Gran rapapolvo judicial al anterior equipo de Gobierno del pequeño municipio madrileño de Fresno del Torote. El magistrado Ángel Rubio del Río ha anulado la recusación contra la interventora del Ayuntamiento, Mª de las Mercedes Sánchez, que aprobó el anterior alcalde, Francisco Galera, para que la trabajadora no pudiera participar en ninguno de los asuntos en los que interviniera él y los cuatro concejales con los que formaba gobierno. El juez describe el clima de guerra abierta entre las dos partes en este pequeño Ayuntamiento y resuelve que la medida buscaba “hacerle la vida imposible” a la interventora.
El sindicato CSIF, que defiende a la trabajadora, ha presentado este jueves la sentencia en Madrid y ha recordado que la interventora tiene aún abierta una querella por acoso contra estos mismos concejales que cuenta con el respaldo del Ministerio Fiscal a la funcionaria.
Fuentes municipales afirman a este medio que el Ayuntamiento de Fresno del Torote, de unos 2.100 habitantes y con la mitad del pueblo despoblado, recurrirá la sentencia y apuntan que no harán más declaraciones sobre el caso.
El fallo se refiere a hechos producidos cuando el alcalde era Francisco Galera, de Unidas Podemos, que gobernaba con cuatro concejales que han sido independientes, pero que algunos ahora pertenecen al PP. Entre ellos, la actual alcaldesa del pueblo, Ana Isabel Arias López.
Una guerra abierta en el Consistorio
La sentencia, fechada el 10 de diciembre, recoge la situación “de duro enfrentamiento entre el aludido equipo de gobierno y la demandante”. Ambas partes se han cruzado varias denuncias, tanto en los tribunales como ante otras autoridades, que finalmente han concluido en esta recusación general de la funcionaria por el Gobierno municipal, que según el juez la dejaba “suspendida prácticamente” de sus funciones.
Mª de las Mercedes Sánchez ha explicado esta mañana en una rueda de prensa que el origen del conflicto surgió por una denuncia de la interventora ante la Fiscalía de una decisión del nuevo equipo que se hizo con el Gobierno tras las elecciones de 2015. “Existe un conflicto entre sus intereses y el cumplimiento de la legalidad”, ha afirmado la funcionaria.
Esa denuncia de la funcionaria ante la Fiscalía no prosperó, como ha reconocido la propia Sánchez y destaca a eldiario.es Iris Barahona, una de las concejalas involucradas en el caso, pero que ya no forma parte del equipo de Gobierno. “Se retiró una reclamación de pago porque se estaba haciendo mal, pero se volvió a ordenar exigiendo ese dinero a la empresa del deudor y de hecho se está cobrando”, sostiene Barahona.
La concejala de Fresno del Torote reconoce una situación “insostenible” de conflicto con esta trabajadora en el Consistorio, pero destaca que “no todo es como parece, todo tiene dos versiones”. La recusación, explica Barahona, se decidió porque la trabajadora también impedía que estos concejales tomaran parte de otras decisiones “porque está pendiente la demanda por acoso contra nosotros, que yo no entiendo por qué estoy ahí, si me iba a comer con ella”.
Actuación “descabellada” del Ayuntamiento
A espera de que el Juzgado de lo penal número 4 de Alcalá de Henares resuelva sobre la querella por acoso, la interventora ha ganado esta denuncia contra su recusación con un fallo muy duro contra el Consistorio. El juez califica de “descabellada” la actuación del equipo de Gobierno y además apunta que remitirá esta resolución judicial al Ministerio Fiscal “por si hubiera indicios con la actuación impugnada de delito de prevaricación administrativa”.
El magistrado concluye que no cabe una recusación general como la acordada para la trabajadora. “Quedaría de facto la demandante suspendida de funciones al margen de todo procedimiento sancionador o disciplinario, y ello por razones de enemistad y no por haber incurrido en falta disciplinaria”, reza el fallo que recuerda que las recusaciones deben referirse a cuestiones concretas y analizar caso a caso, no imponerse así de manera general.
Tampoco comparte el juez la manera en la que el alcalde aprobó la recusación. Al ser parte involucrada en este enfrentamiento, el alcalde no podía autorizarla, ni tampoco ningún otro miembro del equipo de gobierno, ya que el magistrado entiende que no cuentan con la “rectitud y ecuanimidad” necesarias para resolver medida, que debería haber estudiado el Pleno del Ayuntamiento. “Además el alcalde y los otros cuatro concejales tendrían que abstenerse en ese pleno”, añade la sentencia.
El resultado, concluye el juez, fue una decisión que supone “una clara desviación de poder, prohibida por el ordenamiento jurídico”, y que “va dirigida a privarla de sus funciones por razones de enemistad y hacerle la vida imposible”.
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