Las políticas culturales de PP, Vox y Ciudadanos han demostrado funcionar como un bloque indestructible, intocable e indistinguible en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando revisan el pasado, el bloque de la derecha capitaneado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, demuestra tanto orgullo épico sobre los acontecimientos que utilizan para dar forma a la idea de la hispanidad, como victimismo para reconstruir las glorias imperiales “sin complejos”.
Este miércoles, Sonia Cea, concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid, resumía la posición del consistorio respecto a sus intenciones en la reconstrucción política del pasado: “Desgraciadamente estos días hemos estado hablando de memoria, pero memoria de la mala, de la que hace olvidar un gran pasado para construir un futuro mucho peor”. Cea se refería a la aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley de Memoria Democrática. El PP, en boca de la concejal, indicaba que hay dos tipos de memoria: la mala, que se dedica a reparar las víctimas del franquismo, y la buena, que levanta monumentos a los héroes de la historia, como Juan Sebastián Elcano, maestre que regresó de las Filipinas tras dar la vuelta al mundo guiado por el portugués Fernando de Magallanes.
En estos tres años de legislatura, los tres partidos se han mostrado como un imperio que contraataca la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y los avances que hicieron los seis expertos independientes del Comisionado de la Memoria Histórica, durante el Gobierno de Manuela Carmena. Depuraron 52 calles franquistas de la ciudad, siete de ellas paradas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por falta de argumentación. El alcalde no recurrió la sentencia y recuperó para el distrito de Latina a José Millán Astray. Con la vuelta del líder fascista al callejero hizo desaparecer a la maestra Justa Freire, a finales de agosto de 2021.
Manipular la Ley
Martínez-Almeida, que al llegar a la alcaldía cerró la Oficina Municipal de Derechos Humanos y Memoria, quiso hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica en una ocasión. Vox le presentó la propuesta de retirada de las placas que recordaban a Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, en aplicación del artículo 15 de dicha norma. En ese apartado se promueve la retirada de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Al PP y a Ciudadanos les pareció correcta la medida y el amparo legal que habían inventado. Almeida, que fue director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2011, dio la orden de destruir la placa protegida por Patrimonio y cuyo traslado no estaba permitido. Los operarios hicieron añicos la pieza a martillazos, en una imagen icónica de la política de reconciliación de José Luis Martínez-Almeida. Recuerda vivamente a las imágenes del Estado Islámico destruyendo con mazas esculturas de un museo de Mosul, en 2015.
El pasado miércoles conocíamos la sentencia de la magistrada de lo Contencioso-Administrativo en la que argumenta que ni el PP ni Vox han acreditado los crímenes con los que justificaron la destrucción de la placa en 2020 y algo más: los hechos alegados por el alcalde, por Vox y por la asociación Raíces “no encuentran encaje en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica”, le recuerda la magistrada Carmen Castro Guijarro a Martínez-Almeida, abogado del Estado. “Ni Francisco Largo Caballero ni Indalecio Prieto exaltaron la sublevación contra la República ni fomentaron o apoyaron el golpe de Estado, así como tampoco exaltaron la represión de la Dictadura, ya que ambos murieron en el exilio”, aclara la jueza a los demandados por la destrucción de la placa. El alcalde ha dicho que recurrirá la sentencia si se lo aconsejan los abogados del Ayuntamiento.
Teresa Arenillas acudió como perito al juicio, en el que demostró que la placa estaba protegida y no debía haberse tocado, tal y como también estipula el artículo 15 de la Ley. Arenillas fue una de los seis expertos de la Comisión de Memoria Histórica y recuerda que esta lápida dedicada a Largo Caballero tuvo la unanimidad del Pleno del Ayuntamiento, cuando fue propuesta por un concejal de la Unión de Centro Democrático (UCD) en mayo de 1980, y colocada en marzo de 1981. Ciudadanos, supuestos herederos de la línea política creada por la formación de Adolfo Suárez, estuvieron a favor de la retirada de la placa. Begoña Villacís, vicealcaldesa y líder de la formación naranja en Madrid, ha asegurado que su grupo municipal votará en contra de toda iniciativa sobre memoria histórica que se presente en el Consistorio, aunque sí apoyó a la ultraderecha contra Largo Caballero e Indalecio Prieto.
Pepe Noja, de 85 años, es el escultor que hizo la placa (con diseño de Joaquín Roldán) y la estatua de Largo Caballero que odia Vox. Cuando se enteró de la propuesta de expurgo por la prensa escribió inmediatamente al alcalde para tratar de conservar la integridad de su obra. “Le requiero, en su condición de alcalde de Madrid, a impedir cualquier acto que suponga deformación, modificación, alteración o atentado contra mi obra”, le escribió en defensa de sus derechos, 35 años después de que el primer gobierno de la democracia le encargara un homenaje a Largo Caballero.
La memoria de una memoria
“Es absurdo que las políticas de la memoria ahora estén en manos de los políticos”, explica Arenillas a este periódico. “Lo lógico es que se dejen en manos de expertos y con diferencias ideológicas importantes. El trabajo de la Comisión no fue fácil. Llegamos al acuerdo de la retirada de aquellas 52 calles y algunos habríamos querido más y otros querían menos. Pero llegamos a un consenso. Necesitamos de expertos que tengan conocimiento y diferentes puntos de vista políticos para llegar a consensos y acuerdos, sabiendo que no satisfarán a todos, pero llegarán a un mínimo común, dice Teresa Arenillas. Y concluye su reflexión con una idea clave en la politización que padece la gestión de la memoria en el Ayuntamiento: ”La política de memoria no puede llevarla una memoria“.
El historiador Antonio Cazorla comparte el criterio de Arenillas: “Aquí se ha metido mucha gente que no quiere saber de historia, pero sí sacar rédito político. No hay voluntad de hablar y ese es el problema. Deberíamos perseguir la educación de la población, con una historia pública. Pero en manos de los expertos, los historiadores, no en manos de los políticos. Que el alcalde deje hablar a los especialistas, que es lo que hizo Manuela Carmena”, concluye el autor de Cartas a Franco de los españoles de a pie (RBA) y editor de La Guerra Civil en cien objetos, imágenes y lugares (Galaxia Gutenberg).
Fruto de este interés político, Almeida suspendió el Memorial de la Almudena y destruyó, en noviembre de 2020, las lápidas con los nombres de las casi 3.000 personas que fueron fusiladas en esas tapias entre 1939 y 1944, así como los versos de Miguel Hernández para recordarlos. La Plataforma en Defensa del Memorial del Cementerio del Este (PEDM) pidió la dimisión de Martínez-Almeida porque la destrucción significa “una humillación de las víctimas del franquismo en Madrid”. Acusaron al alcalde de demostrar “un desprecio absoluto por las víctimas del genocidio y de la dictadura franquista”. El alcalde la sustituyó por una inscripción en recuerdo “a todos los madrileños que, entre 1939 y 1944, sufrieron la violencia”. Para los vecinos que forman la PEDM aquello fue un intento “inaceptable de confundir víctimas de guerra y víctimas de la revancha fascista en tiempos de paz”. Creen que el alcalde niega el derecho a la memoria democrática.
Desmantelar la memoria
No es el único movimiento vecinal que denuncia las políticas partidistas de destrucción de la memoria histórica que acomete Martínez-Almeida. El Movimiento Memorialista de Madrid, formado por 83 colectivos y asociaciones, manifiesta que el equipo del consistorio, formado por PP, Ciudadanos y con el apoyo de Vox, tienen el objetivo de “desmantelar las políticas memorialistas”. Una prueba de ello es también la retirada del dinero del memorial en recuerdo a los presos políticos de la cárcel de Carabanchel que reclamaban los vecinos. Almeida lo destinó a la compra de dos camiones de la Policía Municipal para el traslado de caballos.
“Está siendo muy agresivo, porque no quiere reconocer a las víctimas”, explica Pedro Casas, de la Plataforma Calle Maestra Justa Freire, que en octubre presentarán una propuesta para que sacar de las calles los nombres de Caídos de la División Azul, El Algabeño, Cirilo Martín, Hermanos García Noblejas, Crucero Baleares y Millán-Astray. “En la legislatura pasada hubo un tímido avance, que se está revirtiendo”, sostiene. Este miércoles la Plataforma volvió a restaurar la imagen de la maestra Justa Freire, pintada en marzo en un mural en Carabanchel, que había sido vandalizada con un símbolo fascista en la frente. Las labores de restauración las han hecho el colectivo 'Unlogic Crew', creadores del retrato urbano y del famoso mural feminista de Ciudad Lineal, con el retrato de 15 mujeres decisivas en la historia y vandalizado en marzo de 2021 después de ser señalado por Macarena Olona, de Vox.
Jorge Nuño, de 'Unlogic Crew', cree que durante esta legislatura la ciudad de Madrid está sufriendo una política revanchista que no atiende a la Ley de Memoria Histórica. “Es una oposición frontal a lo que debería estar consensuado, que en nuestro país vivimos una dictadura de 40 años que se cerró en falso y no se reparó a las víctimas”, explica Nuño, dispuesto a reparar todas las veces que sean necesarias los murales señalados por la ultraderecha. “Por supuesto que estas vandalizaciones son reflejo de la derecha extremista. El mural de Ciudad Lineal lo pintamos en 2018 y no le pasó nada hasta que Vox lo señaló”, cuenta. Cada vez que lo restauran gastan cerca de 400 euros en materiales de los bolsillos de las vecinas y vecinos. Mientras impide los homenajes a maestras como Justa Freire, Martínez-Almeida dio el “sí” a un soldado de bronce en homenaje a la sangrienta Legión de Millán-Astray.