El juzgado que investiga la muerte de un anciano en una residencia de la localidad madrileña de Torrelodones ha escuchado el testimonio de una facultativa que ha dicho, claramente, que el afectado falleció en una residencia pero que ella reclamó hasta en tres ocasiones que fuera derivada a un hospital, algo que rechazaron los geriatras en aplicación de los protocolos que había establecido la Comunidad de Madrid.
El testimonio de esta médico de la residencia de Torrelodones contradice el de altos cargos del ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso, que siempre han defendido que no eran obligatorios sino orientativos. “La médica de la residencia ha dicho claramente que ella era partidaria del traslado y que así se lo comunicó a la geriatra de enlace. Y que los protocolos eran obligatorios”, ha explicado Carlos Vila, abogado de la acusación popular de Marea de Residencias.
La médico ha detallado que enviaron una UVI a la residencia y que rechazaron su hospitalización. El letrado también ha destacado que en esta causa el informe del forense asegura que este anciano trendría que haber sido derivado al hospital. “Considera que en este caso habría que haber trasladado al fallecido al hospital”, asegura.
Las declaraciones de los testigos han llegado después de que la Audiencia Provincial de Madrid obligase a este juzgado de Collado Villalba a reabrir la investigación y a indagar si hay indicios suficientes como para incriminar a varias personas aforadas: la presidenta Isabel Díaz Ayuso y dos de sus consejeros, que figuran como querellados en la causa.
También ha comparecido Carlos Mur, director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad durante parte de la pandemia, para confirmar lo que ha dicho en otras comparecencias judiciales como testigo: que estaba de acuerdo “con el 90%” del protocolo que firmó, aunque no con la aplicación del índice de Barthel para decidir qué ancianos eran derivados a hospitales.
Mur ha insistido, como en anteriores comparecencias, en que los protocolos eran orientativos y no de aplicación obligatoria por parte de las residencias y los geriatras de enlace con los hospitales. Preguntado por el abogado de la acusación, Carlos Vila, sobre por qué los firmó si no estaba de acuerdo con una parte, contesta Mur: “Estaba de acuerdo con el 90%, era por no dejar a los compañeros que tuvieran que tomar decisiones tan duras como las que tuvieron que tomar en Milán”, ha dicho el letrado.
Este martes Mur ha vuelto a descargar en el entonces consejero, Enrique Ruiz Escudero, la responsabilidad del protocolo, y ha incidido en que el criterio de derivación era “clínico”.
Reyero: “Indica la situación anormal que se vivió”
El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunida de Madrid durante la primera fase de la pandemia, Alberto Reyero, ha comparecido también como testigo para manifestar “lo mismo que en mis otras comparecencias”. “He tenido la oportunidad de comentar la existencia de los protocolos”, ha explicado a la salida, y los datos sobre la residencia de Torrelodones cuyo caso investiga esta jueza de Collado Villalba: “No se produjeron derivaciones durante las primeras semanas, a finales de abril de 2020 habian fallecido 16 personas en la residencia y solo tres en los hospitales, lo cual indica la situación anormal que se vivió esos días”, ha explicado.
La querella de este caso se dirige contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y dos consejeros de su Gobierno, pero la jueza no ha preguntado a Reyero nada relacionado con los mandatarios de la Comunidad de Madrid: “No, no me ha preguntado, me ha preguntado sobre quién era el responsable de esos protocolos, dentro de lo que es la dinámica habitual, pero no sobre la presidenta ni los consejeros querellados”, ha dicho Reyero.
Varias decenas de personas, afectados y familiares de personas que fallecieron en las residencias madrileñas, se han concentrado en la puerta de los juzgados con pancartas reclamando Justicia para las víctimas. Carmen López, una de las portavoces de Marea de Residencias, ha celebrado que este juzgado haya dado “un paso más” al ser obligado a investigar si Ayuso y sus consejeros tuvieron algún tipo de responsabilidad.
“Esto siempre es avanzar un pasito más en este recorrido tan frenético y devastador que es el de todos los juzgados de la Comunidad de Madrid, esperamos que este juzgado nos de una buena noticia y que vengan muchos más que intenten abrir diligencias para investigar a los aforados”, ha explicado.