La batalla de dos octogenarios por salvar a sus vecinos del desahucio de Blackstone: “Luchamos por lo colectivo”

Antonio, de 84 años y Mari, de 81, llevan viviendo más de dos décadas en Alcorcón. En el año 2000 accedieron a una vivienda de protección oficial en esa localidad madrileña, construida en suelo público pero que fue vendida pocos años después al Banco Santander, como muchos otros bloques de pisos sociales después de que estallara la burbuja inmobiliaria. El edificio acabó finalmente, como tantos otros, en manos de Blackstone, uno de los principales fondos buitre que operan en España, y cuyo ingresos vienen en parte de los alquileres que pagan quienes antes ocupaban un piso de alquiler social y ahora se encuentran con que su casero es una multinacional.

El negocio de Blackstone –que opera normalmente a través de diversas filiales– es redondo: compra bloques de pisos sociales cuyos inquilinos pagan rentas muy bajas, y aplica paulatinamente subidas cuando sus contratos expiran. A veces, esos incrementos se disparan hasta el 60%. Cuando quienes viven en esas casas no pueden hacer frente a los alquileres, el fondo buitre les desahucia.

En el caso de esta pareja de pensionistas, el contrato expiró el pasado 30 de junio. Poco antes de que llegara esa fecha sus nuevos caseros les ofrecieron un contrato “aceptable”, dicen, que han rechazado por solidaridad con el resto de afectados por Blackstone, porque la multinacional solo le ha ofrecido ese contrato a esta pareja de ancianos, pero al resto de los 150 inquilinos del bloque les aplicará una importante subida de la mensualidad. “Luchamos por lo colectivo”, explica Antonio.

A la pareja de pensionistas les han ofrecido un contrato de siete años, prorrogable cada año, por el mismo precio que estaban pagando hasta ahora, 650 euros. Antonio cuenta que él y Mari entraron a ese piso pagando 200 euros al mes a principios de siglo y que para pagar el alquiler actual necesitan ayuda económica de sus hijos. “No lo firmé por estar con el sindicato, que está luchando por una negociación colectiva”, cuenta Antonio, que señala que desde el fondo buitre “van a lo individual para desactivar la fuerza del sindicato. Divide y vencerás”.

Todos los vecinos afectados, no solo los de Alcorcón sino también los de zonas como Torrejón de Ardoz o Vallecas, y muchos otros barrios y municipios de la Comunidad de Madrid, han recibido, y reciben, propuestas con condiciones diferentes de alquiler, lo que entienden como una estrategia para separarlos y debilitarlos de cara a futuras negociaciones. Es por eso que la idea del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid es plantear una negociación colectiva para lograr las mismas condiciones para todos.

Después de declinar la oferta, al matrimonio de ancianos les han dado un año de prórroga y les han dicho que a lo largo de ese año recibirán una llamada con una propuesta para mudarse a una vivienda distinta. “Pero no la quiero, yo quiero estar aquí. ¿Me van a desarraigar ahora, después de 50 año viviendo en este pueblo?”, se pregunta indignado Antonio, que ha asumido que cuando pase el periodo estipulado no se marchará. “No me voy de aquí, me tendrán que sacar... de aquella manera”, dice refiriéndose a la posibilidad de que Blackstone opte por lo que ha hecho con otros vecinos rebeldes: desahuciarles.

El hombre explica que para él y su mujer sacarles de su casa sería “traumático”. “A mí me hablan de mudarme y se me abren las carnes. Yo quiero morirme aquí”, cuenta mientras mira las paredes de las que cuelgan cuadros y estanterías repletas de recuerdos. “¿Cuánto llevamos ya, Mari?”, pregunta. “64 años juntos”, le responde su mujer. Antonio mira las paredes: “A lo largo de una vida te llenas de cosas. Me levanto y veo mis colecciones o las de Mari, con sus zapatitos, hay unos apegos. Esto no es nada, ni vale dinero pero es tu vida, y tú la has construido”.

Las “trampas” de Blackstone

En el bloque ya no quedan familias de las que entraron a vivir a principios del 2000. Antonio cuenta que hay una causa, lo que desde el sindicato la llaman los “desahucios invisibles”. El casero sube los precios, porque busca el mayor beneficio posible, y los inquilinos, que dejan de poder poder pagarlos, se van marchando poco a poco.

“Yo he resistido porque tengo hijos que me ayudan pero es inasequible”, denuncia el hombre, que recuerda que ha pasado de pagar 200 euros a 650 euros. “Si a mí la pensión me hubiera subido en esa proporción, estaría ganando 2.000 euros”, añade. A uno de los vecinos del bloque le han subido de los 700 a los 900 euros, “el año que viene con cualquier subida estará por encima de mil”. “Va a parecer La Moraleja —ironiza— y esto es un barrio de Alcorcón”.

Antonio también ha reparado en otra de las “trampas” de Blackstone. Entre los distintos bloques, se ha instalado una piscina y, en consecuencia, el valor de la comunidad y de sus pisos sube, así como también el pago mensual para mantener las zonas comunes. “Cuando se pusieron a hacer la piscina ya me di cuenta de que no era para contentarnos a nosotros, pero eso valía para que los gastos de comunidad pasasen de 45 a 90 euros”, señala.

Hace unas semanas, Juan Pablo Vera Martín, director general de Testa Home, la sociedad que gestiona una parte de las viviendas que Blackstone posee en España, ofreció una entrevista a Idealista. En ella, explicaba que la compañía había invertido “unos 40 millones en zonas comunes” y que se trataba de una reforma “muy enfocada en tener un producto muy competitivo” y “muy atractivo tanto para los inquilinos actuales como para los potenciales inquilinos”.

Contactados por elDiario.es, Testa afirma que “es sensible a las circunstancias particulares de cada inquilino y estudia su situación de forma individualizada atendiendo de forma especial los casos de vulnerabilidad”, y que las subidas de sus alquileres no superan la cuota de 811 euros mensuales. En el caso concreto de Antonio y Mari, aseguran que después de rechazar la primera oferta se optó por extender un año el contrato con las mismas condiciones que tenían. Testa no aclara qué pasará cuando ese año expire ese año ni por qué no se ha ofrecido las mismas condiciones al resto de inquilinos.

El gigante de la especulación en España

La de Antonio y Mari solo es una entre las miles de historias que Blackstone lleva a sus espaldas. Muchas de ellas terminan con vecinos abandonando sus hogares por culpa de subidas de precios imposibles de afrontar; otros viven constantemente con miedo a no poder renovar sus contratos, como les pasó a los vecinos de dos bloques de pisos en Torrejón de Ardoz, que, durante la peor parte de la pandemia, recibieron de golpe la devolución de todos los recibos que habían seguido ingresando desde que les venció su antiguo contrato de alquiler; o con la inseguridad de poder ser desahuciados en cualquier momento, como les ocurrió a José, Julia y Mari Carmen en el barrio de Carabanchel hace algunos años.

Algunas historias terminan bien, como la de cuatro vecinos que consiguieron que Blackstone les diese opción a comprar sus pisos por el mismo precio que ellos lo habían hecho, gracias al fallo de la Audiencia Provincial, que defendía el derecho que habían firmado los vecinos en el anterior contrato con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo.

El caso más famoso es el de las viviendas sociales de Madrid. En 2013, durante el mandato de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, el fondo de inversiones norteamericano adquirió 1.806 viviendas sociales por 128,5 millones de euros. La venta fue un escándalo que llegó a los tribunales y que sentó en el banquillo de los acusados a los responsables directos de aquella operación: Fermín Oslé Uranga, el entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda, sociedad de inversión inmobiliaria de Blackstone, aunque finalmente, ambos fueron absueltos. El Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botella y a su equipo a pagar 25 millones de euros por esa venta, pero finalmente revocó la condena gracias al voto de dos consejeros propuestos por el PP.

Blackstone es el mayor casero de España. A través de sus cerca de treinta socimis dedicadas al alquiler de vivienda en España, principalmente en Madrid y Barcelona, ya supera las 30.000 propiedades, según datos de 2019 en base a las cuentas anuales de las empresas, las presentaciones remitidas a los inversores y la información disponible en sus páginas web. Ahora, los inquilinos de esos pisos, entre ellos el matrimonio que vive en Alcorcón, son los que sufren las consecuencias de la venta de sus casas de protección oficial a un fondo de especulación.