Beth Noveck, experta en tecnología e innovación institucional, recibió el encargo en 2009 de abrir las políticas de Barack Obama a la participación ciudadana. La popularidad del expresidente, admite, fue un trampolín para que la iniciativa Open Government, que ella lideraba, hiciera llegar a otros en otras partes del mundo que existen otras formas de hacer política.
Al frente desde 2012 del GovLab y autora de Smart Citizens, Smarter State (2015), Noveck está convencida, y sobre eso lleva años investigando, de que trabajar juntos –ciudadanía y gobiernos– permite resolver los problemas de manera más efectiva y más legítima. Este fin de semana compartirá su experiencia en Madrid como conferenciante en el encuentro de Ciudades Democráticas, un evento internacional que acogerá MediaLab-Prado y el Teatro Español y al que asistirán como participantes las alcaldesas Manuela Carmena y Ada Colau.
¿Qué significa tener un Gobierno Abierto?
Es un cambio en la mentalidad y también en la forma de hacer. Y eso pasa por dejar de pensar en gobernar como algo que es hecho por y para las personas y empezar a considerar que se hace con la gente. Ser más efectivo gobernando significa aprender el arte de ser abierto. Y eso no solo solo es ser transparente, sino aprender a tener conversaciones con la gente para conocer lo que saben, lo que pueden aportar y también cómo se sienten. Si todo eso se hace por los cauces adecuados, permite tomar decisiones más efectivas.
España forma parte desde 2011 de la Alianza de Gobierno Abierto y en 2016 abrió un portal de transparencia, ¿mostrarse como transparentes es suficiente para decir que tenemos un Gobierno Abierto?
La transparencia es importante para prevenir la corrupción y para asegurarnos de que todo está bien en democracia. Además, es difícil participar si no sabemos en qué estamos participando, si no tenemos esa información. Pero por sí sola la transparencia no es suficiente porque no incluye la idea de que gobernar necesita de la participación ciudadana. El hecho de arrojar los datos no cambia por sí solo la manera de operar de los gobiernos.
¿Cómo usar Open Data sin poner en jaque la privacidad de la ciudadanía?
Los datos que generamos usando el ordenador, a través de los medios, comprando por el móvil... son datos que tienen mucho potencial y valor. Lo ideal sería que los gobiernos dieran impulso a las empresas para que tuvieran recursos para anonimizar esos datos y darlos de vuelta a esos gobiernos. No se trata tanto de la privacidad sino de exigir que esos datos sean utilizados para el bien común.
En los países en vías de desarrollo, los gobiernos no tienen esa capacidad de agencia para recolectar datos y el sector privado es útil en ese sentido. Siempre que se utilicen para propósitos sociales. Porque lo que queremos es usar esos datos para hacer mejores servicios y para medir cómo funcionan. Y eso hay que hacerlo respetando los datos privados, lo que cual implica muchísimo trabajo en términos de infraestructura, de seguridad, de gobernanza. Algunos gobiernos están firmando acuerdos con universidades que incluyen cláusulas de confidencialidad. Es decir, yo te doy la base de datos y tú investigas pero con esa condición. Desarrollar los métodos para hacerlo es algo que aún tenemos que aprender.
Dice que cuando empezó a trabajar en la Casa Blanca en 2009 se encontró de todo menos un sitio de puertas abiertas, ¿qué se consiguió con el trabajo que hicieron allí?
Creo que conseguimos crear una nueva política de abrir el gobierno. Yo no sabía, porque no había estado nunca en un gobierno, cómo de radical era realmente este cambio. El hecho de mandar un email a los empleados para que nos dieran un feed back de lo que les parecía una decisión o una política concreta era una cosa que no se había hecho nunca antes. Porque normalmente –bueno, menos en la era Trump– cuando haces una política sobre salud consultas al ministro de sanidad y a las personas que son relevantes en la implementación de esa política. Pero no preguntas a otras personas.
Más que conseguir algo concreto, logramos inspirar. Y funcionarios públicos que fueron valientes dieron pasos para empezar a trabajar de otra manera en sus ministerios. Nuestro gran éxito no fue nada que hicimos, sino que lo que pudimos inspirar a otros, gracias en gran parte a la popularidad de Obama.
También cuenta que algunos empleados públicos, al plantear que los ciudadanos pudieran opinar durante la elaboración de propuestas y leyes y no después, pensaban que eso era ilegal. ¿Cuesta mucho cambiar el paradigma de que la gente solo participa en las decisiones gubernamentales a través del voto cada cuatro años?
Cambiar la cultura es mucho más difícil que cualquier otra cosa por cuatro razones: que pensamos que las personas que están en la función pública son expertas en esto, y, por tanto, que el hecho de que el resto se meta corrompe; que muchos creen que los ciudadanos son estúpidos (no tienen tiempo, no van a participar de forma eficiente...); la falta de procesos bien diseñados; y la falta de investigación para enseñarnos a cómo diseñar esos procesos de participación.
¿Cómo ve a la ciudad de Madrid en participación ciudadana?
El hecho de que a nivel local haya alguien responsable de transparencia y de participación ciudadana y que el ayuntamiento esté preocupado por ello es una una buena señal. Tanto Madrid como Barcelona están en la vanguardia de diseñar plataformas que permiten estas nuevas formas de trabajo. Es emocionante, pero hay mucho trabajo por hacer.
Primero para que esto crezca más allá de movimientos de izquierda. Estos modos de hacer son percibidos como algo político, algo vinculado solo a la izquierda, una forma de empoderar a la gente de izquierdas que es, además, rechazado por gente de derecha. Y esto no va de izquierdas o de derechas. Igual que no se trata solo de involucrar a los jóvenes, también a los mayores, a los empresarios, a personas de abajo y de arriba en la escala socioeconómica.
¿Qué le parece la plataforma Decide Madrid?
Decide Madrid ha creado la cultura, la apertura, ha empezado a mover a la ciudadanía, pero el siguiente paso integrar la participación en el trabajo diario del gobierno. Hacerlo sistemáticamente en todas las decisiones.