El polígono de industrial de Vallecas, en el sur de Madrid, es un avispero de coches y camiones a primera hora de la mañana. En uno de los extremos se abre una gran explanada donde el Ayuntamiento está ultimando la instalación de seis barracones para evitar que las familias de refugiados con menores terminen durmiendo en la calle. Las colas de solicitantes de asilo en la sede del Samur Social, en el centro de la ciudad, ahora se desplazarán a las afueras. Alejados de las calles concurridas de vecinos y viandantes.
Los operarios trabajan a destajo desde semanas para convertir esta explanada rasa en un centro de emergencia para los que vienen huyendo de la persecución y los conflictos armados. La de Vallecas será la primera puerta a la que llamarán los refugiados cuando lleguen a la capital si el Gobierno central, el competente para atenderlos, no lo hace en los primeros momentos.
Es la solución que ha adoptado el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por PP y Ciudadanos, ante el colapso del sistema de asilo y meses con personas a las puertas de los recursos municipales acogidas por familias del barrio de La Latina ante la falta de soluciones. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, justifica que es el espacio más adecuado de la ciudad “por razones técnicas”. En las inmediaciones ya hay otros dos centros de acogida de refugiados: el hostal Welcome (gestionado por Cruz Roja) y otro grupo de barracones, el Vivero, que tiene ACCEM e inauguró el Gobierno de Manuela Carmena.
Habrá en total espacio para 300 personas, según ha explicado el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte. Las viviendas prefabricadas provienen del almacén de la Agencia de la Vivienda Social de Madrid (AVS) aunque el Consistorio va a adquirir seis nuevos módulos para personas con movilidad reducida. La construcción está prevista en tres fases: la primera se compone de 12 módulos (seis casas) para 96 personas que se podrán usar a partir de febrero; la segunda suma 14 para 140 usuarios, disponibles desde finales del mes que viene, y la tercera levantará seis espacios más, de mayor tamaño, para 58 usuarios.
Cada vivienda prefabricada está formada por dos módulos con tres dormitorios en total, una cocina y un baño. En este espacio, de unos 70 metros cuadrados, se alojarán hasta 16 personas en literas. El centro tendrá un servicio de catering, enfermería, zonas comunes para los menores, y personal para el acompañamiento psicosocial, según el Ayuntamiento. El Consistorio asumirá también ayudas al transporte para desplazarse al centro de la ciudad, en función de la valoración de los trabajadores sociales, pero no iniciará el proceso de escolarización de los menores porque el “periodo de estancia es muy breve”.
Se pretende que las plazas sean “rotatorias” y los refugiados no las ocupen durante más de 30 días. Los tiempos de espera para tener una cita, entrar en el sistema de asilo y conseguir una plaza, sin embargo, se dilatan mucho más. Las ONG aseguran que el proceso se puede demorar hasta dos meses y medio. “A día de hoy, el Gobierno de España no da respuesta a estas personas. El sistema está colapsado”, dice Paco Garrido, coordinador de CEAR Madrid.
¿Y entonces? Aniorte asegura que “los recursos estarán coordinados”. “No vamos a permitir que se vayan hasta que tengan una alternativa”, indicaba en una presentación a la prensa del futuro centro de acogida, a la que acudía la vicealcaldesa y también la concejala de Obras, Paloma Martín.
Gestión indirecta sin concurso público
Este centro forma parte de la red municipal pero su gestión se ha entregado íntegra y sin concurso público a la empresa Asispa, especializada en el cuidado de mayores. La tramitación se ha justificado por la vía de urgencia, dada la situación de emergencia de estas personas. El recurso está, por tanto, fuera de la red del Samur Social, cuya plantilla está desbordada y ya ha secundado varias jornadas de huelga y protestas por la falta de efectivos. Los recursos de emergencia de la ciudad combinan la gestión directa e indirecta, pero habitualmente esta segunda está dirigida por organizaciones sociales como Cruz Roja o ACCEM.
El Ayuntamiento asegura que quiere garantizar que el espacio es “cálido”, aunque estén durante “un momento corto de su vida”. “Se trata de buscar la mayor normalidad posible dentro de la situación de excepcionalidad. Que tengan la oportunidad de volver a empezar”, sostenía la vicealcaldesa. “Alguien tenía que responder a estas familias que han tenido que dejar su casa”, decía Villacís, que volvía a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez medidas para atenderlos adecuadamente.
Las organizaciones sociales que trabajan con refugiados recuerdan que este tipo de recursos de emergencia deben cumplir con unos mínimos marcados por una directiva comunitaria para garantizar la dignidad de los usuarios y sus derechos básicos, pese a la situación excepcional. “A estas personas hay que garantizarles asistencia sanitaria, acceso a la educación para los menores... Y además no separar a las familias nunca. Ningún recurso puede incumplir ni una coma de la norma europea”, dice Paco Garrido desde CEAR Madrid. La ONG aún no conoce en detalle este centro de emergencia y está a la espera de que el Consistorio le aporte información, según Garrido.
El emplazamiento del centro es lo más cuestionado por las ONG. “La apertura de plazas de acogida es una buena noticia. Es absolutamente necesario pero demandamos un plan de inclusión de las personas refugiadas. Eligiendo este sitio las destierran a las afueras de las ciudades, a un barrio que además ya soporta una presión asistencial altísima”, afirma Patricia Fernández, abogada de la ONG Coordinadora de Barrios.
Desde CEAR añaden que “se aconseja que exista una comunicación adecuada de los emplazamientos con los centros urbanos y los recursos donde puedan desarrollar su día a día”. “Las personas deben poder llevar a cabo su proceso en un lugar que no sea estigmatizador, no en un descampado donde no haya nada”, dice Garrido.
Con estas nuevas plazas, el Consistorio pretende dar una respuesta al elevado número de solicitantes de asilo que llegan a la ciudad de Madrid, principalmente venezolanos, y descongestionar también algunos recursos municipales. En el Centro Municipal de Urgencias Sociales de Madrid (CEMUS), un espacio pensado para alojamientos de emergencia como los que se realizan tras el hundimiento de un edificio, los solicitantes de asilo también se agolpan. No es novedad: durante el mandato de Manuela Carmena también vivieron hacinados en sus instalaciones.