El instituto de Secundaria (IES) Príncipe Felipe, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, es uno de los (al menos) siete centros educativos que se han construido o reformado fuera de la legalidad en la Comunidad de Madrid. La Consejería de Educación, entonces en manos de Enrique Ossorio –actual presidente de la Asamblea– y Rocío Albert –actual consejera de Economía y Hacienda– hizo edificios millonarios y reformas de cientos de miles de euros utilizando el fraccionamiento de contratos, es decir, haciendo pasar una gran obra por varios contratos menores, lo que posibilita evadir controles de la inspección, de la intervención y no sacar a concurso público la obra. El primer caso desvelado por elDiario.es, el de Ciudad Escolar, está siendo investigado por la Fiscalía ante los indicios de delito.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, se puso en contacto por escrito el 9 de enero de 2023 con la Consejería de Educación a cuenta de las obras hechas en 2022 en el IES Príncipe Felipe, que imparte tanto Bachillerato como FP. En el marco de una inspección, le pedía proyecto y licencia de obra, de manera que daba pista de que se trataba de una obra de cierta magnitud. La reforma costó 233.613,17 euros, muy por encima de lo que la Ley de Contratación del Sector Público califica de contrato menor (el que asciende, como máximo, a 40.000 euros más IVA). Se encargó a dedo a una empresa sin que hubiera concurrencia pública, sin pliegos técnicos y sin mesa de contratación que valorara ofertas. Se reformó toda la planta baja, la biblioteca, se hizo un aula emprendimiento y se renovaron los despachos de Dirección.
La propia Consejería, concretamente, la Dirección de Área Territorial (DAT) Capital –la gestión educativa en Madrid está repartida por áreas geográficas– comprobó, tras recibir la petición de la Agencia Tributaria, que allí no tenían ningún expediente relativo a ese centro. Así lo admite por escrito su responsable, aunque no investiga más.
“De la información recabada de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, que no ha realizado ninguna actuación en el centro en el periodo señalado, se deduce que el centro –en el marco de su autonomía de gestión– ha realizado las obras”, apunta la directora del área, Coral Báez, que le ordena al director del centro que recabe y transmita la información que pide Hacienda. La documentación que se solicitaba era la licencia municipal, el presupuesto, el proyecto, las facturas de la obra y el medio de pago.
Nadie hizo nada más ni se indagó pese a las evidencias de que se trataba de una obra de importancia y la certeza de que no estaba sostenida por ningún expediente en la dirección general encargada de todas las obras de centros educativos. En ese momento se acumulaban al menos siete centros hechos en 2021 y 2022 con fraccionamiento de contratos.
Nadie hizo nada... hasta 2024. A principio de este año es cuando un empresario, que había construido en 2022 un hospital escuela de 2,5 millones en el macrocomplejo educativo de Ciudad Escolar, empieza a enviar burofaxes a altos cargos de Educación alertando de que no ha cobrado más que 700.000 euros (que se le pagaron desde dos institutos de secundaria distintos y también con facturas troceadas). También se reúne con un asesor de Isabel Díaz Ayuso.
Educación abre entonces una investigación y envía el caso de ese centro a la Fiscalía al ver indicios de delito. Fraccionar obras a sabiendas encaja dentro de los tipos penales de corrupción como, por ejemplo, prevaricación, delito para el que se contemplan tanto multas como penas de cárcel. En ese momento, Educación cesó fulminantemente al subdirector de FP, Alfonso Mateos, que ha rechazado hablar con elDiario.es, y se abrió expediente a los dos directores de instituto que pagaron las obras de Ciudad Escolar. Uno de ellos declaró a este medio que siempre siguieron “órdenes de la Dirección General” de la Consejería. El resto de obras desveladas no han sido denunciadas por la Consejería, que asegura que está investigando internamente la que afecta a la Escuela de Arte de Alcalá, de un montante de 1,2 millones y que también se fraccionó.
Fuentes conocedoras del funcionamiento de Educación coinciden en que no es posible que un subdirector de FP –dependía de la hoy consejera de Economía y Hacienda Rocío Albert– y varios directores de instituto –son profesores con cargo– pudieran organizar obras sin la concurrencia del conocimiento y ayuda técnica de la Consejería, ya que se necesitan permisos, proyectos y licencias. El hecho de que afecte a casi todas las zonas de Madrid (cada una tiene un director) y que una de ellas no sea competencia del subdirector cesado –un centro de formación de profesores– revela también que pueda tratarse de un sistema generalizado, según algunas fuentes conocedoras del funcionamiento de la Consejería.
La obra la debía haber sacado a concurso la Dirección General de Infraestructuras de la propia Consejería de Educación, pero no lo hizo. Allí no hay expediente de esta renovación, como bien explica el escrito de la directora de la DAT Capital, porque se contrató como si fuera un sumatorio de obras pequeñas sin relación ente sí, de manera que no fue hecha pública ni tuvo ningún control. En concreto, la obra se troceó en 12 facturas de menos de 40.000 euros. Expertos en derecho administrativo coinciden en que, además de ser ilegal, trocear contratos multiplica la posibilidad de corrupción, ya que son procedimientos fuera del radar de la inspección y suponen opacidad en la elección de empresas, los precios –en los que no hay competencia de ofertas– o los sistemas y momentos de pago.
El caso del IES Príncipe Felipe, en el que Hacienda puso el foco sin que saltara ninguna alarma en la Consejería de Educación, es el mismo modus operandi de las otras seis obras reveladas por elDiario.es. De momento no se sabe quién lo organizó, quién lo sabía, por qué se incumplió sistemáticamente la ley de contratación pública o a cambio de qué.
La Consejería de Educación no ha contestado a ninguna pregunta de elDiario.es, así como tampoco Coral Báez, directora de la DAT Capital donde se ubica el instituto cuya información requirió la Agencia Tributaria.
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