Miles de personas se han manifestado este jueves frente a la Asamblea de Madrid para defender la universidad pública y reclamar más recursos tras una semana convulsa marcada por el enfrentamiento entre los rectores de las seis universidades públicas y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Las entidades adheridas a la convocatoria, entre ellas 'Uni en la calle', CCOO, UGTy Delegación Central de Estudiantes, han convocado la protesta coincidiendo con el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos autonómicos para 2025.
En el comunicado emitido por los organizadores se denuncia el “continuo estrangulamiento económico” de las universidades públicas madrileñas por parte de las autoridades autonómicas y se exige una financiación adecuada, tasas universitarias más bajas, políticas de becas públicas suficientes y condiciones laborales dignas para el personal.
Los manifestantes han coreado consignas en contra de la privatización del sistema universitario y la campaña de descrédito hacia la universidad pública. “No es un negocio, son nuestros derechos”, “fuera empresas de la universidad o ”gobierne quien gobierne, la uni se defiende“. Tras más de una hora en que ha ido llegando un flujo de gente continuo, los cuerpos policiales se han visto obligados a cortar la Avenida Pablo Neruda en un sentido de la marcha.
La chispa inicial que encendió el ánimo de la comunidad universitaria fue la oferta “insuficiente” del Gobierno de Ayuso tras la carta enviada por los rectores al Ejecutivo de Ayuso, en la que solicitaron una inyección de 45 millones para garantizar la supervivencia mínima de las universidades aunque reconocieron que, según sus cálculos, necesitan unos 200 millones de euros extra para garantizar un buen funcionamiento de los centros. En el documento, expusieron que el modelo actual de financiación no cubre “las necesidades mínimas” y pone en peligro la calidad de la enseñanza y la estabilidad de las plantillas docentes.
A la manifestación de hoy han asistido estudiantes, docentes y ciudadanos. Las pancartas y los cánticos de los concentrados, a parte de en defensa de la universidad pública, iban dirigidos a pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid: “Ayuso dimisión” y “Ayuso dimite, la uni no te admite”, han sido algunos de los más escuchados.
Alba, estudiante de la UCM, ha pedido al Ejecutivo autonómico que aproveche los recursos que le ha ofrecido del Gobierno central y que haga una apuesta definitiva por la universalidad de la educación y le pide que “deje de privatizar las universidades”. Guadalupe, vecina de Lavapiés, pedía implicación a la ciudadanía porque “la educación de nuestros jóvenes es el futuro de Madrid”.
El modelo de financiación universitaria, en una comunidad dónde la educación privada no para de crecer en detrimento de la pública, según el último informe de CYD, y el papel de las instituciones públicas en la igualdad de oportunidades han sido las cuestiones más mencionadas por los portavoces durante la mañana de este jueves. Las miradas están puestas en la respuesta del gobierno regional, que hasta ahora no ha ofrecido una solución que satisfaga las demandas de las universidades ni de la comunidad académica.
Nuevo enfrentamiento entre Ayuso y el Gobierno central
Esta misma semana el Ejecutivo de Pedro Sánchez ofreció un plan de emergencia que incluía transferencias de recursos para, entre otros objetivos, contratar docentes. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada inicialmente por el Gobierno de Ayuso, en contra del criterio del resto de comunidades autónomas. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, calificó esta postura como una “negligencia que compromete el futuro académico de Madrid”. Además, aseguró que las universidades públicas de la Comunidad de Madrid están “abocadas a la desaparición” y que la situación es “dramática”.
Finalmente, Ayuso dio marcha atrás y aceptó la ayuda del Gobierno central aunque anunció su intención de negociar con el ministerio. En una nueva oferta a las univesidad, la Comunidad de Madrid propuso una subida de fondos mayor de la prevista incialmente, aunque inferior a lo solicitado por los rectores. Esta oferta fue calificada como insuficiente por las universidades, que insisten en que no garantiza su sostenibilidad a medio plazo.