Ayuso y Almeida plantean cambios en leyes para relajar el control del urbanismo: la salida a la crisis es más ladrillo

Que los trámites urbanísticos dejen de ser la “piedra en el zapato”. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, resumía así el paquete de medidas que, en medio de la crisis, están impulsando la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para reducir los controles a la construcción. Ambas administraciones, gobernadas en coalición por PP y Ciudadanos, han presentado en las últimas semanas sus recetas para “dinamizar la actividad económica”, que pasan por aligerar trámites y empujar el ladrillo. El shock económico ha traído iniciativas similares en otras comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía o Murcia.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya lo avisó durante el primer Pleno de la era coronavirus a finales de abril tras casi dos meses sin actividad parlamentaria: Madrid apostará por “liberar suelo” porque “parte de la recuperación” de la crisis económica “vendrá de la mano de la construcción”. Solo unos días después esas palabras de la dirigente del PP se materializaban en un anuncio legislativo: un cambio exprés en la Ley del Suelo, impulsada por su Gobierno, para que los promotores no necesiten una licencia urbanística. Bastará, si la Asamblea de Madrid avala el cambio normativo, con una declaración responsable. Las inspecciones vendrán después. El urbanismo convertido en una política de hechos consumados.

El cambio de la norma, la primera iniciativa legislativa desde que se formara el Gobierno de esta legislatura tras la rebaja de impuestos que Vox tumbó, se anunció el 5 de mayo y ya ha pasado el primer trámite tras su aprobación en Consejo de Gobierno solo ocho días después. Desde su publicación en el web de la Comunidad de Madrid se abren quince días de alegaciones antes de que llegue definitivamente en junio a la Asamblea de Madrid, donde previsiblemente saldrá adelante con los votos favorables del partido de extrema derecha. La nueva normativa estaría en marcha ya este verano, según las previsiones del Gobierno regional.

Con esta propuesta, el PP habrá modificado 16 veces la misma ley del Suelo. Los cambios fueron promovidos por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González cuando el rodillo de la mayoría absoluta permitía a los conservadores hacer y deshacer, sin necesidad de apoyos, para allanar ciertas operaciones urbanísticas que se topaban con la legalidad (Canalejas, Eurovegas…).

En aquella época de vino y rosas de la burbuja inmobiliaria acabaron aflorando varios casos de corrupción que ahora investigan los tribunales. Entre ellos, varias operaciones urbanísticas de la trama Gürtel entre la que se encuentra la polémica en recalificación de los terrenos de Arganda del Rey.

Ya en 2012, la Ley del Suelo aprobada ese año por el Gobierno de Aguirre (PP), eliminó el límite de superficie (300 metros cuadrados) que estipulaba la legislación nacional para permitir la apertura de comercios con sólo una declaración responsable del empresario. Gracias a esta normativa, un gigantesco centro comercial de 130.000 metros cuadrados junto al parque de Madrid Río, pudo construirse sin licencia de obra.

“Se flexibilizó la normativa para la actividad comercial y funcionó muy bien. La nueva reforma que esperamos que esté operativa antes de verano cuando pase el trámite parlamentario lo que hace es extenderlo a toda la actividad urbanística y a los particulares”, señalan desde el Área de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid controlada por el PP. Ahora, según recoge el texto de la nueva reforma se excluirá la necesidad de contar con licencia previa ni declaración responsable a todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.

Desde la oposición ven con escepticismo la medida. En el PSOE temen que genere “inseguridad jurídica” y se incentive una nueva burbuja inmobiliaria. En Más Madrid critican que sea la primera reforma legislativa del Gobierno y que en plena crisis sanitaria esté relacionada con el ladrillo. También lamentan que se haga por lectura única para de esta manera saltarse el debate parlamentario en Comisión. Unidas Podemos, por su parte, habla de “vía libre para la ley de la jungla y que las inmobiliarias hagan negocio”.

El precio medio del suelo en Madrid ronda los 3.000 euros el metro cuadrado, aunque las horquillas entre distritos oscilan considerablemente: mientras en el distrito de Salamanca está en 5.000 euros el metro cuadrado en Villaverde el precio cae hasta los 1.700 euros. 

Los cambios en la ley no solo fueron cosa del pasado. PP y Ciudadanos consumaron juntos en 2018 la última reforma exprés, aprobada durante el mandato de Cristina Cifuentes. Ambos partidos tenían, además, un proyecto para aprobar una nueva ley que enterraría la anterior pero Ciudadanos se echó atrás tres meses antes de las elecciones. La oposición era mayoritaria: los partidos de la izquierda y los colectivos ecologistas y defensores del patrimonio se pusieron enfrente de una norma que favorecía, a su juicio, la “especulación”. Sus impulsores defendieron que mejoraba el respaldo a la “iniciativa privada”.

Licencias durante el estado de alarma

El Gobierno autonómico, y también en sus competencias el Ayuntamiento que gobierna José Luis Martínez-Almeida, vuelven a retomar viejas aspiraciones por la vía de la urgencia, amparados en la crisis económica que ya está haciendo estragos en la región y en buena parte de España.

El Ayuntamiento de Madrid también trabajaba en una ordenanza para reducir carga burocrática en procedimientos urbanísticos. Era una de las promesas más destacadas del programa electoral de Ciudadanos, que criticó durante el mandato pasado que Madrid había estado “paralizada”. Ahora, el Área de Urbanismo ha pisado el acelerador con la crisis: creará unos kits para que el 40% de los expedientes del distrito centro, donde hay más edificios protegidos, se ahorren pasar por la Comisión de Patrimonio y dará licencias por fases “para proyectos más complicados” en los que bastará, para empezar a mover la tierra, con un “informe básico de viabilidad urbanística”, según explicó el concejal del ramo, Mariano Fuentes.

Las licencias no han dejado de otorgarse durante el estado de alarma. Esta misma semana, el consistorio madrileño ha dado el visto bueno a una operación inmobiliaria para construir unos chalés de lujo en el Paseo de la Habana, según El Confidencial. Gigantes inmobiliarios pujaron en 2018 por este codiciado solar a 700 metros del Paseo de la Castellana, aunque el premio se lo llevó finalmente el fondo de inversión Goldman Sachs por un precio de 6.000 euros por metro cuadrado, una de las cifras más altas jamás pagadas tras el estallido de la burbuja. 

Entre las nuevas medidas, también se crean licencias provisionales y se pone en marcha un “plan de choque” con refuerzos para los promotores de las obras que ya cuentan con informe sean notificados inmediatamente. Todas las medidas beneficiarán a 10.000 expedientes, según datos del Ayuntamiento, y van acompañadas de una estrategia para digitalizar todos estos trámites, algo que ya está en marcha en otros ayuntamientos. Las licencias de la Operación Mahou-Calderón van a ser el piloto de este nuevo sistema.

Los promotores han recibido la noticia con los brazos abiertos. “Porque alguien pueda abusar no puede ser que el resto suframos unos plazos que no tienen justificación y que encarecen los precios”, defiende Daniel Cuervo, director general de la Asociación de Promotores de Madrid que explica en pocas palabras por qué reclamaban esta reforma. “Cuando un empresario compra un suelo para poder edificar, cuanto antes recupere el dinero, mejor. Le pides rentabilidad. Si el rendimiento lo puedes tener en dos años, mejor que en cuatro. Cuando se retrasan los plazos, esto impacta sobre el precio de la vivienda”. Cuervo asegura, además, que con la reforma no se “perderán comprobaciones”. “Si no lo ha hecho acorde tendrá sanciones y que sean las máximas posibles. Que no haya ningún abuso”, añade.

En el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), sin embargo, impera el escepticismo. La decana del COAM, Belén Hermida, considera que toda medida de la administración que tenga que ver con la agilización de las licencias “es una buena noticia y demuestra asunción de responsabilidades”, ya que actualmente hay “retrasos injustificados” que repercuten negativamente en el trabajo de todos los agentes del sector. Pero también sostiene que “la declaración responsable que ya se aplica en algunos casos no se puede extender de manera genérica” y aboga por procedimientos indiscutibles que garanticen la seguridad de los ciudadanos y eviten el intrusismo profesional.

“¿Cómo se reclama un desmán a posteriori?”

Las asociaciones que defienden el patrimonio madrileño, por su parte, advierten de que “todo encaja en la dinámica del PP de liberalizar para quitar controles que dan garantías a los procedimientos”. Esto, aseguran desde Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, puede favorecer los “desmanes urbanísticos en un edificio”. “Imagínate que en la declaración responsable dices que vas a hacer una cosa y no lo haces. ¿Cómo se reclama a posteriori? Es mucho más difícil, hay que demoler…”, plantean desde la asociación, que apuesta por “incrementar el personal de las gerencias de urbanismo” si el planteamiento es agilizar la tramitación. “No decimos que no sea necesario”, aclaran.

Los colectivos ecologistas alertan también del impacto de la medida en el patrimonio de la región. Rafa Córdoba, profesor de urbanismo en la Escuela de Arquitectura, advierte de que “puede ser un coladero para hacer cosas que no se podía hacer” sobre todo teniendo en cuenta que los municipios, especialmente los más pequeños, ya tienen dificultades a día de hoy dificultades para inspeccionar obras por la falta de personal ya que el arquitecto que se encarga de ello solo va una vez a la semana.

Córdoba recuerda además que la mayoría de los catálogos patrimoniales de los municipios madrileños continúan desactualizados y las declaraciones responsables que supondría una revisión de los proyectos a posteriori puede provocar que no haya capacidad“ de evitar que ciertas cosas se hagan”. “Como con una declaración responsable tu puedes empezar una obra sin necesidad de que haya una respuesta por parte de la administración, se podría demoler un edificio que luego sobre el que luego se demuestre que haya un interés patrimonial sin que se pueda ya revertir esa demolición”.

El coronavirus ha impactado en los plazos de los grandes proyectos urbanísticos de la capital, aunque el Consistorio ha dado los primeros pasos para ejecutarlos en plena pandemia. Los tiempos, si no, van justos para finalizar los trabajos en el mandato. La Junta de Gobierno ha aprobado durante el estado de alarma la redacción de proyecto para soterrar la A-5, la promesa estrella de la legislatura, y ha licitado las obras de remodelación del Nudo Norte para crear un túnel que lo unirá con la futura estación de Chamartín. La Comunidad de Madrid, además, dio el visto bueno definitivo a la macrooperación Madrid Nuevo Norte el pasado 22 de marzo. Un desarrollo urbanístico que Ayuso ya vende como el estandarte de la recuperación económica en la región.