La Comunidad de Madrid continúa trabajando sobre la marcha en su estrategia contra la COVID-19. Este viernes el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado por un procedimiento de emergencia, lo que supone una adjudicación a dedo, un contrato para realizar labores de rastreo. La licitación la ha conseguido la empresa Quirón prevención SL por un importe de 194.223 euros, según figura en el portal de contratación pública autonómico. La duración del contrato se extenderá durante tres meses y el equipo de trabajo estará formado por veinte auxiliares de enfermería y dos médicos, que se dividirán en dos turnos, mañana y tarde de lunes a viernes.
Elena Andradas, la directora general de salud pública, firmó la resolución este viernes 7 agosto a las cuatro de la tarde. De esta forma, la Comunidad saldó una semana de polémicas tras pedir rastreadores voluntarios en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y de que la propia Andradas reconociese en una respuesta emitida a través del portal de transparencia que se habían encontrado dificultades para “cubrir los puestos ofertados” entre médicos y enfermeras, por eso habían optado a ampliar la búsqueda entre profesionales del “ámbito de la biología y la educación social”.
La Consejería justifica la contratación de un proveedor externo
La Consejería de Sanidad admite en su adjudicación que no está en disposición de controlar la pandemia en la situación actual ya que deja escrito que “la situación epidemiológica reflejada por los sistemas de información específicos muestra un el incremento en el número de casos que obliga a proveer un mayor número de efectivos destinados a las labores de averiguación y seguimiento de contactos” al tiempo que añade después que “el tiempo de formación necesario, la eventual rapidez con la que puedan producirse cambios en la situación epidemiológica y el carácter anticipatorio que se busca, acortan los tiempos y hacen inviable recabar los medios materiales y humanos precisos dentro de los recursos propios de la Administración”. Por esta razón, continúa exponiendo Andradas, “se hace imprescindible cubrir estas necesidades mediante la contratación de un proveedor externo con experiencia de estas tareas”.
El sindicato Comisiones Obreras ha criticado la privatización de este servicio. La secretaria general de CCOO Sanidad Madrid, Rosa Cuadrado, ha destacado que “una vez más se demuestra que el único objetivo que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid es adjudicar contratos con total oscurantismo”. Cuadrado también ha lamentado que para esta labor el Gobierno regional no haya recurrido a “recursos públicos”.
Según consta en la resolución de adjudicación, los trabajadores de Quirón recibirán una formación por parte del personal de la Dirección General de Salud Pública, a partir de ahí las labores de rastreo se realizarán en la instalaciones de la empresa adjudicataria. Entre la plantilla subcontratada existirá un “supervisor medico designado por la entidad adjudicataria que gestionará y supervisará el trabajo a realizar”, este profesional interlocutará con un trabajador designado por la Consejería de Sanidad que tendrá que estar al tanto de “cualquier incidencia que ocurra durante la jornada de trabajo”. Diariamente, los sanitarios que trabaje amparada bajo este contrato deberá realizar “al menos” entre 190 y 220 encuestas.
El número de contagios se ha disparado en el último mes
Expertos en salud pública llevan semanas advirtiendo de que la Comunidad de Madrid no cuenta con una estructura conveniente para las labores de rastreos. Esta función es fundamental para contener la expansión de la pandemia, ya que permite realizar un seguimiento del virus identificando a las personas que han estado en contacto con personas que han dado positivo. Su labor gana más relevancia en Madrid, teniendo en cuenta que según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, los contagios se han multiplicado por más de catorce en el último mes en la región, pasando de 285 detectados durante la semana del 15 de julio a 4.147 en la del 7 de agosto.
A finales de julio, el Gobierno autonómico reveló que su red de rastreadores contaba con 182 profesionales, lejos de los 400 que comprometieron en mayo. Al detectar un repunte de la pandemia, el Gobierno autonómico aseguró que duplicaría esa cifra en la primera semana de agosto. Los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad plantean que “la Comunidad de Madrid cuenta con más de 400 rastreadores”. Un dato muy reducido para las sociedades madrileñas de Salud Pública y Medicina Comunitaria, que insistían en un comunicado emitido el 26 de julio en que en “una población como la de Madrid harían falta entre 800 y 1200 personas para esta tarea”.
Estos colectivos también alertaban de que “esperar a que haya un repunte importante de casos para contratar más personal no es una opción válida, porque supone actuar cuando la transmisión comunitaria ya es importante, lo que impide contener los brotes sin recurrir a otras medidas más duras, que tienen un gran impacto social y económico, como ya se ha demostrado en los rebrotes de otras comunidades autónomas”.