperaturas y un control físico (inspección ocular). Y de momento no se van a cambiar. Para el Ejecutivo de Ayuso, Barajas es un “coladero”, algo que desmiente el Gobierno central. El de la Comunidad dice que 72 personas han entrado por esta vía contagiadas y ha pedido PCR a Sanidad en los “países diana” con alta concentración de casos, sin especificar cuáles. La región derivará a los viajeros hospitalizados al Gregorio Marañón y al hotel Aire Colón si tienen sintomatología leve.
El servicio telefónico de rastreo, privatizado
La Comunidad de Madrid ha privatizado el servicio telefónico de rastreo para identificar a los contactos de los contagiados por coronavirus. El Gobierno regional adjudicó a finales de mayo un contrato por la vía de emergencia, es decir sin concurrencia ni publicidad, a Indra y Telefónica para “hacer el seguimiento de los contactos Covid y el estudio de seroprevalencia de la Comunidad de Madrid” solo por 30 días. El coste de este servicio, por un mes, asciende a 421.080 euros. 14.000 euros al día, según la adjudicación publicada en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid y que ha adelantado El Boletín. El presupuesto detalla estima que se realizan unas 4.000 llamadas al día y fijan en 2,9 euros el coste de cada una de ellas.
El consejero ha aclarado, ante las preguntas de la prensa, que la misma UTE ya se está encargando del teléfono 900 puesto en marcha para la atención de personas con síntomas de coronavirus y justifica que en el contrato solo se incluyen 42 trabajadores del sistema de rastreo. Los otros 142 son técnicos en salud pública, “profesionales con perfil sanitario”, ha aclarado. “Con el Centro de Atención Personalizada planteamos aumentar la capacidad con la flexibilidad para adaptar la situación”, ha añadido. Se desconoce si este contrato de emergencia se ha prorrogado, dado que solo tiene una vigencia de 30 días.
Madrid es, junto a Catalunya –que también privatizó el rastro entre las quejas de los profesionales y ha tenido que modificar el sistema–, la región con un seguimiento más pobre de los contactos, según el último informe del Instituto de Salud Carlos III. El sistema identifica uno de mediana por cada positivo. Además, los sindicatos y la oposición llevan semanas alertando de que el número de rastreadores es escaso y temen que haya contagios que no se relacionen bien entre sí y escapen el sistema. De los 400 comprometidos inicialmente solo hay 182, como ha confirmado el consejero.
Para el Ejecutivo autonómico, el número de rastreadores no es un problema porque “se adaptan a la evolución”. Nadie en los centros de Atención Primaria conoce a los rastreadores ni se comunica con ellos. Presuponen que los datos que introducen en el sistema cuando llega un caso sospechoso se trasladan automáticamente y aseguran que asumen, con sus propios medios, la comunicación y el control de los convivientes. “En mi centro de salud nos encargamos de contactar con los convivientes y hacer que vengan a hacerse la PCR. Esperamos que salud pública asuma una investigación más profunda de los contactos fuera del domicilio los 14 días previos. Creemos que se activa pero no tenemos feed back de que así sea”, explicaba Javier Huerta, médico de familia en un ambulatorio de la capital, a elDiario.es.