PAUs planificados en los noventa para la ciudad de 2021: Madrid se extiende a base de barrios aislados y sin servicios

El Ayuntamiento de Madrid acaba de firmar el convenio para empezar a urbanizar Valdecarros, la mayor bolsa de suelo que queda libre en la ciudad: 19 kilómetros cuadrados para 52.000 viviendas –28.000 tendrán protección pública– en el límite de la capital por el sureste. Un desarrollo urbanístico escrito sobre el Plan General desde 1997 que comienza a tomar forma casi 25 años después ante las advertencias de los urbanistas de que está “obsoleto” y crea, por su vasta extensión, una segunda ciudad aislada, pensada para el coche y desprovista de servicios públicos.

La historia ya está escrita. Basta con mirar a los Programas de Actuación Urbanística (PAU) del norte –Montecarmelo y Las Tablas– o al vecino El Cañaveral. Este último cuenta con más de 5.000 empadronados, pero el espacio público sigue siendo un páramo asentado sobre urbanizaciones con piscina y grandes avenidas vacías. No hay ni colegio ni instituto ni centro de salud, aunque el Ayuntamiento ya ha cedido varios suelos a la Comunidad para construirlos. La escuela infantil pública, con suerte, se abrirá en 2022. Privadas ya existen varias. La primera línea de autobús que comunica con el interior de la M-30 llegó en marzo.

En Las Tablas se entregaron las primeras viviendas en 2004. La asociación de vecinos acaba de montar, en 2021, una biblioteca con libros donados porque no se ha construido todavía ninguna pública. El problema es endémico y no solo se circunscribe a Madrid, sino a todos los ensanches surgidos al calor la burbuja inmobiliaria en España.

“Es un modelo desarrollista de los años 90 que apostaba por el crecimiento máximo de la ciudad, por agotar el suelo que tiene Madrid. Pero no está funcionando. No hay comercios ni equipamientos hasta muchos años después y los espacios de relación están privatizados, se dan dentro de las manzanas de viviendas, no fuera”, analiza Raquel Rodríguez, arquitecta y profesora en la Universidad Politécnica de Madrid. El urbanista José María Ezquiaga pronostica que “van a terminar naciendo barrios de Madrid envejecidos”, pero advierte de que aún se está a tiempo de evitar que los nuevos PAU del sureste se conviertan en “ciudades anodinas de asfalto donde los coches se estrangulan a la salida”.

Valdecarros es uno de los bautizados como 'Desarrollos del Sureste' junto a Ensanche de Vallecas y El Cañaveral –los más avanzados–, Los Berrocales, Los Cerros y Los Ahijones. La crisis inmobiliaria los frenó en seco. Los promotores no tenían dinero para construir y, sobre todo, no había compradores dispuestos a adquirir el producto cuando en España miles de personas eran desahuciadas por sus bancos al no poder pagar la hipoteca. La previsión ahora es que sumen más de 100.000 viviendas, lo que recogería una población mayor que las ciudades de Segovia, Ávila y Salamanca juntas, según el área de Urbanismo. Una parte importante de los inmuebles –más de la mitad en algunos casos– contarán con protección pública. Es decir, estarán sometidos a un tope de precio.

El Gobierno de Ahora Madrid elaboró en 2018 un Plan Director para reducir a la mitad el volumen de viviendas. El entonces concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, no quería repetir, dijo, el modelo de “guetos residenciales como Sanchinarro o Las Tablas”. Pero las Juntas de Compensación –formadas por las promotoras y las cooperativas– recurrieron la decisión ante la Justicia y ganaron. Ezquiaga es de la opinión de que aquello “hizo pisar el acelerador” a los propietarios de los suelos ante la percepción de que su negocio estaba en riesgo.

La corporación actual, de PP y Ciudadanos, a cuyo concejal de Urbanismo, Mariano Fuentes, le apodan el “desatascador” por haber empujado la reactivación de estos enormes desarrollos, asegura que los nuevos PAU tendrán “más comercio y menos avenidas mastodónticas”. Las palabras son de Fuentes y están tomadas de una ácida columna publicada en El Mundo la semana pasada en respuesta a un libro reciente, titulado 'La España de las piscinas', cuya tesis es que el urbanismo disperso ha provocado un “giro neoliberal” en una parte de la sociedad española. “El Ayuntamiento está trabajando para mejorar la ordenación y modernizarla, con una organización más racional, fomentando otros tipos de movilidad sostenible y apostando por comercio de proximidad”, apunta una portavoz del área de Urbanismo.

¿Una huida de los precios desorbitados?

En una entrevista con elDiario.es, el autor, Jorge Dioni, explica que la homogeneidad en la población es una de las principales características de estos desarrollos. “Aquí no se pasea, por ejemplo. Te obliga a usar el coche. Ahora los edificios son blancos, que producen sensación de sitio limpio, seguro, acogedor, en el que no me va a pasar nada porque no va a entrar nadie. Si esto es una isla segregada, una ciudad que crea su propia gente, ¿quién puede vivir aquí? Quien se lo pueda pagar. ¿Quién se lo puede pagar? O tienes dinero o tienes pareja, y si te vienes aquí es que muy interesado en la fiesta ya no estás. Te interesa tener una familia. El territorio selecciona a su gente. Y la homogeneidad hace que encajen discursos como el de la seguridad. Que a mi hijo no le pase nada, que no haya gente rara y si la hay que se distinga bien”.

En el preámbulo de su artículo 'Ciudades neoliberales, ¿el fin del espacio público?', Pilar Monreal, experta en antropología urbana y profesora emérita de la Universidad Autónoma de Madrid, se pregunta si estamos “abocados a unas ciudades de muros, con usos cada vez más restringidos del espacio público por el miedo, la violencia, la inseguridad o el prestigio que para algunos grupos sociales supone vivir en urbanizaciones cerradas y controladas”. Monreal concluye que el “espacio no es reducible a una vivienda o un trabajo, sino que implica servicios, infraestructuras, una educación [...] y debe encaminarse al uso y disfrute, y no a la especulación y al beneficio”.

En El Cañaveral, los vecinos se han organizado en dos asociaciones para reclamar los servicios públicos mínimos. “Cuando llegaron las primeras personas aquí no había nada, la prioridad era el transporte público porque estamos entre carreteras”, explica Marta Llorente, presidenta de la asociación de vecinos El Cañaveral.

Para ella, que vive en la zona desde hace un año, la “tranquilidad y las urbanizaciones cerradas es algo muy positivo”, pero “hay que coger el coche para todo:la compra, el colegio, el médico...”. “Ya no pedimos un teatro o una biblioteca, sino lo básico. Cuando llegas aquí tienes que buscarte la vida”, remacha. Cuando acaben de construir el primer colegio, pronostica, “ya hará falta otro”. El rango de edad con más personas empadronadas es de 30 a 35. El censo cuenta con unos 500 niños y niñas de cero a cuatro años y casi 1.000 en edad escolar.

La mayoría de sus vecinos, explica Llorente, son parejas o familias que buscan una vivienda asequible para la compra aunque “ya no son tan baratas como hace dos años”. En los carteles del barrio, el precio mínimo ronda los 200.000 euros. El Ayuntamiento de Madrid defiende el coste moderado como uno de los atractivos de estos desarrollos, que vendrían a satisfacer la demanda de personas que no pueden comprarse una vivienda en una ciudad innaccesible incluso para la clase media. Todo bajo la premisa liberal de que la ampliación de la oferta reduce los precios.

En el otro extremo del municipio de Madrid, en Las Tablas, vive Áurea (nombre ficticio) con su hijo de cinco años. Pese a que el PAU tiene más de una década, ahora se está terminando de construir el primer centro de salud. Áurea describe su barrio como una zona “pensada para tener pasta y pagarlo, o bien coche y desplazarse”. Sin embargo, aquí ya hay varios colegios públicos en funcionamiento y hace poco se abrió un instituto. Los avances han sido el fruto de una intensa pelea vecinal.