El negocio de los fondos buitre con las viviendas sociales de Madrid ha vivido esta semana un nuevo capítulo con la revelación de la concejal de Equidad y Derechos Sociales, Marta Higueras. Según ha explicado, esos fondos avisaban al Ayuntamiento de las familias a las que iban a desahuciar de sus casas de protección oficial, para que se las recolocase en otras viviendas. Ni policía ni protestas en las puertas de las casas. Un desahucio tranquilo con la connivencia de las autoridades para evitar imágenes desagradables.
La expresión “negocio redondo” es de la propia edil, que en una intervención ante el pleno del Ayuntamiento el pasado martes relató las prácticas de los fondos buitre con las viviendas propiedad de la Empresas Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). Higueras es ahora su presidenta y la encargada de hacer públicas las irregularidades que el nuevo equipo municipal se va encontrando.
“Es una burla a los ciudadanos que el Ayuntamiento, el que debe ser el garante de la política social, es el que les haya puesto en esta situación tan difícil”, dijo en referencia a los desahuciados. La edil expresó así su indignación sobre una actuación que ha recibido ahora el reproche de la Cámara de Cuentas, y frente a la que el Consistorio tiene poco margen de maniobra.
Higueras hizo un relato de cómo se produjo, entre 2012 y 2013, la venta de casi 3.000 viviendas de protección social, 1.860 de las cuales se quedó Fidere-Blackstone, un fondo buitre. Se vendieron promociones enteras eliminando el derecho de tanteo de los inquilinos, y en base al informe de una consultora que, como respuesta a los problemas económicos de la EMVS, solo dio una solución: vender los pisos sociales.
Esa consultora era PriceWaterhouseCoopers (PWC), que además de asesorar al Ayuntamiento también prestaba sus servicios a la empresa adjudicataria. A la Cámara de Cuentas este hecho le parece cuestionable. Además, PWC entregó el informe que recomendaba vender los pisos cinco meses después de que el Ayuntamiento hubiese iniciado ya los trámites para deshacerse de ellos. El nuevo gobierno municipal cree que ese documento fue, por tanto, una manera de justificar una actuación ya planeada.
Se presentaron cinco ofertas por los pisos, cuyos detalles se entregaron en mano al concejal competente de la administración de Ana Botella. “En un procedimiento irregular”, relató Higueras, se seleccionó una oferta que ni siquiera era la más cuantiosa en términos económicos. La Cámara de Cuentas ha revelado ahora que las empresas que se presentaron al concurso contaron con información privilegiada que les entregó el propio Ayuntamiento, en un procedimiento que no contó con los necesarios pliegos de condiciones.
Lo que ocurrió tras la venta es de dominio público. Los nuevos propietarios de las viviendas decidieron subir el precio de los alquileres y de los suministros. Muchas familias empezaron a no poder pagar, y se vieron abocadas a un desahucio. Sin embargo, los fondos buitre siempre han alegado que ellos no han echado a nadie de sus casas. Sobre este punto se han conocido ahora nuevos detalles.
La concejal de Equidad ha explicado que los fondos buitre entregaban al Ayuntamiento listas con las familias a las que pensaban desahuciar, para que la EMVS se hiciese cargo de realojarlas en otras viviendas sociales. Lo sabe porque ella misma ha recibido algunas de esas listas, con las que los fondos buitre querían evitar la incomodidad de un desahucio, y pedían la colaboración del Consistorio.
“Es un negocio redondo, compran viviendas sociales baratas, incrementan abusivamente el alquiler a familias vulnerables que no pueden pagarlo, y les desahucian sin ruido, sin asumir el coste social de estar lanzando a estas familias”, resumía Marta Higueras ante el pleno. Explicó que ya se ha puesto fin a esta práctica, y que el Ayuntamiento no quiere buscar viviendas a los desahuciados, sino evitar que se les eche de sus casas.
Higueras relató con indignación cómo los listados que le había hecho llegar el fondo buitre contenían todo tipo de detalles sobre la situación de extrema precariedad de las familias. Sin embargo, Blackstone no mostraba intención de renegociar los alquileres o dar una solución. Eso lo dejaba en manos del Ayuntamiento. Ellos solo querían deshacerse de los inquilinos.
Ingeniería jurídica digna de estudio
Mientras soluciona este nuevo frente, el gobierno municipal está a la espera del informe definitivo de la Cámara de Cuentas. El anteproyecto recoge numerosas irregularidades en la venta de viviendas y concluía que “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”. Con el documento final, el Ayuntamiento decidirá cómo actúa, pero no lo tiene fácil.
El proceso de venta de las viviendas sociales a fondos buitres “es digno de una ingeniería jurídica digna de estudio en las facultades de derecho”. Higueras no ocultó en la comparecencia su pesimismo sobre las posibilidades del Consistorio para revertir la situación. “Es muy complicado”, admitió. El Ayuntamiento está a la espera de un informe jurídico que recoja sus posibles vías de acción.
Lo más probable es que ese informe no arroje soluciones fáciles. Según pudo saber eldiario.es, la única posibilidad de deshacer la venta de las viviendas ocasionaría un gasto millonario al Ayuntamiento. Los fondos buitre se encargaron de dejarlo todo bien atado para que no hubiese sorpresas en el futuro.
Mientras, el PP se muestra como la víctima de este proceso en el que se van conociendo nuevos detalles sobre la venta de pisos sociales. Los populares repiten que se busca “criminalizar” su labor, y lo relacionan con otras informaciones aparecidas en los últimos meses, como las de Mercamadrid.
“Se tuvo que hacer porque estábamos en crisis”. Ese es el argumento que esgrimió el concejal popular José Luis Martínez-Almeida en el pleno del pasado martes. Defendió la labor de los anteriores gestores y esgrimió varias sentencias que avalaban la venta de los pisos sociales.
A pesar de esa confianza en la legalidad del proceso, el PP ha afeado a Higueras que haya abierto la posibilidad de llevar los indicios de irregularidades ante la fiscalía tras las revelaciones de la Cámara de Cuentas. Sería hacerles perder el tiempo, aseguró Martínez-Almeida. Los populares también se quedaron solo en su oposición a que se elaborase un informe jurídico sobre la venta de los pisos.