Su nombre está desde hace varias semanas e incluso meses en boca de muchos y no precisamente por sus aciertos en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, cartera que hace ahora más de un año le encomendó Isabel Díaz Ayuso dentro de su nuevo equipo de Gobierno, configurado tras estrenar el PP mayoría absoluta tanto en la Comunidad de Madrid como en la alcaldía de la capital. Emilio Viciana fue presentado en la Puerta del Sol como un técnico y un gestor, sin ningún perfil político como el de su antecesor, Enrique Ossorio, que fue designado presidente de la Asamblea de Madrid.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y Administrador Civil del Estado desde el año 2006, el responsable de Educación pronto dejó patente que no tenía ninguna experiencia sobre este complicado sector que, junto al de la Sanidad, Ayuso siempre ha querido presentar como uno de los buques insignia de su proyecto para la región con la fórmula de colaboración entre lo público y lo privado. Desde entonces mima especialmente a los centros concertados para los que no ha escatimado ayudas.
Nadie sabe explicar los motivos que llevaron a Ayuso a fijarse en él. Viciana era un auténtico desconocido tanto para los grupos de la oposición como para los sindicatos y los colectivos educativos. Su carrera profesional, según su currículo, se ha desarrollado principalmente en la Administración General del Estado. Ha desempeñado puestos en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el de Administraciones Públicas y, los últimos 11 años, en el de Hacienda y Función Pública como vicesecretario de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Su misterioso nombramiento, de hecho, causó “perplejidad” e incluso “preocupación” confesa entre los responsables de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, al juzgar que la elección implicaba “una escasa consideración hacia la educación”.
Doce meses después, el consejero de Ayuso solo tiene en su haber un reguero de polémicas y varios incendios que ha ido intentando apagar a base de un aparente talante dialogante que solo algunos colectivos educativos le reconocen pero que, sin embargo, no ha sido suficiente para sofocarlos. Según critica Isabel Galvín, Secretaria General Enseñanza CCOO Madrid, Viciana llegó a Educación cuando tenían ya “articulados espacios de diálogo en cuanto a lo relativo a la negociación colectiva, que ha dinamitado él personalmente. Él se encargó personalmente de dinamitar el 8 de abril la negociación colectiva en la mesa sectorial de docentes funcionarios”. “Pero es que también está rota la negociación colectiva en los ámbitos de la enseñanza concertada y también está roto el diálogo en los ámbitos donde se pueden producir espacios de diálogo o de consenso”. Es decir –concluye Galvín–, “donde ya no había diálogo no lo ha promovido y donde se había conseguido mantener un espacio de diálogo y de negociación, pues lo ha dinamitado”.
La portavoz de Educación de Más Madrid, María Pastor, es tajante y asegura que Viciana “no está capacitado para el cargo, no está a la atura de los retos que tiene su área” y ha demostrado que es “incapaz de sacarlos adelante” con sus constantes vaivenes. “Anuncia algo y poco después se retracta y da marcha atrás ante la presión educativa y social”, sentencia.
Como ejemplo, y entre otras muchas cosas, pone la resolución 254 sobre el alumnado autista. Viciana anunció en octubre de 2023 una reorganización de las clases de atención preferente al alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) para aumentar las ratios y que el número de alumnos pasara de cinco a siete, pero sin reforzar el profesorado. Sus planes indignaron a los grupos parlamentarios, a los sindicatos y a las familias afectadas que consideraron que suponía un “recorte en toda regla” y una “segregación basada en la discapacidad”. Tras defenderlo durante meses, en uno de los últimos plenos de la Asamblea de Madrid el consejero reculó y anunció que no se iba a aplicar la medida y que se estudiaría de cara al siguiente curso con “nuevos criterios”, lo que fue considerado como una victoria del sector.
Más Madrid recuerda otra de las “recogidas de cable” de su departamento, como el anuncio que hizo en diciembre del año pasado para la modificación del modelo bilingüe que instauró Esperanza Aguirre en los centros educativos para volver de nuevo solo al castellano en el área de Ciencias Sociales de Educación Primaria, Geografía e Historia de la Educación Secundaria Obligatoria, así como en las materias de Historia de España y de Historia del Mundo Contemporáneo del Bachillerato.
A eso hay que sumar el caos generado con las becas comedor que, tras las quejas de muchas familias por las dificultades para acceder a ellas, terminó con un sobrecoste presupuestario de más de 17 millones con el fin de dar las ayudas a todos los solicitantes, cumplieran o no los requisitos exigidos. Pero, sobre todo, en su contra acumula las cinco huelgas y las manifestaciones masivas que ha provocado su política de recortes en el sector de la enseñanza pública.
Las críticas le han llovido por todas partes, “incluso por parte de los centros concertados que tanto ha mimado Ayuso en la Comunidad de Madrid”, puntualiza Más Madrid. De hecho, el consejero consiguió en la primera gran convocatoria de paros juntar las voluntades de colectivos muy diversos: Infantil, Primaria, Secundaria, sindicatos izquierda, derecha, centro, mayoritarios, minoritarios, e incluso la asamblea de docentes de base Menos Lectivas. Los portavoces de la oposición en la Asamblea regional destacaron ya entonces que no se convocaba una huelga con tanto apoyo desde 2011, cuando la Marea Verde inundó las calles contra los recortes que el exministro José Ignacio Wert impuso a principios de la década pasada.
A ese frente contra Viciana se ha unido también el PSOE. “Nunca ningún consejero había conseguido despertar tanto malestar en tanta gente en tan poco tiempo”, sentencia Esteban Álvarez, expresidente de la asociación Adimad, compuesta por los directores de centros de educación Secundaria y Formación Profesional, que fue fichado por Juan Lobato y ahora es diputado de la Asamblea de Madrid y se ocupa de la portavocía de Educación.
Los socialistas creen que uno de los problemas de Ayuso es que hizo su equipo “pensado muy probablemente para una etapa en la que la presidenta contaba con tener un gobierno central liderado por Alberto Núñez Feijóo donde no sería precisa la confrontación política”, apunta Álvarez. “A nuestro juicio Viciana representa una clara opción por una gestión empresarial de la educación sin atender las necesidades de la educación pública y una clara intención de potenciar las empresas educativas privadas en el ámbito educativo financiadas en muchos casos por el presupuesto público: así ha ocurrido en la Educación obligatoria y postobligatoria y en la universidad”, lamenta, en declaraciones a esta redacción.
Otro de los mayores conflictos que ha provocado el responsable de Educación ha sido la decisión de su departamento y del Gobierno regional de levantar dentro del colegio público Ramiro de Maeztu un centro de élite para hijos de los funcionarios europeos: la Escuela Europea Acreditada (EEA) con idea de que esté lista para el próximo curso y poder acoger a 390 alumnos de infantil, primaria y secundaria distribuidos en 22 aulas. El proyecto ha conseguido sublevar a padres, alumnos y a los responsables del emblemático instituto situado en pleno distrito de Chamartín, un nicho de votos del PP. La rebelión se inició en mayo, cuando lo anunció. Entonces, el socialista Esteban Álvarez advirtió de que si la Comunidad de Madrid seguía con el proyecto adelante su grupo presentaría “un recurso ante el contencioso administrativo solicitando medidas cautelarísimas”.
Poco después la polémica se recrudeció cuando El País desveló que los planes del gobierno regional eran iniciar una segunda fase de ampliación de cara al curso 2028-2029. Al ver el revuelo que se había levantado, Viciana, presionado por los socialistas que le interpelaron en uno de los Plenos de control al Gobierno, se retractó y aseguró que se iba a buscar otra ubicación para la Escuela Europea. “Siempre queremos ponernos del lado de las familias. Seguimos creyendo que la Escuela Europea Acreditada es una buena idea, y que es lógico que exista en una región como Madrid”, afirmó. Sin embargo, la oposición denunció que, pese a todo, las obras se pusieron en marcha. “Está engañando a todo el mundo”, lamentan.
De hecho, esta misma semana elDiario.es revelaba que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo abría diligencias para investigar si hay delito en las obras que la Comunidad de Madrid ha emprendido en el colegio. El organismo público ha pedido al Seprona, de la Guardia Civil, que investigue la reforma, después de que las familias enviaran a los fiscales documentación alertando de una posible afectación a elementos de patrimonio histórico del centro. Entre ellos, el escenario del salón de actos o unos bancos deslizables situados bajo el mismo catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC).
Otro de los líos en el que se ha visto involucrada la consejería de Viciana ha sido debido a sus planes hacia las universidades dependientes de la Comunidad de Madrid que, según la oposición, “las tiene ahora infrafinanciadas y ahogadas” con la excusa de que no cuenta con margen presupuestario suficiente. El consejero está siendo muy criticado por la reforma que planea incluir en la ley de Universidades para poder sancionar a los estudiantes que promuevan escraches o protesta en sus recintos, idea que anunció a raíz de las acampadas que hubo en varias de ellas a favor de Palestina y en contra del genocidio en Gaza.
Viciana se puso del lado de Israel y adelantó que habría “un régimen sancionador específico con sanciones para el vandalismo, la ocupación o los escraches”, destinados a mantener “el orden y el decoro” y garantizar el “buen funcionamiento” de la vida académica, mientras el Gobierno de Ayuso exigía a los rectores que dejaran la “política fuera de las aulas”. Tanto el PSOE como Más Madrid calificaron la medida de “despropósito” y aseguraron que estaba dirigida a “amordazar cualquier expresión de disenso” contra el Gobierno regional.
Los contratos fraccionados para la FP
Uno de los últimos escándalos que afecta a su departamento, que Viciana ha 'heredado' de su antecesor y hoy presidente de la Asamblea regional, Enrique Ossorio, ha surgido a raíz de la información publicada por elDiario.es en la que se desvela que el Gobierno regional fraccionó contratos en más de media docena de centros de Formación Profesional (FP) en Madrid. Las obras millonarias se dividieron en facturas de menos de 40.000 euros para eludir todos los controles, se hicieron fuera del presupuesto, sin expediente oficial y sin pasar ningún control económico. Uno de estos casos está en manos de la Fiscalía ante los indicios de que pueda haber delito de corrupción.
Los socialistas han solicitado varias veces, sin éxito, la comparecencia de Viciana en la Comisión de Contrataciones de la Asamblea de Madrid para que aclare estas irregularidades, según explica a elDiario.es Daniel Rubio, el portavoz del grupo en dicha comisión. También pretenden que la Asamblea de Madrid exija a la Cámara de Cuentas “la fiscalización de las operaciones contractuales adjudicadas por la Comunidad de Madrid en relación con la construcción del IES Ciudad Escolar”. Tampoco esta petición ha prosperado ya que el PP se escudan en que “julio no es mes hábil” para la Asamblea de Madrid.
Por su parte Más Madrid ha pedido en reitereadas ocasiones la celebración de un pleno extraordinario –ya no ha previsto ninguno ordinario hasta septiembre– en el que comparezca Viciana para que dé las pertienentes explicaciones a la luz de esas informaciones de los contratos menores en esos dos centros de FP. Pero este viernes la Junta de Portavoces, dominada por la mayoría absoluta del PP, tumbaba de nuevo la propuesta de los de Bergerot porque creen que no hay ninguna “urgencia”.
Los socialistas y Más Madrid ya han anunciado que recurrirán en amparo ante el Tribunal Constitucional por entender vulnerados sus derechos. “Este asunto en el que se ve claramente una vulneración de la legislación debe ser objeto también de una fiscalización judicial”, ha dicho el portavoz del PSOE, Juan Lobato. “No podemos consentir que más de un millón de euros se fraccionen en contratos de 40.000. No tiene ningún sentido, los que hemos gestionado administraciones públicas sabemos perfectamente cómo funciona esto”, ha añadido. Incluso Vox ha compartido los argumentos de la oposición de izquierdas. Su diputado José Antonio Fúster ha hablado del “asalto a las instituciones” de la presidenta madrileña.
Isabel Galvín, de CCOO, abunda que en lo que respecta a la Formación Profesional el trabajo de Viciana ha sido muy decepcionante. Según relata, en una de las reuniones que mantuvieron con él a principios del pasado mes de abril se comprometió a resolver el problema que había con el profesorado de FP, “tomó muchas notas mientras le explicábamos las quejas y reivindicaciones y nos emplazó a otra reunión para resolverlas”. “Efectivamente, nos convocó a la reunión pero ninguno de esos problemas se ha resuelto. Madrid sigue en ese tema haciendo otra de las características que tiene el gobierno de Ayuso, y en particular el de la consejería de Educación: que la mayor parte de las actuaciones, por no decir todas, son para confrontar con el Gobierno de España. No tienen propuestas concretas para resolver situaciones concretas”, zanja la sindicalista.
El colofón a todo este desbarajuste ha sido los nuevos ceses en Educación. El pasado 3 de julio el Consejo de Gobierno regional decidió destituir a dos de sus altos cargos: Eva María Borrego como Directora General de Educación Infantil, Primaria y Especial; y a Milagros de Pedro Conal como Directora de Área Territorial de Madrid-Este. También fue cesada Silvia Roldán como Viceconsejera de Digitalización. Los ceses no fueron anunciados en la rueda de prensa que semanalmente realiza el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, para dar a dar a conocer los acuerdos adoptados en esas reuniones, algo que extrañó. Con ellos se ahondaba más en la inestabilidad de un departamento que desde que lo dirige Viciana no para de sufrir sobresaltos.
Antes ya había sido cesado el viceconsejero de Política Educativa, José Ignacio Martín Blasco, tras la fusión de dos viceconsejerías, la de Política Educativa y la de Organización Educativa, que pasó a una sola y a denominarse viceconsejería de Política y Organización Educativa, que Viciana encomendó a José Carlos Fernández Borreguero. La destitución de Martín Blasco, al que los sindicados acusaban de falta de diálogo con el sector, sorprendió dentro del PP ya que se trataba de un perfil político muy fuerte y era una persona muy cercana a Ayuso.
La oposición de izquierdas no tiene duda de que Viciana no llega a Navidad y que será el detonante –y la excusa– para que Ayuso abra su primera crisis de Gobierno y remodele su equipo para afrontar la larga legislatura que aún le queda por delante. “Hay gente en el Gobierno regional que parece interesada en utilizar al consejero y que se coma todos los marrones”, sospechan algunos diputados.