7.291, el número que persigue a Ayuso tras su pandemia de “cañas y libertad”
“La libertad es, dentro de un momento tan duro como el que se está viviendo, con el gran desánimo que está cundiendo por toda España, la libertad de salir, de trabajar y poder ir un ratito a ver una película, o ir al teatro, o tomarse algo y volverse a casa y alimentar el alma que tanta falta hace”, decía Isabel Díaz Ayuso a finales de abril de 2021 en una entrevista en Onda Cero. En España todavía había duras restricciones en cuanto a aforos, reuniones familiares y horarios de bares y restaurantes.
Su campaña electoral se había basado en la idea de “cañas y libertad” en la pandemia, por contraposición a las restricciones del “sanchismo”. Seis días después de esa entrevista, Ayuso arrasó en los comicios adelantados de Madrid, subió 35 escaños y logró gobernar con el apoyo de Vox. Esas “cañas y libertad”, ese “poder cambiar de pareja y no encontrártela nunca más” como distintivo de una capital que era la resistencia a Moncloa, fue en parte la receta del éxito para la presidenta.
Validó su gestión de la pandemia en las urnas y eso que el Comité Europeo de las Regiones estima que fue la región de Europa con más exceso de muertes en pandemia, con un 44% más de lo habitual. Por detrás se situaron la región italiana de Lombardía (39%) o Castilla La Mancha (34%). La validó pese a una comisión de investigación en la Asamblea y el cuestionamiento público por la muerte de 7.291 mayores que vivían en residencias entre marzo y abril de 2020 y que no fueron trasladados a hospitales –no se ha hecho un estudio pormenorizado de cuántos de ellos en concreto lo hubieran necesitado y hubieran salvado la vida gracias a ello– en cumplimiento de unos protocolos estrictos para quienes vivían en una de las 475 residencias de la Región.
La reivindicación quedó latente ya que no hubo más investigación política, se fueron archivando centenares de demandas y querellas, la Fiscalía abrió indagaciones que cerró y acabó la pandemia. Sin embargo, el caso de esos mayores se iba a cruzar cuatro años después con un escándalo personal de Ayuso que los volvería a poner de actualidad y cuestionaría parte de la gestión de aquella pandemia de “cañas y libertad”.
Tres semanas después de ganar las elecciones de 2021, Ayuso se fue a Ibiza con su nueva pareja, Alberto González Amador. Cuando la revista Lecturas del 26 de mayo de 2021 publicó la foto de los dos en la isla, su pareja tenía ya en el banco los dos millones de comisión por intermediar en una venta de mascarillas (dinero que había ingresado en 2020, antes de ser pareja). Ya como novio de Ayuso, a la vuelta de su escapada a Ibiza, iba a presentar un impuesto de sociedades que la Agencia Tributaria considera ahora irreal y delictivo, ya que según su informe inventó facturas para que sus beneficios fueran menores de los reales. El año siguiente, según Hacienda y cree la Fiscalía, hizo la misma operación. Por eso le acusa de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental y declarará ante la justicia como imputado.
Ese mismo verano de 2021, el mismo mes que se presentó el Impuesto de Sociedades, la Asamblea de Madrid bloqueó retomar la comisión de investigación sobre la muerte de mayores en residencias de la Comunidad gracias a los votos recién estrenados de PP y Vox. La voz de los mayores de las residencias empezó a ensordecer. Un año después, en 2022, se conocía que el hermano de la presidenta se había embolsado más de 230.000 euros en comisiones por vender mascarillas a la Comunidad de Madrid.
La pandemia no pasó factura
El caso no tuvo recorrido judicial y no solo no le pasó factura a la presidenta, sino que en 2023 –tras la decapitación de Pablo Casado que fue quien denunció la comisión– Ayuso logró su actual mayoría absoluta. Con la COVID-19 ya pasada y una holgada mayoría, en la Puerta del Sol, con el jefe de Gabinete Miguel Ángel Rodríguez a los mandos de la estrategia, estaban tranquilos con la pandemia, que no solo no había lastrado sino que había lanzado a la líder del PP madrileño.
Pese al movimiento de Mareas de Residencias, Verdad y Justicia o la plataforma civil Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, que presentó hace dos semanas un demoledor informe, la crisis por los mayores que murieron en pandemia en residencias sin medicalizar y mermadas en personal y recursos parecía salvada políticamente y arrinconada para siempre. En una de sus últimas intervenciones sobre el tema en la Asamblea Ayuso justificó que los ancianos hubieran muerto igual aunque hubieran sido trasladados a hospitales: “Se morían en todas partes”, afirmó al ser interpelada por el bloqueo para que no se conozcan las actas policiales de los agentes que acudieron aquellos días de 2020 a las residencias.
Un mes después, elDiario.es publicaba que su novio enfrentaba una denuncia por tres delitos tras enriquecerse como comisionista de mascarillas y aquella pandemia de “cañas y libertad” que la había elevado electoralmente volvió para ponerle en apuros y reactivar la indignación del número 7.291.
Concentración en Génova
Desde ese día 12 de marzo, la presidenta enfrenta una crisis política y mediática, agravada por su jefe de Gabinete, que ha amenazado e intimidado a periodistas de elDiario.es y El País. El PP estatal y Feijóo evitan respaldarla de manera directa y quieren orillar el tema como una inspección a un particular, el portavoz del Consejo de Gobierno de Madrid rehúye hablar cuando se le pregunta y en los primeros días del escándalo se concentraron 800 personas contra la gestión de Ayuso en Génova, bajo el lema “mi familia se murió, la tuya se forró”.
Allí se vio la cifra 7.291 en camisetas, carteles y se escucharon lemas que defendían que se hiciera justicia, algo que también se ha contagiado a las redes sociales. “Atendiendo al resultado electoral y las encuestas que vemos, la gestión de la pandemia no le ha pasado factura. Otra cosa es que pueda haber un giro, porque la indignación social funciona muchas veces por acumulación, de manera que podría haber un punto de inflexión en el apoyo y adhesiones, más que en el voto”, opina la politóloga y profesora de la Universidad de Zaragoza Cristina Monge, también colaboradora de la Comisión por la Verdad de las Residencias.
Comisión por la Verdad
El presunto fraude del novio de Ayuso, la falta de explicaciones o que la presidenta lo defendiera como “inspección salvaje” de Hacienda cuando él ya había admitido el delito ha generado indignación pero también ha reavivado la lucha de las familias de los mayores que murieron en residencias. Días después de la publicación del fraude, la Comisión por la Verdad por las Residencias, una plataforma civil que ha investigado ante la ausencia de investigaciones institucionales, presentó un informe que tuvo eco en casi todos los medios sobre lo que pasó con los mayores durante la pandemia en Madrid, basado en datos oficiales, procesos judiciales y el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
También los familiares se concentran en algunos actos a los que va la presidenta, a la que recibieron con camisetas y pancartas en su Consejo de Gobierno de Leganés, el primero tras el escándalo del fraude fiscal y cuando dio explicaciones sobre que todo era legal.
“Me indigna cómo alguien puede estar haciendo tanto negocio con material que era esencial mientras estábamos en casa cosiendo mascarillas para las trabajadoras de las residencias de nuestros padres en lo peor de la pandemia. Pero lo que me indigna más es que hayan muerto casi 10.000 mayores en dos meses en Madrid y que no haya pasado nada”, lamenta Carmen López, presidenta de la asociación Marea de Residencias e hija de una fallecida.
Carmen se refiere a los 9.470 ancianos que, según cifras oficiales, fallecieron entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020, la gran mayoría (los 7.291 que se han convertido en símbolo) sin ir a un hospital ya que durante unas tres semanas la Comunidad de Madrid envió circulares para limitar los traslados de mayores dependientes, dependientes cognitivos o con algunas enfermedades previas. Pusieron una veintena de “geriatras de enlace” en los hospitales que por teléfono y con unos parámetros que fueron cambiando y sobre los que hubo bastante confusión decían si alguien podía ir a curarse a un hospital o se quedaba en su residencia.
El 76% fallecieron en la residencia
El 24%, en un hospital
Algunos de ellos murieron incluso sin paliativos, como denunciaron en 2023 trabajadores y familias en comparecencias civiles en la Comisión de la Verdad después de que la Asamblea diera portazo a la comisión de investigación. Una de las que allí declaró fue María Paz, que perdió a su padre (sin ninguna dolencia previa) y a su madre (con dolencia previa) en la residencia pública Doctor González Bueno de Madrid.
El 65%, sobrevivieron
El 35%, murieron
Su padre había enfermado y estaba “resfriado y con décimas”, como le dijo un médico por teléfono. El 6 de abril le llamaron de la residencia y pensó que su padre había fallecido, pero no, le dijeron que había fallecido su madre, de la que no tenía conocimiento de que tuviera ningún síntoma de coronavirus. Al día siguiente le llamó un médico para decirle que iban a sedar a su padre, que falleció a las 24 horas. “Mis padres no murieron, me los mataron”, relata a elDiario.es.
“Este es el mes del terror, son las fechas de cuando murieron, y la sensación impotencia, rabia y dolor se agrava cuando ves ciertas declaraciones o que el novio se enriqueció encima, o cuando niegan que hubiera protocolos y luego admiten que sí los hubo”. “Mis padres no tenían mascarillas, el personal iba con bolsas de basura grandes... y mientras había quien hacía negocio”.
Según los datos oficiales, sí fueron trasladados 6.308 mayores desde las residencias a los hospitales públicos en esos dos meses. De ellos, se salvaron más de 4.000, el 65%, lo que ha llevado a la comisión a estimar que, si no se hubiera puesto frenos al traslado de mayores, podrían haber sobrevivido más de 4.000 de los que no fueron trasladados –la estimación no tiene en cuenta parámetros de la gravedad o condición previa de los que sí fueron trasladados ya que no hay datos oficiales ni un estudio en profundidad al respecto–.
Los protocolos enviados por la Comunidad de Madrid caóticamente y con hasta cuatro versiones y diversos canales tuvieron su efecto a tenor de las cifras. Del 1 de enero al 6 de marzo de 2020 hubo 120 derivaciones diarias desde residencias a hospitales. Entre el 7 y 31 marzo esa cifra cayó a la mitad, 65. El 1 de abril volvieron a aumentar las derivaciones a una media de 130 al día. La no derivación tenía otro efecto indeseado: una alta concentración de personas en espacios pequeños poco ventilados, con una carga vírica muy alta y con pocos medios de protección y pocos profesionales sanitarios para luchar contra un virus del que aún se sabía poco. Resultado: más contagios y más muertes.
A los protocolos que limitaban las derivaciones hospitalarias hay que sumar que las residencias no se medicalizaron, como prometió la Comunidad de Madrid en una nota de prensa el 12 de marzo. No solo eso, sino que el 40% del personal que allí trabajaba enfermó y estuvo de baja en algún momento, como reveló en su momento el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, y el encargado de las residencias que acabó dimitiendo y escribió un libro contra las decisiones que se tomaron.
El plan que se puso en marcha para aliviar la situación de las residencias madrileñas fue la autodenominada “Operación Bicho”. Se le encargó a Encarnación Burgueño, hija del asesor externo de Ayuso para la pandemia e ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña. Para cuando este “plan de choque” se inició, habían muerto 1.065 ancianos en estos centros.
A los 12 días se supo que la líder del plan era una autónoma sin experiencia en gestión y mucho menos en catástrofes y que el dispositivo eran una decena de trabajadores sin contrato que coordinaba una empresa que tampoco cobró de la Comunidad, como la propia Burgueño, que no ha contestado a la petición de información de elDiario.es. La empresa acabó cerrando y el plan duró 12 días tras conocerse la verdadera dimensión de la operación que quería ayudar a las 475 residencias de Madrid, públicas y privadas, que necesitaban auxilio.
En esta delicada situación, cuando ya se conocían brotes y los muertos en residencias se contaban por decenas –en el de Monte Hermoso, residencia concertada, habían muerto 18 personas en 72 horas–, los hospitales privados ofrecieron un millar de camas a los servicios públicos, pero finalmente solo fueron allí los mayores de residencias que contaban con un seguro privado que costeaba el servicio.
“Era una situación que nos desbordaba, de excepción. El reproche rotundo que se le puede hacer a Ayuso y al Consejo de Gobierno es que se hace una selección por cuestión de salud y contraria al sentido de igualdad. Por oportunismo político y mercantilismo. Las camas de los privados se podrían haber usado, pero claro, cobraban por noche y por ahorro de costes se decidió no hacerlo”, explica José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Supremo y presidente de la Comisión por la Verdad.
Además, se decidió construir de manera excepcional y urgente en Ifema un hospital para enfermos de COVID leves, con 3.000 camas y derivando allí a 1.000 sanitarios que vaciaron los centros de salud, que tampoco atendían a mayores, según los protocolos. A ese hospital provisional fueron trasladados 23 mayores de residencias, todos con cuadros sin complicación, que sobrevivieron.
Unión de las familias
Una vez pasada la ola de contagios y muertes, los familiares, la mayoría de los cuales no sabían qué pasaba en las residencia o recibieron una llamada avisando de la muerte de sus padres sin más información como María Paz –algo que pasó también en los hospitales de toda España–, se agruparon para luchar por que se conociera qué había pasado y buscar responsabilidades.
Se calcula que, de manera individual o agrupadas por residencias, se han interpuesto unas 300 denuncias y querellas, de las cuales quedan vivas un puñado de ellas. La Fiscalía también ha iniciado indagaciones, unos 400 procedimientos, que han quedado mayoritariamente archivadas. En noviembre se reabrió un caso en un juzgado de Madrid, tras la querella de 26 familiares de personas fallecidas en residencias de la capital, entre ellas la Amavir de Ciudad Lineal. Fue presentada en mayo de 2020 y además de apuntar a la dirección de los centros geriátricos también apunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha sido contactado por elDiario.es, pero no ha respondido a la petición de información de este medio.
Si judicialmente no ha habido de momento consecuencias, política o institucionalmente tampoco. De hecho, el vicepresidente Ossorio dijo frases como que “detrás de la comisión de investigación hay un interés electoral”, “los familiares ya lo han superado” o, como dijo la propia Ayuso, “investigar más es ahondar en un dolor innecesario” o se iban a morir igual.
Ese vacío institucional y la falta de un estudio pormenorizado de qué pasó con datos oficiales lo ha intentado llenar la Comisión por la Verdad, cuando presentó en el Ateneo a las familias sus conclusiones: “He sido fiscal 20 años y pocas veces me he sentido tan impactado por los testimonios que allí escuchamos. La ovación que nos dimos en el Ateneo fue el desahogo de la emoción”, dice Martín Pallín sobre el largo aplauso, lágrimas y abrazos en el encuentro con las familias.
Ese impulso por la presentación del informe ha traído de vuelta la indignación de las familias de los fallecidos: “En 2021 se canaliza el enfado postpandemia y sale vencedora Ayuso de ese hastío por las limitaciones, las prohibiciones y la reclusión”, explica el politólogo Pablo Simón. “En las elecciones de 2023 no se ha hablado de pandemia ni de gestión autonómica”, explica. “Pero ahora han confluido dos factores –residencias y el fraude fiscal del novio– que antes no estaban”. “Lo que pasó con las residencias fructificará si pueden colocar el foco en su gestión, porque las movilizaciones por la gestión sí pasan factura, lo vimos en las protestas sanitarias, que es cuando más nerviosismo hubo, aunque a ver de qué hablamos esta legislatura y cuando se vote”.
La oposición también está movilizada para que el asunto siga vivo y en casi todos los plenos de la Asamblea de Madrid hay una pregunta para la presidenta por el tema de las residencias. El avance o no del movimiento de los familiares depende también de si los casos que están en los juzgados prosperan o no, y si la justicia ve o no que los protocolos pudieron ser abusivos o injustos o si la administración pública hizo algo que lesionó el derecho a la vida y a la salud. La Consejería de Sanidad remite a elDiario.es para hablar de residencias a la Consejería de Servicios Sociales y ha señalado que no va a entrar en un asunto del que se ha contado “largo y tendido”.
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