Nostalgia del pescado fresco: el fiasco del gran contrato alimentario para residencias de niños y mayores de Madrid

En la cocina de la residencia infantil de Alcalá de Henares hubo, durante años y hasta hace unos meses, un cierto orgullo respecto al pescado que llegaba a los congeladores. Los menores acogidos por la Comunidad de Madrid no viven infancias idílicas, pero al menos aquí comían bien. Se servía un bacalao “buenísimo”, una merluza y un salmón “excelentes” y “frescos”, según recuerda la cocinera, Consuelo. El pasado septiembre, sin embargo, el pescado de calidad dio paso a especies menos nobles como panga o rape chino, con los que no se pueden hacer milagros culinarios. Los chavales lo notaron y lo hicieron saber.

- Este pescado, 'Consu'…

- Es lo que nos mandan, hijo.

“Ni un boquerón, por dios”, recuerda por teléfono la mujer, que lleva más de dos décadas en los fogones y que, como muchos profesionales de las residencias infantiles de la Comunidad de Madrid, critica la drástica bajada de la calidad de la comida desde que entró en vigor en septiembre el contrato de “adquisición de productos alimenticios para la elaboración de menús” en 58 centros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), organismo autónomo de la Comunidad de Madrid. En el listado figuran también residencias de mayores o centros ocupacionales, donde también se han registrado quejas.

Presupuestado en 20,77 millones de euros para un año (prorrogable hasta cuatro) y dividido en nueve lotes, el contrato se adjudicó, en conjunto, por 16,9 millones, lo que supuso una rebaja superior al 18%. La reducción fue tan acusada que la propia AMAS requirió a la principal adjudicataria, la empresa sevillana Plataforma Femar, que justificase de dónde pensaba sacar el beneficio en tres de los lotes. La compañía alegó que tiene un almacén en San Agustín de Guadalix, que prescinde de intermediarios porque tiene experiencia y que compra y vende mucho, por lo que se beneficia de descuentos por volumen y pago al contado. La junta de contratación se dio por satisfecha.

Los destinatarios de la comida suministrada por Plataforma Femar se han mostrado menos conformes. Las protestas han sido generalizadas, aunque de diversa intensidad. En ello ha influido la propia capacidad física de respuesta de los afectados, entre los que hay menores con familias desestructuradas o personas con discapacidad intelectual. Los más beligerantes han sido los residentes y familiares de la residencia de mayores Francisco de Vitoria, también en Alcalá de Henares, hartos de pescados llenos de espinas, coliflores mohosas y productos a medio cocinar. Cuando los técnicos del Ayuntamiento, donde gobierna el PSOE con Ciudadanos, se presentaron en la puerta a investigar, los funcionarios tuvieron que esperar más de una hora a que les abriesen. El gerente de la AMAS, José Manuel Miranda, se defendió en la Asamblea de Madrid. Que un residente hubiese adelgazado 14 kilos no era motivo de alarma; antes tenía sobrepeso y ahora estaba en su “peso ideal”.

“Mi suegra lleva dos años y medio [interna]. La comida no era gran cosa, pero estaba relativamente bien. Desde que entró la nueva contrata, de pena. Mala calidad, mala elaboración, mala distribución y poca cantidad”, enumera Antonio Román, uno de los familiares de la Francisco de Vitoria. El hombre reconoce que, en la última semana y media, las condiciones del género “han mejorado”. Entiende que es porque “vienen las elecciones”.

Las residencias a las que cubre el contrato son de gestión pública y hasta ahora sus equipos tenían cierto margen para comprar los alimentos. Paco Manix, que tiene a su madre en la residencia de San Fernando de Henares, dice que el sistema actual le recuerda al rancho del ejército, sin capacidad de adaptación a las necesidades particulares de unos residentes con distintos niveles de deterioro físico; no todos necesitan que les trituren la fruta, por ejemplo. “Se nota muchísimo la pérdida de calidad”, indica, aunque matiza que, en su centro, el género todavía es aceptable.

En el centro ocupacional de Ciudad Lineal, que atiende a personas con discapacidad, “las galletas saben a pienso”, el café es “de malta” y de sobre y los desayunos se saldan con una simple magdalena, según le explica periódicamente a Carmen Rodríguez, su hermana, que reside allí y viene por casa cada 15 días. Las lentejas son “aguachirle de fregar”, añade, y si las quejas no son más sonoras es porque muchos de los afectados “no tienen capacidad” de protestar.

Vínculos entre los licitadores

El suministro a los 58 centros se dividió en ocho lotes (el noveno se reservó el control de higiene y salubridad). Seis empresas se presentaron, pero no de manera uniforme. Plataforma Femar fue la única que pujó por todo, pero nunca compitió por cada lote con más de dos rivales.

Además, la autonomía de las empresas participantes es menor de lo que pudiese parecer. Por ejemplo, Plataforma Femar, principal adjudicataria –con cinco lotes– tiene abierto un expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por repartirse, precisamente, licitaciones de suministro de alimentos a colegios, residencias y cárceles. En ese mismo expediente figura Frutícolas Ateca, SL, que obtuvo uno de los lotes del contrato de la AMAS, y Hermanos Vidal, SL, que presentó una oferta perdedora y también ha sido señalada en la investigación de Competencia. Hermanos Vidal tiene como apoderado a Eliseo Vidal, que es a su vez administrador único de Frutícolas Ateca.

De los seis participantes en el concurso se puede deducir que había en realidad dos grupos competidores: los dos lotes restantes se los llevó Alessa Catering Services, que es propiedad de Serunion, una de las grandes empresas del sector, presidida por Antonio Llorens. Como matriz, Serunion también presentó una oferta –cuestionada igualmente por su bajo importe–, mientras que el último candidato en aparente liza, Alimentación Saludable Gallega, SL, tiene por administrador único a Roberto Casal, que fue director de compras de Serunion y ahora ejerce de director de su división de Educación. Presentar ofertas con tres sociedades distintas permitía salvar uno de los límites estipulados en los pliegos: para preservar la competencia, la AMAS estipuló que solo se podrían adjudicar dos de los cinco primeros lotes a un mismo licitador.

La oferta económica fue el principal factor de decisión, pero no en todos los casos. En uno de los lotes, el de mayor importe de licitación, con 3,05 millones de euros, Serunion y Plataforma Femar presentaron presupuestos casi idénticos, con solo 2.566 euros de diferencia a favor de la primera. Un empate técnico que se resolvió a favor de la empresa sevillana por un punto sobre 20 de ventaja en la valoración de la herramienta informática de gestión del suministro. En el resto de lotes, Plataforma Femar presentó siempre la oferta más barata y preferida por la junta de contratación. Si no recibió todas las adjudicaciones fue por el límite señalado en los pliegos.

Ni una residencia infantil sin problemas, según CCOO

El delegado sindical de CCOO en las residencias Infantiles, José Manuel Íñiguez, dice que la central hizo una encuesta entre trabajadores cuando empezaron los murmullos por la bajada de calidad de la comida. “Ni en una sola residencia nos han dicho que no haya problemas”. El lote que cubre a los centros de menores es uno de los que ganó Plataforma Femar. “No decimos que [la comida] esté envenenada, pero no reúne condiciones de calidad. Los niños son los más vulnerables y los mayores también. Hay que tener mucho cuidado con unos contratos que afectan a la calidad de vida de estas personas […] Esta empresa se apunta a todos los concursos y los gana”, señala. Íñiguez reconoce que en las últimas semanas “ha habido avances”, aunque la calidad de los alimentos sigue sin llegar a los “mínimos exigibles”.

Plataforma Femar presume de llevar más de 15 años en el sector. Recientemente se hizo con el servicio de cafetería del Parlamento de Andalucía, desplazando precisamente a Serunion. Antes, en 2014, el Tribunal Supremo confirmó la condena a su administrador único, Fernando Marín, por falsedad documental en una trama por la que tres militares se quedaron con el dinero destinado a las comidas de los estudiantes de una residencia universitaria de Sevilla.

La CAM admite “problemas de acople y ajuste”

Un portavoz de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, a la que está la AMAS, reconoce que “uno de los proveedores” tuvo problemas en los dos primeros meses del contrato, detectados “no por las quejas sino por los sistemas de seguimiento de la calidad”, que le han supuesto penalizaciones por valor de 43.000 euros. Atribuye la situación al “acople y ajuste” inicial y asegura que el servicio ha “mejorado considerablemente”, por lo que no cabe rescindir el contrato. Tampoco aclara si está sobre la mesa aprobar las prórrogas que permiten los pliegos. Sobre la investigación de la CNMC, despeja: “El contrato se hizo siguiendo al dedillo la ley, esto no afecta a la prestación del servicio”. La cocinera Consuelo y sus muchachos lo tienen menos claro.