El arquitecto que decidirá qué edificios históricos de Madrid se salvan

“¡Bochornoso!”. Así despide esta entrevista el arquitecto que decidirá qué edificios de Madrid hay que conservar. Acabamos de preguntarle para cerrar una hora de conversación qué opinión le merece la pintada del colectivo Boa Mistura en la fachada del pabellón deportivo de Getafe, que construyó en 2001 Miguel Fisac (1913-2006). ¿Y la intervención de Canalejas? “Modélica”. Enrique Bardají no evita la polémica, aunque tampoco la provoca. Es franco y directo, con esa solvencia de quienes no han faltado a su oficio en más de cuatro décadas. Empezó con Enrique Tierno Galván en el Ayuntamiento, en 1976, como arquitecto municipal y pronto se convirtió en el gerente de Urbanismo del Consistorio, donde estuvo cinco años. Desde 1987 conjuga arquitectura y urbanismo en su estudio de una veintena de personas, ubicado en el barrio de Salamanca. 

Dice que lo que Carlos Lamela hizo en el conjunto de siete edificios de Canalejas fue “modélico”, porque la vista desde la calle Alcalá hacia Sevilla “está muy bien resuelta”. “Alguien tenía que decirlo”, sostiene. Pero -siempre hay un pero- la visión desde el lado contrario del complejo, desde la Puerta del Sol, ya no le entusiasma tanto: “Es dudosa por el exceso de edificabilidad”. Asociaciones como Madrid Ciudadanía y Patrimonio han acusado a Lamela de haberse excedido en el derribo de los siete edificios históricos para OHL, pero también de haber hecho crecer el conjunto (la edificabilidad) más allá de la altura que marca el buen gusto. 

De hecho, el responsable de la transformación de los inmuebles bancarios en hotel de lujo tuvo que defender su intervención ante el Juzgado de lo Penal nº16 de Madrid, porque el Fiscal delegado de Medio Ambiente le acusó de un presunto delito contra el Patrimonio Histórico. El juez absolvió a Lamela. “Este es uno de los grandes males que asolan el urbanismo español: la judicialización de nuestras intervenciones. Ha habido un esfuerzo legislativo en complicar la aplicación de algo tan abstracto como la belleza, la comodidad de los ciudadanos, la mejora del paisaje cívico, etc. Ha llegado un punto en el que no podemos trabajar”, lamenta Enrique Bardají, sentado a la mesa de reuniones de su despacho. Según publica la web de su estudio, ha proyectado más de 18.000 viviendas, la mayoría en la capital y en la Comunidad de Madrid, y ha rehabilitado otras tantas. 

Conservar o destruir, esa es la cuestión

Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, compró a Esperanza Aguirre un retrato de Goya por más de cinco millones de euros y la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid retiró la protección integral de varios edificios del conjunto de arquitecturas históricas de Canalejas, en el que el constructor montó el complejo de lujo, con un superhotel, supercaro. A Bardají no le gusta la “superficialidad” de estos asuntos porque asegura que son mucho más complejos de lo que pensamos. “Es superficial pensar así: integral es bueno y es políticamente correcto, y estructural es malo y políticamente incorrecto”, explica el arquitecto que se encarga de la catalogación de los bienes inmuebles a conservar. 

Desde el escándalo de Canalejas los vestigios históricos de Madrid han descubierto la mayor amenaza para su supervivencia en la alianza entre la política y los intereses privados. Las cocheras de Cuatro Caminos o el Cuartel de Artillería han sido otras dos víctimas mortales de esta unión de fuerzas. Por eso es tan importante el catálogo que clasifica y señala qué edificios de la ciudad no puede permitirse perder Madrid. Con la creación del nuevo catálogo de bienes a conservar se señala lo que es intocable. Y, a pesar de la trascendencia cultural de este documento, desde 1997 no se ha revisado. En 2014 hubo una actualización, pero insuficiente para salvar, por ejemplo, el convento de las Damas Apostólicas de las heridas de muerte. 

Un catálogo de 4.000 edificios

Ahora el equipo de Bardají tendrá que analizar unos 2.000 edificios completos y unos 800 de forma parcial. En cada ficha que se elabore aparecerán los datos arquitectónicos interiores y exteriores, el estado de conservación y el uso actual, con datos gráficos y fotográficos. También revisará los no incluidos hace casi 25 años y ampliará la selección propuesta cuyo límite entonces era la fecha de 1980. Se estima que se analizarán cerca de 400 edificios no incluidos entonces porque se ampliará el marco histórico y añadirán ejemplos del siglo XXI, aunque prefiere no desvelarnos cuáles por “cláusula de confidencialidad”. 

Aunque no avance qué edificios son los que quiere que se protejan, sí que adelanta que propondrá hitos contemporáneos que no son muy populares, pero que tienen “unos componentes de espacialidad, de cariño en el tratamiento del detalle, de vocación integral, que merecen estar en un catálogo”. ¿Entre ellos estarán sus propios proyectos, como el edificio Makro? “Yo no los voy a incluir aunque los propondremos a los técnicos del Ayuntamiento”, indica como medida para salvar el conflicto de intereses. 

Para describir, aportar, actualizar y valorar los edificios de la revisión del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos el Ayuntamiento de Madrid invertirá un millón de euros. La nueva, deseada y esperada catalogación de la arquitectura madrileña en el siglo XXI concluirá en dos años, coincidiendo con el ocaso de la legislatura. Durante este tiempo, un equipo formado por siete arquitectos y dos historiadores se encargarán de redactar las nuevas fichas de las viejas construcciones. Acudirán a los lugares reseñados por el antiguo catálogo a hacer el trabajo desde cero, con nuevas fotografías, nuevos planos y nuevas descripciones. Por cada ficha elaborada, el Ayuntamiento paga 173 euros al estudio. “Es muy poco presupuesto para revisar cerca de 4.000 edificios. Por eso tenemos que hacerlo muy rápidamente”, añade el arquitecto jefe.  

Un documento conflictivo

En la confección del Catálogo hay tres pasos: el primero es la toma de datos; dos, deducir la categoría del edificio y tercero, las obras que se permiten en ese edificio. La clasificación del valor que se le otorga al edificio a proteger señalado por los de Bardají la otorgan los técnicos del Ayuntamiento. Una comisión especial debería concluir si la protección de cada uno de esos miles de edificios es integral, singular, estructural, parcial, ambiental o ninguno. Si es integral apenas se pueden hacer obras y si es ambiental hasta se puede demoler. La última vez que se constituyó algo parecido a una comisión fue en 1997. 

“¿Por qué es importante tener este catálogo? Primero, porque reconocer lo que ha sido nuestra historia es reconocer la identidad madrileña. Pero también porque esta catalogación controlará las obras. Ese es el elemento esencial. Nosotros no trabajamos con los BIC (Bienes de Interés Cultural), trabajamos con la arquitectura de la ciudad. Las arquitecturas que más me preocupan son las que yo llamo 'arquitecturas comparsa'. Las que no tienen foco”, se explica Bardají. Por ejemplo, del inicio de la calle Bravo Murillo, donde no ve edificios extraordinarios pero sí una armonía fuera de lo común. Esa construcción “comparsa” permite obras más amplias y agresivas que los edificios protegidos de manera integral. ¿En qué calle de Madrid se siente confortable como arquitecto? “Aquellas calles de doble arbolado, esas tienen una dignidad y una solvencia. El bulevar de Vallecas es precioso”, cuenta. 

Bardají formó parte, apenas salido de la facultad, de la primera expedición de arquitectos que revisaron y anotaron los edificios históricos en el consistorio madrileño. Cuenta que iban subidos a un dos caballos descapotable apuntando los portales en los que se encontraban los hitos a proteger, y con un letrero en el automóvil que pedía disculpas al resto de conductores por la lentitud en su paso por la calzada. Un Google Street View posfranquista. También le gusta que recordemos el realojamiento de 50.000 chabolas gracias a “la orden comunicada” ejecutada entre 1982 y 1989. “¿Cuándo ha realojado Barcelona a 50.000 familias? Nunca”, sostiene. “Ahora estoy construyendo en Villaverde y está muy bien, si yo tuviese que vivir en algún sitio viviría allí divinamente”, asegura. Bardají vive en el piso superior de su estudio.  

“No es congelar el pasado”

A lo largo de sus más de cuatro décadas de oficio, coinciden en este arquitecto dos fuerzas irreconciliables del urbanismo: la protección y la construcción. Quizás por eso no se declara un arquitecto proteccionista. “¿Cómo los arquitectos que queremos construir podemos estar en la línea de proteger el patrimonio? Bueno, yo no estoy en la línea de proteger el patrimonio, sino de proteger la ciudad. Toda arquitectura que se integra en la ciudad y es buena para la ciudad es buena arquitectura. Toda modificación del patrimonio que se haga desde la perspectiva de la ciudad es una intervención que puede valorarse”, aclara y matiza que, bajo su punto de vista, proteger el patrimonio “no es congelar el pasado”. Esto tampoco gustará a las asociaciones ciudadanas que se dedican a la protección.

Es el responsable del plan de ordenación urbanística del eje Mahou-Calderón donde se levantarán 1.400 viviendas nuevas, a la orilla del río de una ciudad a la que le cuesta cuidar su patrimonio inmobiliario. “Lo que se iba a plantear ahí, que era arquitectónicamente positivo, y me gusta Carlos Rubio Carvajal, estaba descontextualizado, y eso lo vieron las asociaciones vecinales”, dice acerca de los dos rascacielos que no han prosperado. “Nuestro plan lo ha contextualizado con menos brillantez mediática, pero con mucha más solvencia cultural”, añade Bardají. 

Las dos principales dificultades a la hora de crear un Catálogo de Bienes son: “Decidir qué cosa vale y qué cosa no vale en el mundo artístico y, además, la tensión entre propietarios de los edificios y la vocación colectiva del mantenimiento de los mismos. Hay quien quiere intervenir mucho y la catalogación les molesta”, reconoce Bardají. En ese sentido, ¿las viviendas de las clases trabajadoras de Alto de Extremadura o Tetuán serán protegidas? “Esos edificios de autoconstrucción que generan los vecinos en los núcleos originales de algunos distritos deben tener un importante contenido documental, pero tengo mis dudas sobre si son necesariamente protegibles”, indica. De hecho, plantea la duda incluso con la casa de Peironcely donde el fotógrafo Robert Capa tomó la imagen histórica que muestra la rotundidad del desastre de la Guerra Civil. “¿Es interesante mantener la historia del desastre o el edificio? Bueno, el Ayuntamiento ha tomado su decisión”, dice.

La etiqueta de “arquitecto vinculado al PSOE” ha perseguido a Enrique Bardají desde que trabajó en el consistorio junto con Tierno Galván y Juan Barranco. “No me ha interesado nunca la política y llegué a ser gerente de urbanismo de rebote”, declara. Aquellos años los define como “vocación ilusionada”. De todos los edificios que marcaron para proteger, recuerda uno en especial: la sede del PSOE, en Ferraz, 70. Les presentaron la demolición total del edificio cuando el alcalde era José Luis Álvarez y Álvarez (UCD), en 1978. “Nos fuimos a Ferraz y conseguimos que cambiaran de idea y al menos se conservó la fachada. Podían demoler porque no había ningún tipo de protección entonces, pero convencimos a quien nos escuchó después de echarnos una bronca para decirnos quiénes éramos nosotros para hablar de política si éramos arquitectos. Que de política sabía él”, cuenta Bardají. ¿Quién era? “Un tal Felipe”.