En la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid opera desde hace años un grupo de investigación especializado en salud veterinaria y zoonosis, las enfermedades animales que se pueden transmitir a humanos. Liderado por el catedrático Luis Miguel Ortega, el equipo ha sido el germen de una empresa, Saluvet-Innova, participada por la propia Universidad. La compañía investiga vacunas, ensaya tratamientos en animales y realiza pruebas diagnósticas, entre otras actividades. Últimamente anda investigando, por ejemplo, cómo proteger a los cerdos de la toxoplasmosis.
Las instalaciones cedidas por la Universidad se le van quedando pequeñas a la compañía. A Ortega, que vive en Hoyo de Manzanares, municipio de 8.000 habitantes en la sierra de Madrid, se le ocurrió que en el pueblo podría tener sitio para crecer. El lugar está cerca de la capital y bien comunicado, y la actividad se adaptaba, según defendía, a los usos permitidos en una zona que forma parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. En 2020 planteó la idea al gobierno municipal, que dirige el socialista Julián Carrasco en coalición con Izquierda Unida-Podemos y Unidos por Hoyo. A esta última formación independiente pertenece José Antonio Herrera, concejal de Medio Ambiente. El catedrático habló de proyección internacional, creación de empleo, capacitación profesional. La coalición de Gobierno, que puso fin en 2019 a tres legislaturas del PP (más una cuarta intermedia de un partido escindido de los populares y luego reabsorbido), se entusiasmó.
La iniciativa avanzó despacio y sin hacer mucho ruido. En 2021, la empresa elaboró un anteproyecto que esbozaba los detalles: 4.300 metros cuadrados de edificaciones entre oficinas y laboratorios, área de cría de cabras y ovejas, y zonas estabuladas para albergar hasta 50 animales, en una finca municipal. Los experimentos previstos anticipaban un nivel de bioseguridad 2, en los que se emplean patógenos que pueden contagiar a humanos si hay contacto físico directo. Bastante lejos del nivel 4, necesario para la contención de los patógenos más peligrosos y del que no hay ningún ejemplo en España, aunque se viene debatiendo en los últimos años si adaptar a esta categoría el laboratorio del Centro Nacional de Microbiología, en Majadahonda.
El anteproyecto de Hoyo presentaba unas edificaciones en madera que la empresa calificó de “granja experimental”. Los pormenores no se revelaron entonces, pero el 2 de diciembre Ortega asistió a la 7ª Jornada para Empresas y Emprendedores de Hoyo y explicó brevemente sus planes en conversación con el concejal de Medio Ambiente. El acto se grabó y es accesible en el canal de Youtube del Ayuntamiento.
La batalla de las redes sociales
No se puede decir, por tanto, que la iniciativa fuese secreta, aunque pudiese levantar suspicacias incluso sobre su misma legalidad: los usos en el parque regional permiten la investigación, pero solo para la conservación del hábitat y las actividades tradicionales, además de para el turismo, según el plan rector de uso y gestión. El informe preceptivo de la Comunidad de Madrid podría echar el proyecto abajo, llegado el caso. Sea como fuere, durante el pleno municipal del 27 de abril, la portavoz popular, Victoria Barderas, empezó a leer párrafos del anteproyecto, dando la alarma ante la “investigación entre virus y animales” que se fraguaba. En su turno, el concejal de Medio Ambiente alegó que la discreción se debía a que había otros municipios candidatos y que el laboratorio podría poner a Hoyo “en el foco del mundo”, y vino a decir que la edil popular no sabía de lo que hablaba, pero que él estaba “a muerte” con el plan, que preveía una inversión de “dos millones de euros”. Sobre la marcha, acusó al director general de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid, Luis del Olmo, de haberle pasado el documento a la oposición tras haberlo recibido de su propia mano. Barderas lo negó con la cabeza.
El PP y el miedo a la COVID
Durante el mes siguiente, la discusión fue subiendo de nivel, caldeada en discusiones en grupos de WhatsApp, páginas de Facebook y hasta un escrito de rechazo en Change.org, que alertaba de una potencial transmisión de virus por el aire, supuestos malos olores perjudiciales para la hostelería y accidentes biológicos en caso de terremotos o nevadas, sin tener ya muy en cuenta lo que decía en concreto el anteproyecto. El texto reunió más de 4.000 adhesiones. El partido animalista Pacma se sumó al rechazo. En Facebook, el PP acusaba a la empresa de querer “experimentar con animales todo tipo de virus del estilo COVID”. En esa tesitura, el Ayuntamiento convocó al promotor a presentar la iniciativa en el pueblo, en un acto al que se invitó también al viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación, Fidel Rodríguez Batalla, quien confirmó que asistiría. El fin de semana previo, la mezcla de información parcial, bulos y desconocimiento llegó al paroxismo con la noción de que el laboratorio estaba a punto de ser aprobado en el pleno municipal, pese a que todavía estaba en fase de estudio.
La Comunidad de Madrid hace mutis
El mismo día de la reunión, visto el panorama, Luis Miguel Ortega dijo que no iba. El viceconsejero también se echó atrás. En un correo electrónico, la Consejería da la siguiente explicación: “La visita del viceconsejero de Universidades estaba programada para conocer el proyecto, puesto que se trata de […] una empresa vinculada a la Universidad Complutense, y a través de una invitación cursada por parte del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares. Tras conocer el rechazo de gran parte de la población […] se decidió cancelar la misma”. ¿Y quién informó al viceconsejero del tal rechazo? La portavoz del PP, según aseguró ella misma en el acto informativo, ya descafeinado, al que asistieron finalmente el alcalde y el concejal de Medio Ambiente, junto a varias decenas de vecinos preocupados.
Reunidos los ciudadanos, el alcalde aseguró que todo estaba todo muy verde y que no había caso para tanta alarma. “Yo no iba a meterme en un proyecto de esta categoría sin hacer un referéndum o una consulta ciudadana”, aseguró, tras cargar contra los “bulos” de los días previos. El edil de Medio Ambiente dijo que en las horas previas había recibido amenazas y le habían emplazado por correo electrónico a experimentar con sus hijos. Sucesivos vecinos fueron pidiendo la palabra para reclamar explicaciones. Como el anteproyecto había estado circulando, un asistente pidió el micrófono, se identificó como veterinario y dijo que el documento de la discordia le parecía una chapuza. Otro, del mismo gremio, dijo que lo consideraba “fenomenal”, aunque no lo quería ver aplicado en el pueblo. Hubo quien se lamentó de la premura en boicotear la iniciativa. “Hemos vendido la gallina antes de matarla”, criticó un hombre, alertando de que otras localidades se podrían postular a albergar el centro. Pero, en general, las opiniones eran contrarias a la instalación, como resumía el primero de los veterinarios intervinientes: “La gente tiene miedo a los bichos, con el COVID”. “Yo reaccioné de una forma un poco exagerada, ha sido todo más visceral”, reconocía otro vecino, que se confesó avergonzado “por lo que ha pasado aquí”.
Explicaciones de la empresa
El catedrático y administrador único de Saluvet-Innova, Luis Miguel Ortega, responde por correo electrónico al respecto de la cuestión, ya enterrada: “En los últimos días hemos asistido atónitos a una bochornosa oleada de desinformación y manipulación que nos ha impedido presentar y debatir un proyecto que considerábamos podría ser de interés para el municipio […] Los relatos apocalípticos de las redes sociales nada tienen que ver con lo que entendemos es la innovación que respalda el proyecto planteado: poner en valor el conocimiento, en nuestro caso desarrollando herramientas para combatir importantes enfermedades que se encuentran en nuestro entorno. En estos días hemos experimentado en carne propia lo que algunos sociólogos denominan las ‘tres pes’: populismo, polarización y posverdad. La gota que ha desbordado el vaso ha sido que nuestra intimidad y la de nuestros familiares se haya visto perjudicada. En este contexto, la mejor opción que hemos encontrado ha sido poner un cortafuegos definitivo: renunciar al desarrollo del proyecto en Hoyo de Manzanares”.