La Justicia confirma la anulación del doctorado de una exdiputada de Ciudadanos por “plagio”

De un sobresaliente cum laude a una fe de erratas de diez páginas que encabeza la tesis y que cuestiona su rigor académico. Esta ha sido la evolución del doctorado en Derecho de Emilia Fernández, diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid entre 2019 y 2021. La Universidad Complutense, que le otorgó el título en 2016, inició cuatro años después una investigación que concluyó con la anulación del doctorado por “falta de originalidad de la tesis”, una decisión que ha sido respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con una sentencia en la que los jueces llegan a hablar de “plagio”. Fuentes del rectorado confirman la excepcionalidad del caso, ya que solo tienen constancia de otro procedimiento similar más en toda la Complutense. 

El texto escrutado consta de más de 300 páginas publicadas bajo el título ‘Custodia compartida y protección jurídica del menor’, defendido en febrero de 2016 en el departamento de Derecho Civil de la Universidad Complutense. Este trabajo le valió a Fernández, que ha sido profesora universitaria de Derecho, la calificación de sobresaliente cum laude. En 2023 se presentó a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid como número tres de Ciudadanos, ya con una sentencia judicial que confirmaba la decisión del rectorado. 

El proceso de revisión del título comenzó en 2018, cuando un profesor universitario avisó a la coordinadora del programa de Doctorado de Derecho de la Universidad Complutense sobre una “similitud significativa” entre la tesis de Fernández y su propio doctorado, titulado ‘El interés del menor en la custodia compartida’, que abordaba un tema similar, según la documentación consultada por elDiario.es. Este académico defendió su investigación en la Universidad de Salamanca en 2008.

Sentencia recurrida

Ante la solicitud del docente afectado, la Complutense recurrió a dos expertas en Derecho Civil para evaluar el caso. Los análisis realizados concluyeron que existían “numerosas y concretas coincidencias entre ambos trabajos de investigación”. Además, determinaron que la tesis doctoral de Fernández incurría “en graves deficiencias e irregularidades a la hora de citar textos y autores, sin aplicar los criterios de reconocimiento de la autoría ajena propios de la metodología científica”. Así lo recoge la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado 12 de septiembre y que ha sido recurrida, tal y como confirma la afectada. 

Fernández se desmarca de las acusaciones tanto de la Justicia como del Rectorado de la Complutense, se considera víctima de “un proceso injusto y arbitrario”. En conversación con esta redacción, asegura que no se inspiró en el doctorado del reclamante para realizar su investigación. “No me leí la tesis, me leí el libro, pero me leí libros de tropecientos autores”, explica, para justificar que el trabajo del docente que inició este procedimiento es una más de las fuentes a las que recurrió en la elaboración de su tesis. De manera similar, Fernández sostiene que los dos “compartieron” fuentes comunes, es decir, siempre según su versión, en ambos trabajos se citaba a autores de referencia en el campo de la custodia de menores. 

La tesis inicialmente presentada por la recurrente no había referencias a la tesis de la Universidad de Salamanca defendida en el año 2008 por el codemandado, no siendo hasta un momento posterior cuando la recurrente" las incluyó

No obstante, la exdiputada autonómica reconoce que no revisó “bien” su “tesis antes de presentarla”. “De ahí a que hubiera habido una mala fe, por supuesto que no”, reseña para defender su trabajo. Además, sostiene que tanto ella como su directora de tesis han mantenido una diligencia “impecable” en todo el procedimiento de investigación. Tras finalizar la tesis, constató que “había habido una serie de datos erróneos” y citas inexistentes. Para subsanarlo, incluyó una fe de erratas, tal y como le sugirió la Universidad, según explica ella misma. 

Para los jueces es relevante que “inicialmente” en el doctorado anulado no hubiese “referencias a la tesis” del profesor afectado, lo que el juzgado de primera instancia interpretó como una indicación de “falta de rigor y honestidad del trabajo presentado”. Según la sentencia, esas citas no fueron incluidas hasta 2019, a través de una fe de erratas y se incorporó ya después de que el profesor copiado presentase la solicitud de revisión. Fernández desmiente esta acusación. “Hice una fe de erratas antes de saber que se abría un procedimiento”, explica. 

La Universidad no tenía programas antiplagio

Actualmente, la fe de erratas precede la tesis, ocupando diez páginas situadas antes del índice. En este texto añadido posteriormente, la autora de la investigación corrigió “ciertos errores” ocasionados por “la pérdida de datos en determinados momentos”. Entre las matizaciones, incluyó todas las citas a la obra académica del reclamante, con un total de 17 referencias incorporadas a posteriori. La exdiputada asegura a elDiario.es que en la Universidad le explicaron que este era un “procedimiento bastante habitual” para incluir modificaciones. 

Tras un proceso que se extendió varios años, el 10 de diciembre de 2020 el rector de la Complutense emitió una resolución con la que declaró la “procedencia de la revisión de oficio y en consecuencia” anuló el título de doctorado a la recurrente por “la falta de originalidad de la tesis doctoral titulada ‘Custodia compartida y protección jurídica del menor'”. 

La tesis de la actora podrá ser un trabajo divulgativo de la evolución legislativa y jurisprudencia de la guarda y custodia del menor, pero no es un trabajo original

La doctorada recurrió esta decisión ante los tribunales. Ni en primera instancia, ni en un recurso posterior la Justicia le ha dado la razón. Al contrario, los magistrados del TSJM determinan que “del análisis de la prueba practicada se desprende la existencia de un auténtico plagio de la tesis doctoral”. Aun así, la exdiputada insiste en que el fallo todavía no es firme y está a la espera de que el Supremo se posicione sobre su recurso. 

“La tesis de la actora podrá ser un trabajo divulgativo de la evolución legislativa y jurisprudencial de la guarda y custodia del menor, pero no es un trabajo original de investigación que permita acceder al grado de Doctor”, recoge la sentencia emitida en septiembre, en la que los jueces también reseñan que en la investigación analizada no hay “una idea propia que vertebre el trabajo de la actora, y que dé lugar a la creación de un trabajo original de investigación”. 

Antes de que se alcanzase una resolución, este conflicto pasó en dos ocasiones por la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. En los informes emitidos por dicho organismo explican que en 2016, cuando se leyó la tesis, “ni el departamento de Derecho Civil, ni la Universidad Complutense de Madrid disponían de programas de detección antiplagio, para poder someter a los mismos la tesis doctoral”, según la documentación consultada por esta redacción.

La afectada denuncia “irregularidades” en el proceso

Tras conocer las acusaciones en contra del trabajo de Fernández, “todos los miembros del tribunal” se mostraron “absolutamente favorables a la anulación del título de doctor concedido”, tras consultar los informes elaborados y “dadas las múltiples coincidencias constatadas posteriormente”, añade el organismo consultivo autonómico.  

La única discrepante fue la directora, que defendió “la validez del trabajo” de su pupila. En esa línea, argumentó que “entre las tesis comparadas hay una diferencia de ocho años y que, pese a que el trabajo de cuya revisión se trata partiera de los análisis de la tesis del 2008, en la del 2016 se habría incluido la evolución legislativa y jurisprudencial en la materia de la guarda y custodia”. elDiario.es ha intentado recabar la versión de la directora de la tesis y de los miembros del tribunal, sin éxito por el momento.

Tras un proceso que se ha alargado varios años, la exdiputada sostiene que ha sido víctima de “una serie de irregularidades”. En primer lugar, explica que desconoce cómo el profesor reclamante accedió a su tesis en 2018 porque, según reseña, su trabajo académico “ni siquiera estaba publicado” en ese momento. Además, señala que se han producido anomalías “en las notificaciones” y “en los plazos”. Por su parte, desde el gabinete de prensa de la UCM se limitan a asegurar que están esperando a que el asunto se resuelva en los tribunales para emitir una orden de retirada del doctorado, si finalmente la Justicia no falla a favor de la exdiputada. 

Como consecuencia de la revisión de su tesis, Fernández ha abandonado la docencia universitaria. Se siente, según explica a elDiario.es, “un peón dentro de un sistema” universitario “muy endogámico”, donde esta decisión impedirá que su directora obtenga “una cátedra en el departamento”.

Además, califica como una circunstancia “extraña” que desde hace poco menos de un año su directora de tesis y el reclamante compartan departamento en la Facultad de Derecho de la Complutense. Lo hacen desde que el denunciante ganó un concurso para optar a la plaza, tal y como explican fuentes del Rectorado, que aseguran que el proceso para obtener ese puesto de trabajo ha sido “limpio”. Estas mismas fuentes apuntan que “no hay absolutamente nada irreprochable” en el proceso de obtención de la plaza porque el reclamante tiene “méritos más que suficientes para ocuparla”.