Los Pactos de la Villa, el acuerdo inédito entre los cinco partidos del Ayuntamiento de Madrid que se sella este martes en el Pleno, estuvieron a punto de saltar por los aires. El clima de entendimiento y diálogo que reinó en todas las mesas de negociación brilló por su ausencia en el grupo donde se debatieron las políticas de vivienda. 72 horas antes de que los portavoces estamparan su firma en el documento final, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, puso en marcha una intervención urgente para salvar el acuerdo ante la cerrazón del concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, a abrir la mano para alcanzar consensos más amplios que exigía fundamentalmente Más Madrid, según han confirmado varias fuentes presentes en la mesa a este medio.
El problema estalló el lunes pasado, tras un mes de intensas comparecencias de expertos pero poco avance en la negociación. Ese día se cumplía el plazo para cerrar los acuerdos y el grupo de trabajo apenas tenía dos folios de medidas, filtradas por González, que no convencían del todo ni a Más Madrid ni al PSOE. En la reunión se habló de hacer un diagnóstico de la infravivienda, de crear un fondo de emergencia social para evitar desahucios y de tener en cuenta los índices para limitar el precio que va a poner en marcha el Gobierno de España. El concejal torcía el gesto con cada medida. “¿Vosotros creéis que esto es la Unión Soviética?”, les espetó a los concejales cuando se debatía estudiar el mercado del alquiler privado y valorar topes en los precios. Las referencias del edil popular al comunismo se repitieron durante las negociaciones. “Es comunismo puro”, refirió de nuevo González en respuesta a la propuesta del PSOE de localizar las viviendas desocupadas.
El reloj seguía corriendo y la negociación solo había dado un acuerdo de mínimos. A última hora, Más Madrid anunció ante la sorpresa del resto que se descolgaba del acuerdo si no se incorporaban al menos tres de sus propuestas: crear un fondo social para las personas en riesgo de desahucio, el compromiso de llevar a cabo una radiografía de la infravivienda en la capital y poner en marcha un Observatorio de Vivienda para hacer un diagnóstico del mercado privado. El plantón hizo temer al Partido Popular, el principal interesado en alumbrar un pacto y hacer del Ayuntamiento un “ejemplo” de consenso, por el pacto. “Vieron tambalear una parte importante del pacto”, dice alguien que vivió de cerca la negociación. La actuación quirúrgica fue muy rápida: en unas horas, Almeida movilizó a su concejala con más experiencia de negociación, Engracia Hidalgo, para que asumiera las riendas. La mesa tuvo que pedir 24 horas extra y se volvió a convocar para el martes.
No llegó la sangre al río aunque los grupos se habían preparado ante un escenario extraño: un pacto que obviaba las políticas de vivienda o, en el peor de los casos, una ruptura total de todo el trabajo. “En una hora lo resolvimos”, asegura el concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, quien admite el tira y afloja con el concejal delegado de Vivienda, pero se da por satisfecho con el acuerdo de “mínimos” alcanzado. “Nos plantamos porque estábamos convencidos de que no podía haber pacto si no había ayudas a las familias en materia de vivienda. No tenía sentido”, explica Calvo. Las discrepancias entre los grupos eran muy fuertes desde el inicio. “Se trata del suelo y eso siempre es problemático entre la izquierda y la derecha”, resume una edil, que asegura que en el texto final ha habido “mejoras sustanciales”.
Finalmente, el documento recogió la creación de un “fondo social de vivienda”, “ayudas municipales transitorias al alquiler dirigidas a la emergencia habitacional”, un observatorio “para obtener un mejor conocimiento de la realidad del mercado inmobiliario” pero sin personal ni oficina y “evaluar los estudios que, en materia de referencia de precios, desarrolle el Gobierno de la Nación”.
El concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, se muestra satisfecho con el acuerdo, califica de “intensa” la negociación y explica que, si se necesitó un extra de tiempo, fue porque Más Madrid se salió “del consenso”. “Todos estábamos de acuerdo pero Más Madrid se empezó a descolgar con propuestas que exigían cierta maduración porque tenían un calado económico fuerte”, explica González en conversación con eldiario.es, que desmiente que fuera “tutelado” por Hidalgo. “Somos compañeros. Ella, Borja Fanjul (presidente del Pleno) y yo hemos estado en contacto todo el tiempo. Le pedí opinión”, apunta.
Más Madrid mantuvo la posición más beligerante, aunque el PSOE también hacía propuestas que no convencían a González. “Hizo una criba previa con sus asesores de las medidas”, asegura una persona que fue testigo de las negociaciones. Entre esos asesores está Mari Mar Blanco -hermana del edil de Ermua asesinado por ETA-, que entró como cargo público del Ayuntamiento tras rechazar ser Comisionada para las Víctimas del Terrorismo en la Comunidad de Madrid y un intento fallido de incorporarse al Congreso como diputada por Álava. Por su parte, Vox se mantuvo en la línea del PP en el grupo de trabajo. Ciudadanos mantuvo un papel “relevante”, de “asesoría jurídica para garantizar la viabilidad de las propuestas”, según la concejala de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, Silvia Saavedra, que representaba a los de Arrimadas. Para otros interlocutores, los naranjas mantuvieron una posición más bien “discreta”. Aunque el delegado del Área de Urbanismo no estaba presente, algunas propuestas fueron consultadas con él. “Hemos llegado a medidas estructurales para resolver un problema muy difícil que afecta a la ciudad de Madrid, el de acceso a la vivienda”, apunta Saavedra, que asegura que negoció con Fuentes la viabilidad jurídica de medidas que no tenían encaje a priori en las normas.
Esto también tiene letra pequeña. En el Ayuntamiento de Madrid existe una falta de entendimiento cada vez más indisimulada entre el delegado de Urbanismo (Ciudadanos) y el concejal delegado de Vivienda (PP), que depende en última instancia del área del primero aunque tiene autonomía. Las desavenencias entre ambos se escenificaron también en la mesa de negociación. Cuando se discutía sobre ceder suelo para vivienda libre, se produjo un choque entre Ciudadanos y el PP porque ambos pensaban que debía ser su competencia y no la del otro, relatan fuentes de la negociación. Muchos achacan a Álvaro González, desde fuera y dentro del Gobierno municipal, falta de experiencia, un perfil poco experto para asumir con solvencia las políticas de vivienda de una ciudad como Madrid -ahogada por los altos precios y la falta de parque público- y una actitud poco abierta a la negociación. “Es un fontanero del partido”, resume un concejal.
Álvaro González, biólogo de formación con 20 años de militancia y ocupando cargos públicos en el PP, tiene amplias atribuciones en su cartera, entre otras cosas las políticas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) que gestiona la vivienda protegida de la ciudad, crucial para atender las necesidades de los más vulnerables. González preside el Consejo de Administración de la Empresa cuyo consejero delegado es el exjefe de gabinete de Ignacio González, Diego Lozano. González fue nombrado casi un mes después de que Almeida tomara posesión como alcalde de Madrid y se repartiera con Ciudadanos las carteras de Gobierno. También es concejal presidente del distrito de Carabanchel.