Nadie soluciona el apagón en la Cañada Real: “Nos vamos a las ocho a dormir porque hace frío”

En la Cañada Real Galiana, el asentamiento más grande de Europa, la llegada de la noche no solo la evidencia el cielo oscureciéndose. Al caer la luz, de este territorio precario enclavado junto al vertedero de Valdemingómez emerge un rugido de motor machacón. Son los generadores de gasoil que utilizan algunos vecinos para poder encender unas horas las bombillas y que han agregado al poblado una fuente más de contaminación. Houda Akrikez lo arranca puntual a las seis de la tarde para que sus dos hijas, de diez y once años, puedan hacer los deberes. El aparato le ha costado 350 euros y es un salvavidas para un rato de la tarde.

Esta mujer marroquí, miembro de la asociación vecinal Tabadol, ya no quiere correr más riesgos. Una habitación de su casa se quemó en octubre al volcarse una vela encendida. Las niñas dormían en el cuarto de al lado. Han pasado dos meses de aquello pero la situación no ha cambiado: 800 familias de los sectores cinco y seis del asentamiento siguen a oscuras y sin visos de que el suministro vaya a reestablecerse pronto. Las reuniones entre las administraciones –Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y Delegación del Gobierno– se suceden pero no alumbran ninguna solución. La compañía eléctrica, Naturgy, tampoco la da.

Mientras, los días y las noches sin luz se descuelgan del calendario como un martillo pilón en el poblado. Las familias han empezado a perder la noción del tiempo. A las ocho se acuestan porque tienen frío y “no hay otra cosa que hacer”, dice Karina Fernández, de 34 años y una hija de ocho. A su cargo tiene a su abuelo, Isidro, que se pasa los días refugiado junto a una pequeña lumbre en una casa mínima. Todos son de etnia gitana y viven de la chatarra. Últimamente, cuenta, comen muchas patatas porque el frigorífico tampoco funciona.

Sus generadores de gasolina solo permiten dar una luz tenue, de poca potencia, que no es suficiente para encender un electrodoméstico. El agua para asearse la calientan en cazos pequeños que ponen al límite la paciencia. El termo eléctrico está tirado en el suelo al lado de la puerta de entrada. “Se achicharró de tantos cortes”, sentencia Isidro. Encima de su cama, este anciano de 85 años exhibe una fila de bolsas de plástico repletas de medicamentos que debería tomar y no toma siempre. “Me veo muy chungo, mucho bajón”, resume en pocas palabras.

El problema de la Cañada Real con la luz es casi crónico, pero nunca había sido tan grave. La mayor parte de viviendas –algunas chabolas muy precarias– no tienen suministro regular. Viven de los enganches a las torres de la zona. El asentamiento entero es ilegal. No dispone de una mínima infraestructura eléctrica. El Pacto Regional que firmaron la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno y tres ayuntamientos (Madrid, Rivas y Coslada) en 2017 incluye un plan de rehabilitación de esta infraestructura que nunca se ha llevado a cabo. En septiembre de 2020, tres años después, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso encargó un “estudio energético” a la Universidad Carlos III de Madrid “para mejorar” las condiciones del suministro que todavía no tiene conclusiones. ¿Qué ha cambiado ahora para que se produzcan cortes tan prolongados? Las autoridades regionales y municipales y también Naturgy vinculan la situación a una sobrecarga del sistema eléctrico por la proliferación de plantaciones de marihuana que requieren de lámparas para crecer y multiplicarse. Estas declaraciones públicas están provocando suspicacias y búsqueda de culpables entre los vecinos. La crispación empieza a adueñarse de la escena, pese a que las asociaciones vecinales y culturales -lideradas por mujeres en la mayor parte de los casos- están cohesionadas y organizadas en torno a un objetivo común.

La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno se han pasado en los últimos días la responsabilidad sobre lo que ocurre en el asentamiento irregular. Las administraciones dirigidas por PP y Ciudadanos lo consideran un “problema policial” y señalan al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y a la Policía Nacional como los agentes responsables de solucionar el corte actuando sobre la “delincuencia” para cortar de raíz estas plantaciones. La Delegación apela, sin embargo, a que se trata de un “asunto social más profundo” en el que deben intervenir las administraciones de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida y justifica que necesita “amparo legal” para poder actuar. Fuentes de Delegación aseguran que se están llevando a cabo “actuaciones discretas” y se han producido reuniones con la Fiscalía de Madrid para abordar este asunto, pero insisten en que no tienen competencias sociales.

Todas las instituciones llegan a la misma conclusión. No hay una salida inmediata para los vecinos de la Cañada Real. La compañía eléctrica remite únicamente como respuesta un párrafo: “Trabajamos en coordinación con el Comisionado y la Policía. Las interrupciones se producen por la sobrecarga en la red que producen consumos no localizados que se están registrando en los últimos meses”.

Soluciones para personas “en riesgo inminente”

Con esta última crisis en el asentamiento se ha puesto sobre la mesa otro problema, que ha vuelto a estallar ahora: la lentitud en los realojos. El convenio entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid de 2018 para trasladar a 150 familias del sector seis no se ha cumplido. La Consejería de Vivienda asegura que se ha realojado hasta la fecha a 100, aunque las entidades que trabajan en la Cañada reducen la cifra a 78. La presidenta regional anunció el jueves que 25 familias completarían el proceso de realojo antes de final de año después de asegurar que “para tener los Porsches ahí aparcados, bien; para pagar las facturas que es lo que está provocando esos cortes, no”. Nada más llegar a la Cañada, unos chavales gritan desde lejos: “¿Venís a ver los Porsches?”. Entre la población ha crecido el temor a que su estigma, que relaciona al total de los habitantes con la delincuencia, se agrave aún más. “Vemos todos los días muchos comentarios negativos hacia nosotros. La Cañada se asocia con la droga siempre, nos llaman ladrones”, lamenta Houda.

Que los cambios se produzcan tan a cuentagotas también genera desesperación entre los vecinos, muchos con expectativas de salir pronto del poblado. “En esta casa celebramos el pacto por todo lo alto. Yo estuve en las mesas como representante de las vecinas”, cuenta la mujer, que es también una de las impulsoras de las cartas que 65 niños y niñas de la Cañada han enviado a la ONU. “Empezamos a pensar que esto es una estrategia política para cansarnos sin que se gasten un duro en realojos”, añade. Fernández se pregunta “cuándo va a pasar esto de realojarnos”. “Pido por favor o que nos devuelvan la luz o que nos realojen ya. Nos estamos muriendo lentamente”, sentencia. En un rato de conversación repite varias veces las dificultades que tienen para ponerse ropa limpia. “Le echo un chorreón de lejía, luego suavizante, con las manos, que nos las dejamos ahí con el agua fría. Y a secar”, describe. La Comunidad de Madrid alega que el proceso es “complejo” porque a veces las familias no aceptan las viviendas que se les asignan.

El Ayuntamiento dirigido por Martínez-Almeida asegura, por su parte, que se han dado soluciones habitacionales puntuales a “personas con riesgo inminente”. “A un vecino que necesitaba un respirador se le ha facilitado la estancia en una residencia de mayores y se ha dado una vivienda temporal de emergencia a una mujer con un bebé recién nacido también”, explican fuentes del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, liderada por Pepe Aniorte (Ciudadanos). Este departamento junto con la Consejería de Vivienda acordaron pedir “alternativas viables” e inmediatas a Naturgy en una reunión que está prevista para los próximos días.

Nabil Diouri es médico de familia del Equipo de Intervención con Población Excluida que trabaja en la Cañada Real con una unidad móvil. El grupo especializado pertenece al centro de salud de Ensache de Vallecas y cada día recorre el asentamiento para atender a domicilio las necesidades de los vecinos que no acuden a la consulta físicamente. “Estamos viendo más propensión a infecciones respiratorias en los enfermos crónicos y también en general en la población por el frío, la humedad, el moho... Viven en condiciones de frío que no son aceptables. Esta unidad pone parches pero la situación se nos escapa de las manos”, explica Diouri, que se muestra muy preocupado por las consecuencias psicológicas de vivir sin luz durante tanto tiempo. Denuncia que “las administraciones deben responder sobre las ilegalidades que se cometen en la Cañada, pero eso no puede estar por encima de la salud” y piensa que “se está usando como baza para no resolver el problema”.

“Acuden muchas madres a nosotros para confirmar qué les pasa, con síntomas muy claros de ansiedad, que rompen a llorar en la consulta porque los niños no quieren salir de la cama, no quieren ir al colegio, a veces no pueden asearlos correctamente... Son personas que parten de un estigma muy grande. Imagina lo que es ir al cole sin ducharte”, profundiza el médico, a quien también le pregunta a menudo cuándo va a llegar el realojo. Nabil se para en el caso de una niña de tres años con la que han tenido que intervenir de urgencia: necesita oxígeno continuado y el aparato requiere electricidad. “El hospital ha proporcionado unas bombonas temporalmente”, comenta. Las ONG pretenden llevar su situación al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Las ONG, también sin luz

Las entidades que trabajan con los 1.812 menores de edad que viven en los sectores cinco y seis de la Cañada Real comparten el diagnóstico. Su trabajo de atención psicosocial y acompañamiento educativo también se ha visto afectado por la falta de luz. Las actividades se cortan a las seis de la tarde porque no ven en las aulas. “Hemos comprado unos focos que funcionan con baterías recargables pero no son suficientes para alumbrar una clase”, señala Pablo Choza, responsable del proyecto de Cañada Real en Cáritas Madrid. La organización se ha centrado en lo mínimo: “Los objetivos educativos han quedado desdibujados pero al menos tratamos de que los niños y niñas mantengan la rutina de venir, estudiar, jugar un rato y distraerse de lo que les está pasando, salir de este nudo”.

Yasmín es una de las universitarias del sector seis y va a clase en semanas alternas. Estudia Educación Social y no ha contado a nadie que no tiene luz en casa. “Solo a la tutora porque tuve que entregar unos trabajos tarde, estaba descolocada y no sabía cómo hacer”, relata. A sus compañeros les cuenta que vive en “Valde” -abreviatura de Valdemingómez- porque prefiere ocultar que su hogar es la Cañada Real. “Yo les digo eso y puede ser Valdecarros o Valdebebas”, explica entre risas. Después se pone un poco más seria: “Prefiero que no lo sepan que estamos con cortes porque quiero ser una alumna más, no quiero dar pena o que ellos me ofrezcan hacerme los trabajos”. Su método es cargar el móvil en un adaptador a la batería del coche y usar el 4G hasta que llegue para las clases online. La Coordinadora de Barrios envió esta semana cartas a todas las administraciones y también al Defensor del Pueblo para alertar de la situación límite de 4.500 personas que viven en los sectores cinco y seis de la Cañada Real y cuyos derechos fundamentales, aseguran, se están vulnerando.