El Gobierno de Ayuso reformó otros cinco centros educativos sin concurso y con facturas troceadas

La Consejería de Educación del Gobierno de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, hizo reformas integrales en al menos otros cinco centros educativos, parte de ellos de secundaria, y fuera de la ley, además de los dos desvelados por elDiario.es, uno de los cuales está investigando la Fiscalía por indicios de delito de corrupción.

Aunque el departamento que dirige desde 2023 Emilio Viciana no admite oficialmente más casos y no contesta a ninguna de las preguntas que se le formulan, este medio ha podido acreditar obras de cientos de miles de euros que se trocearon en facturas de menos de 40.000 euros más IVA para que pasaran por un contrato menor y eludieran todos los controles económicos y de la Intervención de la Comunidad de Madrid que se activan en las grandes obras (superiores a esos 40.000 euros). Constructores, fotos públicas y personal de los centros han confirmado que se hicieron las reformas y que no se sacaron a concurso, como marca la ley. Es el mismo delito por el que se condenó a cuatro años de prisión por prevaricación a la líder de Junts Laura Borràs, en su caso por unas cuantías diez veces más pequeñas que en el caso que acecha al Gobierno de Ayuso.

Con estos cinco casos, son ya siete en la región, aunque no se descarta que puedan ser muchos más, según fuentes consultadas y conocedoras del escándalo. En principio la Consejería lo achacó a un subdirector de FP al que cesó fulminantemente en marzo, aunque conforme se revelan datos se comprueba que el sistema ilegal no se circunscribe a una zona administrativa (la gestión educativa del Gobierno de Ayuso se divide en Direcciones de Área Territorial –DAT–, cada una de las cuales tiene un jefe). Afecta ya a centros de la zona Centro, Este y Sur y Oeste y tampoco se circunscribe a FP o Régimen Especial como Escuelas de Idiomas o Artísticas (la competencia del subdirector cesado), sino que afecta también a un centro de formación del profesorado, dependiente de otro departamento. Además, al menos dos empresas de construcción distintas recibieron los encargos con instrucciones precisas provenientes de personal adscrito a la Consejería de Educación sobre cómo hacer la obra y cobrar.

12 facturas menores para una única reforma

Como ha podido acreditar con documentación elDiario.es, uno de los centros que fraccionó contratos es el instituto de secundaria (IES) Príncipe Felipe, que imparte FP y también Bachillerato en el distrito Fuencarral-El Pardo. Este instituto adscrito a la DAT Centro hizo una reforma de envergadura en 2022, presupuestada en 230.000 euros. Se remodeló toda la planta baja, la biblioteca, los despachos de dirección y se hizo un aula de emprendimiento, un tipo de aula que es apuesta del Gobierno de Ayuso y que pretende fomentar la creación de empleos. Están financiadas con fondos europeos.

Pese a que la ley obligaba a sacar esta obra a licitación pública, dado que superaba los 40.000 euros que impone como límite la Ley de Contratos del Sector Público, desde el departamento de Infraestructuras de la Consejería no se abrió ningún expediente ni se celebró un concurso público, lo que hubiera asegurado la competencia y la fiscalización económica. Una mesa de contratación con técnicos y especialistas hubiera elegido la mejor oferta para los intereses de los ciudadanos y el proceso se hubiera hecho público.

Todo eso se obvió y se eligió a dedo una empresa que presentó un presupuesto. Para pagarle, desde Educación se instauró un modus operandi que aseguraba la opacidad y esquivaba los controles: se fraccionó el importe total en 12 facturas menores de 40.000 euros y se abonó desde la cuenta propia del centro a diferentes filiales de un mismo grupo empresarial para no levantar sospechas. En otros casos de reformas, los pagos provenían de varios centros públicos para que no saltaran las alarmas con los importes, algo que se organizaba desde la Consejería.

Es la operación que se hizo un año antes en el macrocomplejo Ciudad Escolar que investiga la Fiscalía, después de que la propia Consejería viera indicios de delito tras las denuncias de impago del constructor que levantó allí un hospital escuela. Allí se llegaron a abonar 700.000 euros públicos de una obra hecha con presupuesto de 2,5 millones de euros que ha quedado impagada y abandonada. La Consejería apuntó en su escrito al subdirector de FP Alfonso Mateo y a dos directores de FP, desde cuyos centros salió el dinero. Sin embargo, ninguno de todos ellos tenía la capacidad de armar un centro de estas características sin ayuda técnica de otros departamentos de Educación. Lo mismo sucedió en el caso de la Escuela de Arte de Alcalá, que la Consejería asegura estar investigando y que no se ha llevado a Fiscalía, pese a que supuso un desembolso de 1,2 millones de euros públicos con fraccionamiento de contratos, como pudo comprobar y publicó elDiario.es.

Una escuela de idiomas y un centro de formación de profesorado

Otros dos casos similares y en los que se empleó el mismo modus operandi son la Escuela de Idiomas de Leganés y el Centro Territorial de Innovación y Formación Sur (Cetif) de Leganés –que da formación al profesorado y depende dela subdirección de Innovación–. Según ha podido confirmar elDiario.es, por escrito y de manera gráfica, se renovaron completamente suelos, paredes, se demolieron y levantaron tabiques y se renovaron baños. Obras evidentemente superiores a los 40.000 euros y, en este caso, en la DAT Sur.

Fuentes de la empresa constructora que se encargó de ambas renovaciones confirman que no se presentaron a concurso porque no se sacó a ningún concurso. Desde Educación les pidieron un presupuesto, se aceptó y se ejecutaron techos, electricidad, suelos, tarimas y aulas. No han desvelado el importe total ni han querido dar más detalles.

elDiario.es ha podido confirmar con fuentes solventes del Cetif y la propia Escuela de Idiomas que las obras se hicieron completas y de una sola vez en el mismo año, en 2021, motivo por el cual es evidente que se trocearon facturas para poder pagar, ya que si no había una licitación pública –y no consta ninguna de las dos en el Portal de la Contratación de Madrid–, la única manera de abonar fuera del radar de la Intervención y la Inspección es con fondos propios de los centros, en distintos pagos, tal y como se ordenó hacer en el caso de Ciudad Escolar y en el caso de la Escuela de Arte de Alcalá.

Exactamente lo mismo se hizo en el IES Carlos Bousoño de Majadahonda (DAT Oeste) para desembolsar los más de 100.000 euros que costó construir un aula multidisciplinar, un aula de tecnología, el departamento de profesores y los baños de la planta superior. Esta obra se llevó a cabo en el año 2022 y se elaboraron facturas menores para poder pagar, ya que no se sacó a concurso público, como ha podido confirmar también elDiario.es con fuentes del centro. O las mejoras en el IES Pío Baroja (DAT Sur), de menor importe (59.000 euros) pero que tampoco se sacaron a concurso pese a que excedía en 20.000 euros el límite marcado por la ley para hacer un contrato menor.

Además de la confirmación de que se usaron contratos menores también en estos cinco centros, elDiario.es ha podido confirmar que muchos de esos documentos ni siquiera están colgados en el Portal de Contratación de Madrid, el lugar donde supuestamente deberían estar publicados todos los contratos menores y también las obras licitadas. Faltan facturas que se pagaron y en otros casos no se especifica el nombre del centro. Educación no contesta sobre por qué no se pueden encontrar estos contratos ni sobre estas nuevas obras desveladas por elDiario.es.

Fuentes conocedoras del caso coinciden en que no es plausible que un subdirector dependiente de Política Educativa y los directores de instituto (que son profesores con cargo) armaran solos esas obras millonarias y las reformas. En el caso de Alcalá conocían las obras tanto el departamento de Infraestructuras –que pidió los planos y el proyecto al empresario– como el responsable del área este (la llamada Dirección de Área Territorial, DAT). Era Jorge De la Peña, número dos del PP del Alcalá y hoy director general de la educación concertada. Este alto cargo de Ayuso no solo conoció la obra, sino que la visitó en persona, pidió algunas modificaciones en su climatización y se intercambió correos con el constructor.

En el momento de estas obras en los nuevos cinco centros revelados (2021 y 2022) era consejero de Educación Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid. Su número dos era la viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert López-Ibor, peso pesado del PP, cercana a Faes y hoy consejera de Economía y Hacienda de Ayuso, un puesto central en el gobierno autónomico. A cargo de las infraestructuras estaba Nadia Álvarez en 2021 (hoy concejala en el Ayuntamiento de Madrid), a quien sustituyó Manuel Bautista en julio de 2022. Bautista es el actual alcalde de Móstoles y apoyo de Ayuso en el núcleo duro del PP de Madrid.

¿De dónde salió el dinero para pagar todas estas obras y reformas? De las cuentas de los propios institutos, que reciben tanto ingresos ordinarios de funcionamiento como extraordinarios (fondos europeos, Next Generation, del Ministerio de Educación...). Los centros tienen autonomía financiera y son los directores y los equipos directivos los que pueden decidir y los que pueden gastar el dinero (siempre que se trate de contratos menores) con la correspondiente factura y registro. En algunos casos acreditados por elDiario.es, el exsubdirector cesado (por orden de alguien más o no) ordenaba pagos incluso a centros externos que no tenían nada que ver con la obra con el objetivo de que las facturas no fueran recurrentes y evitar que saltaran las alarmas.

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