Paralizado el desahucio a una mujer de 72 años en Argumosa 11, símbolo de la especulación inmobiliaria en Madrid

“Están dando más dinero las puertas blancas que las marrones”. Así resume Teresa, la mujer de 72 años a la que intentan desahuciar, lo que lleva pasando en su edificio desde 2018. Las puertas marrones, una minoría, son las de los vecinos que aún quedan en el bloque. Las blancas son las de aquellos a los que consiguieron echar hace años y, ahora, son pisos de alquiler vacacional. La empresa propietaria quiere que la de Teresa también se convierta en una puerta blanca después de que su inquilina haya pasado allí dentro los últimos 23 años.

El desahucio de Teresa iba a ejecutarse a la una de la tarde de este martes. Sin embargo, los miembros de varias asociaciones de movimientos por la defensa de la vivienda han conseguido pararlo. A partir de las once han empezado a acudir personas al portal del emblemático edificio. No era la primera vez que acudían a él para tratar de paralizar un desahucio. “Ni casas sin gente, ni gente sin casas”, gritaban. Aunque las voces y las consigas han aumentado cuando ha llegado la Comisión Judicial que pretendía expulsar a la vecina del barrio de Lavapiés. “No estás sola, Teresa”, cantaban los activistas mientras la anciana hablaba con la comisión.

Teresa lleva desde 2018 aguantando como una jabata y aguantado para que no nos sustituyan a los habitantes de esta cuidad, y especialmente de este barrio, por turistas"

La portavoz de los manifestantes comunicaba que finalmente Teresa se quedaba en su casa. “Lo hemos suspendido esta vez porque esta aquí toda la gente del movimiento por la vivienda”, anunciaba . “Se ha suspendido hasta el 1 de julio nada más. Pero volveremos y se va a volver a suspender”, aseguraba la portavoz entre coreos. “Teresa lleva desde 2018 aguantando como una jabata y aguantado para que no nos sustituyan a los habitantes de esta cuidad, y especialmente de este barrio, por turistas. Porque no queremos que la especulación nos eche y no nos va a echar”.

La calma ahora ha vuelto a Teresa. Sabe que al menos hasta el 1 de julio, fecha que ha establecido la Comisión Judicial, seguirá viviendo en su casa. Emocionada y con lagrimas, ha agradecido a todas las personas del movimiento por la vivienda que hoy hayan acudido a ayudarla.

No fue hasta ayer por la tarde cuando conoció la noticia. Iban a echarla de su casa y nadie se había puesto en contacto con ella para comunicárselo. Ella se puso en contacto con la Comunidad para saber qué pasaría. “A la cuarta llamada me lo cogieron y dijeron que todo seguía para adelante”, explica. Una decisión que la la jueza del Juzgado de Instrucción número 48 tomó ignorando el Real Decreto que con motivo de la pandemia de la COVID prohibía la rescisión de los contratos de alquiler, conforme indican desde el Sindicatos de Inquilinas.

Todo lo están haciendo Airbnb, esa es la explicación que hay"

Teresa leva más de un año sin poder pagar el alquiler que el propietario del edificio subió para tratar de echarla. “De 355 euros que pagaba, me subieron a 1.500 euros. Yo tengo una pensión de 420 euros. No me da para pagar”. Ella tiene claro por qué quieren sacarla de su casa: “Todo lo están haciendo Airbnb, esa es la explicación que hay”. Cuenta que ahora la acusan “de no pagar y ser okupa”. “Pero eso no es así, yo tengo mi contrato”.

Familia a familia, vecino a vecino y desahucio a desahucio . Así van vaciando el bloque de Argumosa, 11 en el barrio de Lavapiés. Un edificio emblemático que ya es un símbolo de cómo la especulación inmobiliaria expulsa a los vecinos de sus casas y de su barrio.

Desahucio a desahucio

El de Teresa no es el primero. Fue en 2017 cuando empezó la batalla contra los vecinos de Argumosa 11. Un abogado y una secretaria, representantes del nuevo propietario, llamaron a varias de las puertas de las 33 viviendas que hay en el edificio. El anuncio era claro, tenían dos opciones: coger los 2.000 euros que les ofrecían si abandonaban las casas el siguiente mes, ya que sus contratos no serían renovados, o desalojar las viviendas y entregar las llaves cuando vencieran sus contratos. Los vecinos, que no entendían nada, solo obtuvieron una respuesta: “El año que viene (2018) queremos el edificio vacío”.

Meses después, ya en 2018, los vecinos que se quedaron en el edificio recibieron una carta. Inversión en Proindivisos S. L., la nueva empresa propietaria del bloque, les anunciaba que no se prorrogarían los contratos y que el 1 de junio, fecha de su vencimiento, debían entregar las llaves. Los vecinos se negaron: “No nos vamos”. Tiempo después, empezaron los intentos de desahucio.

En julio de 2018 se llevó a cabo el primer intento, pero los vecinos lo resistieron. Josefa Santiago, más conocida como Pepi, y su dos hijas conseguían quedarse en la casa en que llevaban viviendo más de dos décadas. Como ellas el resto de familias, nueve en total, que habían recibido una demanda de desahucio por impago del alquiler.

Los vecinos resistieron. Desahucio que se programaba, desahucio que se paraba. Pero en 2019, con un amplio dispositivo policial que los vecinos aún no han olvidado, desahuciaron a cuatro familias. Pasó algo “inédito” para las asociaciones de defensa de la vivienda, tres juzgados diferentes habían señalado para el mismo día y a la misma hora cuatro desahucios en el mismo bloque. El dispositivo se saldó con seis detenidos y varios identificados. Los activistas lucharon como tantas otras veces, pero en esa ocasión fue imparable. Pepi Santiago, símbolo de la lucha, y las familias de Rosi, Juani y Mayra fueron a la calle.