El 26 de febrero de 2021, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se desplazó a Alcorcón. Allí iba a inaugurar una de sus grandes promesas durante la pandemia: un centro de FP a distancia, el IES Ignacio Ellacuría, con un presupuesto inicial de 500.000 euros y levantado en tiempo récord: nueve meses. Era una de las 30 medidas estrella postpandemia que presentó el Gobierno de la Comunidad de Madrid en mayo de 2020, en lo peor de la crisis sanitaria.
Después de pasear por sus aulas junto al entonces consejero Enrique Ossorio, y con los medios y Telemadrid dando cuenta del evento, Díaz Ayuso declaró que era un centro “pionero en España y referencia de la educación online en nuestro país”, un 'hub' de primer nivel tecnológico y “climáticamente neutro”, como vendieron los servicios de prensa de la Puerta del Sol.
Lo que entonces no se hizo público es que era un centro construido de manera opaca e ilegal, ya que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se saltaron todos los controles y la Ley de Contratos del Sector Público, fraccionando facturas y orquestando un sistema de transferencia de fondos a otro instituto para que la obra se pudiera hacer fuera del radar de la Intervención y la fiscalización económica. Con este, son ya al menos ocho los casos de centros educativos de Madrid levantados con fraccionamiento de contratos, una práctica que investiga la Fiscalía y que encaja en el tipo penal de los delitos de corrupción y prevaricación.
En lugar de sacar la obra del Ignacio Ellacuría a concurso público, como obliga la ley en caso de que el coste sea mayor de 40.000 euros más IVA, la Consejería de Educación decidió levantar su proyecto insignia eligiendo a dedo a las empresas que lo harían y troceando contratos y facturas, como si no fueran parte de una misma obra: por un lado facturas de pintura, por otro facturas de ventanas, por otro los baños... Así hasta superar el medio millón de euros.
De esta manera se eludieron los controles económicos y no existió una mesa de contratación independiente que eligiera objetivamente la oferta más conveniente (técnica y económicamente) para los intereses de los ciudadanos, como se hace por imperativo legal en las obras públicas de cierta envergadura.
Como explican algunos expertos consultados, el fraccionamiento de contratos, además de una irregularidad y un posible delito, siempre deja resquicio a la opacidad y multiplica las posibilidades de corrupción. Por qué se hizo así de manera sistemática en este y otros siete casos, a cambio de qué o quién salió beneficiado es algo que aún no se sabe, ya que la Consejería de Educación no ha contestado a esa pregunta. La Fiscalía, que investiga dos de los centros, tampoco ha hecho pública ninguna conclusión al respecto.
Pero, además, para poder pagar la obra en un edificio de nueva creación que no tenía todavía CIF, el Gobierno de Ayuso orquestó un sistema de ingresos y pagos que consistió en mover dinero público entre centros. Tal y como ha podido acreditar elDiario.es, desde las cuentas de la Consejería de Educación se ingresaron más de 200.000 euros al Instituto Luis Buñuel de Móstoles como si esa cantidad fuera para ellos. Entonces, se dio la orden a ese centro de que abonaran las facturas de las constructoras que estaban levantando el edificio de FP en Alcorcón. Cuando éste tuvo personalidad jurídica propia asumió los pagos desde sus propias cuentas hasta abonar la totalidad de la obra con facturas troceadas.
Solo contratos menores
elDiario.es ha confirmado que en el Portal de la Contratación –el lugar donde deben estar colgados todas las licitaciones públicas y contratos menores de la administración– no hay ningún expediente ni concurso de este centro. Solo se encuentran tres contratos de obras menores de 40.000 euros en las fechas en las que construyó el Ignacio Ellacuría.
Dos de ellos, aunque facturados por distintas empresas, pertenecen el mismo dueño que, contactado por elDiario.es, admite que hizo obras allí pero rechaza dar más detalles y remite al propio centro, que remite a preguntar a la Consejería. El Portal de Transparencia, cuyo funcionamiento cambió Ayuso para tener un mayor control sobre él, tampoco ha facilitado a elDiario.es los contratos solicitados alegando que están colgados, pese a que no lo están. La dirección del Ignacio Ellacuría –que acaba de cesar en pleno después de que Educación haya tumbado su proyecto a la reelección– tampoco ha respondido a las llamadas de elDiario.es.
Fuentes conocedoras del funcionamiento de Educación y de estos casos relatan que fue el subdirector de FP entonces, Alfonso Mateos, quien dio la orden de ejecutar el desvío de fondos y el plan de los pagos entre Móstoles y Alcorcón. También es la persona de referencia para los directores de los centros que hicieron obras y que ahora se han revelado ilegales, como ha podido confirmar elDiario.es en documentación por escrito.
Mateos fue cesado en marzo de este año, después de saltara a la luz el caso del fraccionamiento de contratos. Esto ocurrió después que un constructor que no cobró una de las obras que hizo enviara burofaxes a la Consejería y denunciara el caso de un centro de más de dos millones de euros que se hizo sin concurso público en el macrocomplejo educativo de Ciudad Escolar. Tras las numerosas denuncias de este empresario, Educación abrió una investigación y envió el caso a la Fiscalía al ver indicios de delito.
También cesó a Mateos, a quien apunta como el responsable de la trama. Sin embargo, ni Mateos ni los directores de instituto (profesores con cargo) pudieron urdir planes de financiación y construcción de obras en ocho centros de cuatro zonas territoriales distintas, ya que no son competentes en cuestiones técnicas ni tienen capacidad de decidir sobre el dinero y la financiación de centros, sino que gestionan lo que reciben. De hecho, uno de los ocho centros que hicieron fraccionamiento de contratos desvelados por elDiario.es ni siquiera es de FP y no dependía de la subdirección de Mateos.
Responsables políticos
La Consejería estaba entonces dirigida por Enrique Ossorio –hoy presidente de la Asamblea de Madrid–. Su número dos era Rocío Albert, hoy consejera de Economía y Hacienda, y quien tomaba las decisiones de política educativa. Ninguno de los dos responde a las cuestiones de este medio ni sobre por qué se optó por los contratos fraccionados.
Otra de las personas que aparecen como referencia del proyecto de FP a Distancia Ignacio Ellacuría es Manuel Bautista, hoy alcalde de Móstoles y miembro del núcleo duro de Ayuso en el PP de Madrid. En 2020 era director general de Educación Concertada y fue la persona que dio detalles del proyecto, según destacaron algunos artículos de prensa en ese momento.
El grupo parlamentario Más Madrid pidió un pleno extraordinario en julio para que el actual consejero, Emilio Viciana, diera cuenta del caso de los numerosos fraccionamientos de contrato y el PSOE ha puesto una denuncia en Fiscalía para que investigue, como ya hizo el propio consejero Viciana tras salir a la luz el primer caso. El pleno extraordinario no prosperó por la oposición en solitario del PP, que tiene mayoría absoluta en una Asamblea dirigida por el propio Ossorio. La Consejería Educación no contesta a las preguntas de elDiario.es sobre el fraccionamiento por concretas o reiteradas que sean.
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