Los informes del Ejército en la operación pandemia: “El 21 de marzo se produce un giro vertiginoso por las residencias de ancianos de Madrid”

El 15 de marzo de 2020, con España recién confinada tras confirmarse la terrible capacidad de contagio de la COVID-19, una instrucción firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, determinó que las Fuerzas Armadas españolas y sus recursos sanitarios se pondrían al servicio de las autoridades civiles para ayudar en la gestión de la pandemia bajo un mando único, dirigido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, que acabó dimitiendo por haberse vacunado antes de tiempo.

La bautizada como Operación Balmis –en recuerdo del médico que llevó a cabo la expedición de expansión de la vacuna de la viruela a América y Filipinas– tuvo como epílogo un amplio documento de 500 páginas con conclusiones y lecciones aprendidas de uso interno, al que ha tenido acceso elDiario.es a través de una pregunta al Portal de Transparencia y tras varios intentos por conseguir las actas de la pandemia, que no han sido aportadas, alegando Defensa que son documentación de trabajo “auxiliar y de apoyo”.

En el dossier se relata la ingente actividad militar de apoyo social, logístico y sanitario del Ejército en toda España (desde montar hospitales a trasladar material o desinfectar) y también cómo la letalidad en las residencias de mayores obligó a cambiar el rumbo de la operación en el caso de la Comunidad de Madrid.

“Los primeros días las solicitudes de desinfección y de apoyo en general se centraban, principalmente, en apoyos logísticos para el montaje de albergues, desinfección de infraestructuras críticas y apoyo en el control de las medidas decretadas en el Estado de Alarma en centros de comunicaciones neurálgicos de la ciudad”, relata el informe interno sobre las peticiones en la región.

Pero “el 21 de marzo, se produce un giro vertiginoso de la operación, teniendo que reorientar parte de los esfuerzos, por no decir la mayoría, al apoyo en desinfección de residencias de ancianos, ante la evolución de la situación de afección en dichos centros, donde la pandemia estaba golpeando duramente a los más desfavorecidos y creando condiciones que difícilmente harían sostenible el cuidado de nuestros mayores”.

Eso hizo cambiar los planes y la UME (Unidad Militar de Emergencias) pasó semanas desinfectando residencias, donde hizo más de 1.400 actuaciones por la avalancha de peticiones que le hicieron las autoridades civiles. En realidad, desde el día 15 de marzo el servicio de epidemiología estaba alertando al Gobierno Ayuso de un brote de infectados en la residencia de Monte Hermoso y el escenario terrible que se avecinaba en los centros de mayores si no se actuaba, un aviso que no se atendió desde la Comunidad de Madrid.

Al menos desde febrero, el virus ya estaba circulando por muchas de las casi 500 residencias de la Comunidad, con más de 45.000 mayores viviendo dentro y encerrados, porque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había decretado el día 8 de marzo que nadie podía ya salir o entrar. El Gobierno regional decidió que se bloqueara casi toda la derivación de mayores que vivían en residencias a hospitales (se hicieron unos baremos que fueron llamados “los protocolos de la vergüenza”), lo cual ha motivado la presentación el pasado jueves de una denuncia colectiva a la Fiscalía de familiares de 115 ancianos, 111 de los cuales fallecieron.

Los motivos que señala el informe de Defensa para el caos en las residencias fue “en muchos casos el miedo de las personas responsables que las atendían y en otras la falta de recursos hacían a este colectivo más vulnerable”.

Efectivamente, la única iniciativa dedicada a los mayores de residencias en pandemia, que tenían también vetado acudir a los centros de salud, fue la llamada Operación Bicho, la contratación de algunos autónomos que contaron con la ayuda de una decena de médicos de nacionalidad venezolana, sin contrato, y a los que Sanidad nunca pagó. Tampoco se medicalizaron los centros, contra lo anunciado en una nota de prensa oficial y lo que aseguró Díaz Ayuso en una entrevista en Telecinco.

Menos recursos para Extremadura y Castilla-La Mancha

La crítica situación obligó también, según refleja el informe del Ejército, a detraer recursos para Castilla-La Mancha y Extremadura: “La evolución de la situación de las residencias de mayores en Madrid, llevó a adoptar la medida de no asignar o asignar cometidos mínimos al Batallón de la UME con base en Madrid en Extremadura y Castilla-La Mancha, zona de acción habitual de este Batallón”. El panorama que encontraron las Fuerzas Armadas fue plasmado números meses más tarde por el Comité Europeo de las Regiones, que estimó que Madrid fue la región de Europa con más exceso de muertes en pandemia, con un 44% más de lo habitual. Por detrás se situaron la región italiana de Lombardía (39%) o Castilla-La Mancha (34%).

Esos mismos días, y mientras que muchas familias intentaban sacar a sus familiares –aunque les supuso seguir pagando para no perder la plaza–, la Comunidad de Madrid decidió iniciar un proyecto que consumió gran parte de los recursos de los militares españoles asignados a Madrid: el hospital de campaña en Ifema, acondicionado en 30 horas desde la nada.

El brutal proyecto de levantar Ifema

“El primer día de la operación [Balmis], el 16 de marzo, se recibe una petición de Samur Social Madrid para el establecimiento de un albergue provisional para personas sin techo en el Recinto Ferial de Madrid (...). Sin solución de continuidad, con el albergue de Ifema recién montado, el 20 de marzo se solicita por el Samur Social de Madrid el montaje de un segundo albergue”. Cuando estaban en ello, Isabel Díaz Ayuso hace virar de nuevo todo y emprende la construcción de un hospital en el propio Ifema, justo cuando los brotes de las residencias empezaban a conocerse.

“El montaje de este hospital ha supuesto un reto nunca visto hasta ahora, montar un hospital de campaña con capacidad para atender aproximadamente a 5.000 enfermos en un pabellón diáfano donde no había absolutamente nada”, continúa el dossier, que destaca como positiva la enorme colaboración con las autoridades civiles para poner en marcha esta “obra faraónica”.

Ifema requirió de los mejores hombres y mujeres del Ejército: “Se designó al personal con mejores cualificaciones que pudieran aportar su experiencia y conocimientos para llevar a cabo esta colosal empresa”. Se enviaron médicos y sanitarios militares “montando y dando servicio a 6 puestos UCI para pacientes críticos. Desde este momento, el personal permanecerá en las instalaciones, cuidando, 24 horas al día, 7 días a la semana, a los enfermos de la UCI, hasta el momento del cierre del hospital el 1 de mayo de 2020”. Este hospital de campaña acabó tratando básicamente casos leves y se derivó allí a 23 mayores de residencias cuyo estado no revestía gravedad.

Con todo, la visión que tiene el Ejército de este proyecto es positiva, como refleja el informe: “El trabajo realizado en estos meses en este hospital muestra la importancia de las relaciones cívico-militares y el potenciar esta relación como una muestra más de la interrelación necesaria entre las Fuerzas Armadas y la sociedad a la que sirven”.

El otro punto que destaca el Ejército en Madrid fue “la gestión de cadáveres y el traslado de féretros desde diferentes hospitales de Madrid a los depósitos intermedios establecidos por la Comunidad ante la saturación de los servicios funerarios. Esta actividad es de las más difíciles que se han llevado a cabo durante la Operación Balmis, física, pero sobre todo psicológica y anímicamente”, admite. De hecho, desde el Ministerio de Defensa se informó de que, al llegar a algunas residencias, los miembros de las Fuerzas Armadas habían encontrado cadáveres compartiendo espacio con ancianos vivos, aunque esas fuentes no especificaron en qué centros sucedió o si era en Madrid.

Además de los datos madrileños, el informe de la Operación Balmis hace un pormenorizado recorrido por todas y cada una de las comunidades autónomas, y destaca que en 98 días se hicieron 20.000 actuaciones en más de 2.000 localidades y 5.300 intervenciones en residencias de todo el país, entre otras labores. El análisis final es positivo, detecta algunas mejoras posibles de coordinación en situaciones futuras y reflexiona a modo de conclusión que “debemos fortalecer nuestro sistema de gestión de crisis para poder actuar de forma más rápida en las etapas iniciales de la emergencia y garantizar esa protección a nuestros ciudadanos (...). Esta operación ha dejado otras singularidades, han sido numerosas, pero una destaca sobremanera: la voluntad de vencer de todo el colectivo que ha tenido el privilegio de participar en Balmis. La alineación de todos los niveles, del político al táctico, en el estricto cumplimiento de la misión principal, salvar vidas, ha sido del todo ejemplar, un modelo a seguir en el futuro”.