- El Ayuntamiento de Madrid aprueba el borrador de una ordenanza de transparencia que obliga a hacer públicas las solicitudes de compatibilidades de los cargos salientes
Madrid intenta atascar las puertas giratorias. El Ayuntamiento ha aprobado un borrador de ordenanza de transparencia que hace más difícil saltar del sector público al privado. ¿Cómo? Obligando a publicar las decisiones que se tomen sobre las solicitudes de compatibilidad.
“Cuando un director general deja su puesto de trabajo, por la ley de compatibilidades tiene que solicitar una compatibilidad. Si se la dan o no y por qué se va a publicar. Lo mismo con las actividades que se desarrollan en paralelo al puesto de trabajo. Si eres concejal o director general, has de redactar una solicitud para trabajar en algo, y se publicará”, explican fuentes municipales.
El área de Participación Ciudadana y Transparencia, cuyo delegado es Pablo Soto, también quiere hacer un registro de regalos, y poner límites económicos. “Únicamente serán consideradas muestras de cortesía habitual o atención protocolaria los regalos comprendidos dentro de los usos y costumbres sociales. Estos regalos no podrán sobrepasar el importe de 50 euros, fijando en 150 euros el límite del valor de los regalos que pueden ser aceptados durante el periodo de un año procedentes de la misma persona física o jurídica”, especifica el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento también quiere acabar con las reuniones secretas con lobbies. “Cualquiera que quiera influir, ya sean empresas o personas, entrará en el registro. Y sus reuniones se producirán sin opacidad”, afirman fuentes municipales.
Además, también será obligatorio, no sólo para el Ayuntamiento, sino también para las empresas en las que participa mayoritariamente y las empresas adjudicatarias de contratos o subvenciones, la publicación de los contratos y los datos de las empresas en formatos abiertos. Si la información es parcial o falsa, serán sancionados, hasta el punto de ver rescindidos los contratos.
En el caso de un funcionario, pueden llegar a enfrentarse a la inhabilitación en el peor de los casos. Los no funcionarios pueden afrontar multas de hasta 3.000 euros.