La Policía desahucia de una vivienda pública de Móstoles a una familia que denuncia la estafa de un falso propietario

La Policía Nacional y la municipal de Móstoles han desahuciado al mediodía de este jueves a un hombre que vivía con su hijo en una vivienda pública del ayuntamiento en el sur de la localidad madrileña. “Para ellos soy un okupa”, ha lamentado al término el afectado, Francisco Rueda, de 50 años, que no consiguió convencer al consistorio ni al juez de que había entrado en la vivienda con un contrato que resultó ser falso. En el piso vivía un hijo de Francisco, de 20 años, con problemas de corazón.

El sur de Móstoles, la segunda ciudad de Madrid, con 211.000 habitantes, es un área en construcción donde los edificios a medio levantar se mezclan con solares baldíos. Los árboles que deberán dar sombra al vecindario todavía no tienen grandes frondas y no hay que esperar al verano para que el sol castigue. En un extremo del terreno urbanizado hay un bloque del Instituto Municipal del Suelo, la empresa de vivienda del Ayuntamiento.

Aquí viven familias muy humildes, algunas de las cuales acompañan desde la mañana a los activistas contra los desahucios que tratan de suspender el desalojo. “Vergüenza me daría desahuciar a una familia”, gritan a la policía. Son una cincuentena y muchos se conocen entre ellos. Varios ya vivieron desahucios en sus carnes, como el del bloque de La Dignidad en 2023. Uno de los expulsados entonces falleció recientemente tras pasar un año al raso.

Unas 15 personas han pasado la noche con Francisco en la vivienda para dificultar la expulsión, pero el juzgado no cede. Tampoco a la llamada postrera del abogado José Manuel Barroso, que informa a la sede judicial de que este martes se tuvo conocimiento de una resolución del comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU que reclama que se detenga el desalojo para evitar “daños irreparables”. “Es que se quedan en la calle, literalmente”, trata de conmover el abogado al teléfono. El ruego no surte efecto.

La policía no ha considerado necesario acordonar la zona; basta con impedir el paso al portal exterior de la finca. Cuando fracasa la última negociación, los agentes entran, suben la escalera y empiezan a embestir la puerta con el ariete. Una mujer se indigna ante la sonrisa de uno de los funcionarios. “Es que se están riendo”, protesta. Los demás corean “vergüenza, vergüenza”. La maniobra no se alarga más que unos minutos. “Por lo menos hemos luchado hasta el final”, consuela el abogado a los presentes.

Escepticismo municipal y desafección vecinal

Francisco —todos le llaman Paco—llevaba dos años en la casa, pero el Ayuntamiento no acabó de creerse que el hombre ignorase realmente que el contrato que firmó era fraudulento. “Somos sensibles a las situaciones de vulnerabilidad, pero mantenemos una política de tolerancia cero con las ocupaciones ilegales, más si cabe si esta ocupación supone privar a otros vecinos en situación de vulnerabilidad de una vivienda que han tramitado cumpliendo con la legalidad”, traslada una portavoz del consistorio. También dice que le ofrecieron una ayuda al alquiler que no aceptó.

El anterior gobierno municipal del PSOE y Podemos dio el año pasado a padre e hijo un plazo de 10 meses para marcharse. Ahora gobierna el PP, pero quienes se congregan hoy en el exterior no consideran que unos sean más sensibles que los otros al problema de la vivienda. El pleno del Ayuntamiento aprobó en 2019 sin votos en contra una moción según la cual no se realizarían desalojos forzosos de los pisos de la empresa municipal de vivienda. La plataforma Stop Desahucios Móstoles estudia llevar al juzgado su incumplimiento.

Paco salió de la casa tras tirar la policía la puerta abajo. Los vecinos ayudaron a recoger los pocos enseres que acumulaba. Unas sillas, un microondas, ropa de cama. “Me ha llamado la asistencia social y me ofrecían dos noches de hotel”, dice el hombre, contrariado. Trabajaba en la construcción, pero tras cambiar de empresa se puso de baja y no cobraba ninguna compensación, según explica José Manuel Torralbo, de Stop Desahucios. Paco dice que no sabe adónde irá. “Menos mal que hay gente buena”, agradece, abrazándose con los que lo han acompañado en la última noche.