Policías o mediadores: dos modelos para abordar la violencia de las bandas juveniles en la Comunidad de Madrid

El primer fin de semana de febrero quedará marcado en la crónica negra de Madrid. Dos jóvenes fueron asesinados a poco más de cuatro kilómetros de distancia. El menor, de 15 años, a la salida de una sesión light en una discoteca en el centro de la capital. Otro, de 25 años, atacado a puñaladas en un parque del distrito de Usera. En aquellas horas de violencia inusitada se produjeron en la Comunidad de Madrid otras tres reyertas. En todos los sucesos estaban vinculados miembros de bandas juveniles, que en los últimos meses han acaparado titulares, comisiones parlamentarias y el interés de políticos de todo signo.

Tras el altercado de febrero, inmediatamente la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, puso en marcha un plan de actuación contra bandas juveniles. “Se mantendrá de forma permanente hasta que no acabe esta escalada de violencia”, afirmó entonces. Según los últimos datos facilitados por la institución, se han realizado ya más de 92.000 identificaciones, alrededor de 1.300 detenciones y se han intervenido medio millar de armas blancas, que no han evitado que se hayan cometido otros crímenes violentos. “No vamos a cejar hasta que de una vez por todas paremos esta espiral de violencia”, se parafraseaba González ocho meses después.

Las bandas juveniles que han emergido en los últimos años en algunas zonas de la Comunidad de Madrid tienen características muy diferentes a las que aparecieron en España a principios de los 2000, pero este fenómeno ha estado siempre más o menos presente, estuvieran o no en el foco público. “En otras ocasiones han sucedido delitos o agresiones que podían estar relacionadas con estos grupos y no han tenido la misma atención mediática”, señala la investigadora Mariah Oliver. Esta experta y ex latin queen, trabaja ahora en el proyecto Transgang, encargado de supervisar y analizar procesos de mediación con las organizaciones.

“Durante algunos momentos que ha habido detenciones, los grupos se han relajado un poco, pero luego vuelven a las mismas dinámicas, para lo bueno y para lo malo”, señala la experta. En su caso, aboga por “llevar a cabo políticas de prevención de la violencia más que contra los grupos, que se ha probado que no es efectivo”. Más que un canto al sol, lo que Oliver propone es separar a los grupos de los delitos. “Quien comete una acción violenta tiene que encarar las consecuencias legales que correspondan” pero “en los lugares donde solo se aplica la mano dura y se persigue al grupo, independientemente de que haya cometido un delito o no, este tiende al oscurantismo y la clandestinidad y se vuelve más difícil trabajar con ellos”, explica.

En ese sentido, las identificaciones no ayudan a desmitificar a las bandas. “¿En qué se basan? ¿en redadas raciales? ¿en función de cómo se visten? ¿entran en un parque y fichan a todos los chavales?”, se pregunta la investigadora de la Universidad Pompeu Fabra en conversación con elDiario.es. Estas actuaciones policiales, considera, “no ayudan a salir de esa importancia que los propios jóvenes obtienen muchas veces de haber sido detenidos de un modo determinado o que la policía les haya identificado”. “En Madrid llevamos 20 años de trabajo policial y el resultado es el que es”, afirma Oliver, que en junio fue invitada a la Asamblea regional para compartir su conocimiento sobre este fenómeno.

500 policías y 300 guardias civiles

El dispositivo policial ha aumentado notablemente en la Comunidad de Madrid en los últimos meses. Medio millar de policías y 300 guardias civiles se emplean en la lucha contra la violencia en el seno de las bandas juveniles. La sintonía entre el Ejecutivo regional y la Delegación del Gobierno es más evidente, al menos públicamente, en este que en otros asuntos que han tensionado la cuerda que une inevitablemente a Sol con Moncloa. Tanto la presidenta Isabel Díaz Ayuso y sus consejeros como Mercedes González aseguran siempre que tienen ocasión que esta es una región segura. También lo hace el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y lo confirman los bajos datos de criminalidad, pese a episodios como el tiroteo mortal en Fuenlabrada y o el asesinato durante una pelea en Alcorcón ocurridos a principios de octubre.

El domingo 23, agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres menores por una agresión con arma blanca a otro joven en el barrio de Arganzuela. El herido no reviste gravedad, pero las autoridades investigan los hechos como un posible suceso entre bandas. En concreto, trabajan con la posibilidad de que el agredido perteneciera a los Dominican Don't Play y los agresores a los Trinitarios. Precisamente, fuentes cercanas a la Delegación matizan que estos sucesos violentos se producen siempre entre miembros o personas cercanas a los grupos y nunca del miembro de una banda hacia otro joven sin relación. Pero esos vínculos son cada vez más fáciles de dibujar: un mensaje en redes sociales, determinado gesto o el uso de emoticonos que identifican a uno y otro bando.

Desde la Comunidad reclaman mayor dotación policial y que no se derogue la ley mordaza. El Ejecutivo autonómico no tiene competencias en seguridad, a diferencia de la Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio ha formado a su policía local con agentes de El Salvador especializados en la lucha contra las maras. “No tienen nada que ver con las bandas”, aseguran fuentes consultadas. En este país centroamericano se decretó hace más de seis meses el estado de excepción, que suspende la libertad de asociación y el derecho a la defensa de los procesados. En este medio año las autoridades salvadoreñas han detenido a cerca de 55.000 supuestos pandilleros, que allí son considerados terroristas.

Pese a la gravedad de los hechos conocidos, la situación en Madrid está lejos de ser siquiera parecida. A principios de verano las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado calculaban que en la región habría algo más de medio millar de pandilleros y unos mil jóvenes más orbitando estos grupos. La cuestión ahora es cómo se organizan esos grupos. Están estructurados, pero ha desaparecido la estructura piramidal que presentaban organizaciones similares antes de 2018. “Una de las conclusiones que sacamos es que se nos hace mucho más difícil trabajar con los grupos al completo, porque el grupo al completo ya no está ahí. Existen grupos muy atomizados en diferentes lugares de la Comunidad de Madrid, que se identifican con las siglas, pero no con los grupos en otras localizaciones. No hay una estructura piramidal ni un mando único, por lo que no tenemos a quién acudir si queremos trabajar, intervenir o mediar en los grupos”, indicaba Oliver a los diputados.

Lo que preocupa también es el acceso de los jóvenes que emplean la violencia a la compra de armas blancas, a través de fondos que obtienen mediante el trapicheo o el tráfico de drogas. En mayo, la Secretaría de Estado de Seguridad publicó una instrucción con un nuevo protocolo de actuación respecto a su control. “Unifica criterios para controlar la utilización de este tipo de armas en las vías, espacios o establecimientos públicos en todo el territorio nacional”, explicó su responsable, Rafael Pérez.

“El líder determina qué hacer”

Vladimir Paspuel lleva casi dos décadas realizando un trabajo silencioso en Madrid a través de Rumiñahui. “Al inicio teníamos una perspectiva más de entrar allí con los chicos y las chicas para intentar sacarlos, pero veíamos que no daba resultado. Entras, sacas a uno, ese chico o esa chica termina con problemas y luego entran otros diez”, recuerda sobre sus primeras intervenciones, allá por el año 2004. Como la estrategia no funcionaba, la cambiaron.

“Más bien era el líder el que determinaba qué hacer y qué no hacer, así que comenzamos esas dinámicas de trabajar con ellos para que sean conscientes de esa parte positiva que tienen las bandas, de acompañamiento y apoyo. ¿Qué rey bueno manda a su gente a que la maten? Ninguno. Los verdaderos líderes son los que protegen a su gente. El que quiere que sus hermanos vayan a la cárcel es un líder malo. Estas son las reflexiones que a ellos les han ayudado a ver lo bueno, pero partimos de una realidad que es que ellos quieran hacerlo”, explica Paspuel.

En el caso de Rumiñahui, esos procesos de mediación se desarrollaron principalmente con los Latin Kings y los Ñetas, algo más alejados ahora de las estructuras de violencia que protagonizan otros grupos como los Dominican Don’t Play o los Trinitarios. Han cambiado también algunos perfiles. Quienes se acercan a estas bandas, atraídos en muchos casos por su estética y su dinámicas, son más jóvenes que hace unos años. Niños de 11, 12 o 13 años que viven también volcados con las redes sociales o que replican gestos o símbolos que les ubican de uno u otro lado.

“Esto es peligroso a todos los niveles, sobre todo porque a esa edad el nivel de maduración y desarrollo cognitivo hace que esos jóvenes sean mucho más permeables a cualquier situación en la que se encuentren. Si esta situación es de violencia, lo que podemos encontrar es que entran en un proceso de socialización diferencial mediante la violencia, en un momento en el que están pasando del colegio al instituto, en el que se cambia la dinámica y la relación que tienen con el centro escolar, no hay tanto seguimiento, el espacio es más grande y se acercan a estos grupos porque les llaman la atención”, desarrollaba Oliver.

La representante del Colegio Oficial de Psicología e inspectora de la Policía Nacional Pilar Alvarado, aseguró durante su comparecencia en la comisión de estudio para abordar este fenómeno en la Asamblea de Madrid, a principios de este mes, que “en muchos jóvenes con actitudes violentas subyacen problemas psicológicos y psiquiátricos graves”. Para atajar la problemática, proponía “acciones de rehabilitación, no solo de prevención, para reintegrar a estos jóvenes” y emplear profesionales “para hacer la detección no solo de los menores con delitos menos violentos, sino de aquellos que ya se han detectado desde los institutos para separarlos de las bandas” e involucrar a las familias que “muchas veces no se enteran de lo que ocurre hasta que les llaman del instituto o de la policía”.

Un nuevo protocolo para 2.000 colegios

En paralelo al plan de actuación policial, que ha supuesto también la resolución de los crímenes que se han producido en los últimos meses, Delegación ha reforzado un Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos, con charlas impartidas por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La Comunidad, además, ha impulsado un nuevo protocolo para prevenir las bandas juveniles violentas y las drogas en los institutos, que será de obligado cumplimiento en los cerca de 2.000 colegios e institutos públicos de la región.

En 1927, se publicó ‘La banda’. Es el primer estudio sobre el comportamiento de bandas juveniles, que parte del trabajo de Frederic M. Thrasher con más de 1.300 grupos de Chicago en aquella época. En la obra, ya se señala la labor de los agentes sociales alrededor de este fenómeno antes de la Gran Depresión y plantea que los barrios o las zonas con situaciones socioeconómicas más desfavorables son, también, aquellas con una mayor incidencia de episodios violentos protagonizados por miembros de estos grupos.

“Hay una situación de marginalidad a la que las políticas europeas y españolas no han sabido dar alternativas”, lamenta Paspuel, que considera que “los chicos necesitan empleo. No necesitan que los saquemos a jugar y les demos charlas y charlas y charlas. Todo el mundo les ha dado charlas, pero lo que quieren es empleo de calidad”. Desde Rumiñahui inciden en ofrecer una buenas condiciones laborales. “Hablamos con un empresario y logramos colocar a cuatro chicos, que salieron del circulo de andar en la calle, cometiendo algunos delitos o robando. Según sus palabras, me dicen: Vladimir, ya no corro. Voy a casa a descansar y la situación de mi familia ha cambiado radicalmente. Aporto a mi madre para pagar el alquiler o la comida, me compro ropa o invito a mi chica a cenar”, explica.

El otro trabajo importante, continúa, es poner en contexto la situación del hogar. “Antes de la pandemia hicimos un encuentro entre los chico y sus familias para que contasen cómo habían progresado. Fue una experiencia espectacular escuchar al papá o a la mamá decir cómo había cambiado su hijo o su hija. Son estímulos que buscamos para que vean que esto es positivo”, señala.

Como Oliver, Paspuel insiste en no blanquear delitos. “Al que los comete, se le tiene que aplicar la ley. Se lo decimos claramente, todo lo que hagas tiene consecuencias y no estamos para defender lo indefendible”, explica. Pero también alerta de un discurso estigmatizante: “Son jóvenes, chicos y chicas, con plenos derechos y obligaciones. No vale decir que son extranjeros y nos deshacemos de ellos, que es el discurso horrible de la extrema derecha, populista y negativa, con el que se termina criminalizando a todos los jóvenes, sobre todo migrantes”.

Ese discurso de extrema derecha que representa Vox ya causó un enfrentamiento entre la portavoz Rocío Monasterio y Ayuso, cuando comenzó el plan antibandas en febrero. “La delincuencia no tiene que ver con el origen de las personas”, dijo entonces la presidenta, que afeó a su socia parlamentaria que esos jóvenes “son inmigrantes tan españoles como [Santiago] Abascal”.

Desde Rumiñahui, y muy enlazado en lo laboral, se centran en ofrecer a los jóvenes las alternativas que los jóvenes quieren. “Hay que ver qué habilidades tienen, en qué se sienten bien y qué formación quieren. A muchos no les gusta la carpintería, pero les damos cursos de carpintería. Tenemos que darles otras herramientas que les gustan y tienen una salida laboral”, explica Paspuel.

La cuestión de los espacios públicos es otro eje al que señalan las fuentes consultadas para este reportaje. En 2016, bajo el mando de Manuela Carmena, el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha el ‘Proyecto Enredadero’. La iniciativa surgió de un pleno infantil del consistorio, en el que un grupo de jóvenes plantearon la necesidad una zona en la que poder disfrutar de su ocio, resguardados de las inclemencias del tiempo y sin tener que pagar. De esta forma nació un primer espacio autogestionado en el distrito de Retiro, que ha ido expandiéndose y replicándose en otras zonas, también con el equipo de gobierno actual: Centro, Moratalaz, Puente de Vallecas, Villaverde y, este año, Hortaleza.

“La franja de edad de los enredaderos es de 12 a 17 años. Cuando cumplen los 18, si han tenido una vinculación previa les proponemos un acuerdo de colaboración, para que puedan continuar viniendo algunos días, comprometiéndose a apoyar algún aspecto del funcionamiento del enredadero. Por ejemplo, en Villaverde tenemos un grupo de chicas que hacían bachata y ahora son ellas las que dan esas clases”, explica la coordinadora del proyecto, Tatiana Barrero. La iniciativa está desarrollada por la Federación Injucam para la promoción de la infancia y la adolescencia, pero son los jóvenes quienes autogestionan los espacios, deciden qué actividades les interesan y cómo organizarse. “No podemos constatar el impacto que tienen en los distritos, para eso tendría que haber un diseño de investigación más amplio, pero honestamente creo que lo hay”, señala Barrero. En 2021, participaron en este proyecto 3.041 chicos y chicas.

Un trabajo educativo de calle

Pese al intento por desvincular la nacionalidad de las bandas, en Madrid el responsable del programa de prevención de violencia urbana es el jefe del departamento de inmigración. “El servicio que ha puesto en marcha el Ayuntamiento no es un plan específico de intervención, sino que está enfocado a la prevención de violencias urbanas en el municipio, con un perfil de población objetivo muy marcado, de 18 a 30 años, jóvenes o victimarios”, explica Ángel Maroto.

El programa, que se puso en marcha en febrero, consta de varias fases. La primera ha sido mapear los 131 barrios de Madrid, a través de informantes clave, entrevistas con los chicos, servicios sociales y vecinos. “Hay determinado lugares que son puntos calientes y hay que hacer un diagnóstico sobre el mapa”, señalaba Maroto en abril, en conversación con elDiario.es.

El segundo paso es “trabajar en aquellas zonas con una necesidad de intervención más intensiva, desde la calle”. “Hay que hacer un trabajo educativo de calle, que empiecen a prestarse a realizar determinadas actividades que nos puedan demandar en base a sus necesidades y poder acompañarles”, indica el responsable del programa.

“Te lo juegas todo a generar un buen vínculo con las personas. Tengo que propiciar que me percibas no como un elemento coercitivo, que vengo a darte una charla del quince que ya te habrán dado 27.000 veces, sino como una persona cercana, sin varitas mágicas, pero que si te estás planteando cambiar algo en tu vida te ofrezco un espacio de seguridad y estoy dispuesto a hacer un trabajo contigo. Cuando te ganas la confianza de uno, dos, tres… ellos mismos se convierten en abrepuertas”, desarrolla Maroto. Desde su departamento, están en contacto con otras entidades o, incluso, entidades religiosas, “como la iglesia evangélica, que tiene programas donde sí se está trabajando de manera expresa desde dentro de las bandas”, matiza.