Familiares de un centenar de mayores que murieron en residencias de Madrid en pandemia presentan una denuncia colectiva a la Fiscalía

Familiares de 115 mayores que pasaron la COVID sin ser trasladados a hospitales durante marzo y abril de 2020 –7.291 que fallecieron sin ser trasladados en los primeros meses de la pandemia– han presentado este jueves una denuncia colectiva ante la Fiscalía de Madrid en la que relatan la desasistencia que padecieron. De los 115 casos que han denunciado, un total de 111 murieron.

La demanda afecta a 72 residencias de Madrid, la comunidad donde fue más elevada la mortalidad en centros de mayores, ya que se obstaculizó su traslado a hospitales por los llamados “protocolos de la vergüenza” y además no hubo un refuerzo sanitario adecuado en las residencias, pese a lo que prometió y anunció el gobierno de Isabel Díaz Ayuso al principio de la pandemia.

La denuncia colectiva, dada a conocer y amparada por Marea de Residencias y la Asociación 7291 Verdad y Justicia, insta a la Fiscalía a estudiar “la discriminación sufrida por las personas que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia”.

Se trata de una acusación penal, ya que para su presentación se apela al artículo 511 del Código Penal y los denunciantes entienden que se vulneró, ya que se produjo “un delito continuado de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios”. La mayoría de denuncias por muerte de mayores no han prosperado en Madrid, ya que han sido archivadas una tras otra, con alguna excepción como la de Collado Villalba. En Alcoi (Comunitat Valenciana) sí acaba de empezar un juicio por la muerte de la mitad de los residentes de un centro de mayores.

Ramona es una de esos 115 familiares que ha denunciado. “Mi madre falleció en Vitalia Griñón, enfermó el 5 de marzo y hasta el 3 de abril no pudimos sacarla, pero ya fue tarde y falleció. Vamos a denunciar y vamos a llegar hasta donde haga falta llegar”, cuenta, ya que antes de poderla sacar sufrieron un calvario: “Llamamos a la ambulancia, al 112, discutimos con el director de la residencia, nos enteramos de que solo derivaban a los que tenían seguro privado... Hasta donde haga falta llegaremos”.

En este nuevo intento judicial para encontrar “justicia”, como piden en pancartas y concentraciones hace años, aparecen como denunciados 29 personas. Entre ellos, altos cargos del Gobierno de Ayuso (los dos directores de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur y Francisco Martínez Peromingo o el director del 112), el asesor externo del gobierno regional en pandemia Antonio Burgueño (autor de la desastrosa Operación Bicho) y también los 25 geriatras de enlace que eran quienes decidían, según unos parámetros cambiantes, quién era o no derivado a un centro hospitalario.

“Aportamos 60 documentos oficiales en los que se ve cómo se gestionó –son comunicaciones entre la Consejería de Políticas Sociales y la de Sanidad– y se ve que por vivir en residencias no tuvieron las mismas oportunidades que los que vivían en su domicilio, aunque la residencia era su domicilio”, cuenta María Jesús Valero, presidenta de la asociación 7.291.

Carmen López, de Marea de Residencias, ha adelantado también que van a pedir una reunión “con el Fiscal General del Estado y el ministro, porque queremos que se refuerce la Fiscalía de Madrid, ya que estos delitos pueden prescribir en marzo y no sería de recibo que no se pudiera investigar por falta de recursos”.

Entre los documentos que aporta la denuncia, las dos plataformas en defensa de los familiares destacan que se demuestra que los “protocolos de la vergüenza se empezaron a aplicar el 13 de marzo y que el refuerzo médico consistió en enviar 24 médicos y 25 enfermeras” para una población de más de 40.000 mayores que vivían en residencias.