La Comunidad de Madrid ha conseguido que la Justicia permita que el expediente académico de Isabel Díaz Ayuso, por el momento, siga siendo un misterio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado una petición de medidas cautelares del ejecutivo regional y ha suspendido la ejecución de la orden del Consejo de Transparencia que obliga a hacer públicos esos datos sobre la presidenta madrileña a petición de una ciudadana. No hay un plazo determinado para el final de esas cautelares, pero si se mantienen hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto es previsible que el expediente siga oculto durante, al menos, medio año.
El nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como “alumna ilustre” de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, decidido en diciembre de 2022 y materializado el pasado enero, generó una fuerte oposición entre profesores, alumnos y trabajadores de la universidad madrileña. Además, a diferencia de los demás designados como merecedores de tal distinción, que fueron sometidos a votación por los integrantes del Consejo de Gobierno de dicha facultad, su nombramiento fue realizado a propuesta del propio Rectorado, que, según el Reglamento, tiene competencias para hacerlo.
El caso llegó hasta el Consejo de Transparencia después de que una periodista de Newtral solicitase al Portal de Transparencia los datos académicos de la presidenta. El Consejo de Transparencia de Madrid –cuyo funcionamiento reformará este viernes la Asamblea de Madrid– es el órgano que vela por el cumplimiento de la ley de Transparencia y es el que tiene que resolver las reclamaciones y denuncias que puede interponer la ciudadanía cuando el Gobierno o una administración de esta región pretende ocultar información pública. La petición fue denegada en primera instancia por el Gobierno regional con la excusa de que trataba de una cuestión “privada” y que no afectaba a su elección como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, después de estudiar todos los pormenores del caso, el Consejo finalmente falló a favor de la solicitante e instó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Pública de la Comunidad de Madrid a solicitar a la Universidad Complutense dicho expediente para que la solicitante pudiera acceder al mismo. Fue entonces cuando el Ejecutivo de Ayuso presentó un recurso ante los tribunales para impedirlo, solicitando en su escrito que se aplicaran medidas cautelares, es decir, que se paralizara dicha resolución del Consejo de Transparencia hasta que la Justicia no resolviera el recurso de la CAM y hubiera una sentencia sobre el fondo del asunto, lo que dilataría el proceso varios meses.
Es lo que consiguió hace unas pocas semanas la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, según ha podido saber elDiario.es. La sección octava de lo contencioso del TSJM estimó la petición de medidas cautelares de la Comunidad y suspendió de forma cautelar la ejecución del acuerdo, lo que en la práctica frena la posibilidad de obligar a la administración regional a hacer público el expediente por el momento.
Los jueces explican, en primer lugar, que no paralizar la ejecución de la orden de Transparencia quitaría cualquier valor al recurso que ha presentado la Comunidad de Madrid: si en el futuro una sentencia estima sus pretensiones y dice que no hay obligación de hacer público el expediente académico de Ayuso, ya se habría difundido y sería demasiado tarde. “Implicaría la completa ineficacia de una sentencia estimatoria”. También se sorprenden los jueces de que el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, organismo autónomo pero adscrito a la Asamblea regional, no haya presentado ninguna alegación en defensa de su propia resolución.
PSOE y Más Madrid no entienden el “afán” de Ayuso de “pleitear”
Conocida la decisión del tribunal madrileño tanto el PSOE como Más Madrid han afeado al Gobierno regional el afán de querer pleitear para que no se conozca el expediente académico de Ayuso. Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid asegura a esta redacción que no entienden “tanta obsesión con pleitear y ocultar esto. Nos vale con que la Sra. Ayuso diga ella misma que todo lo que dice su Portal de Transparencia de si misma es verdad, así de sencillo”.
Por su parte, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, cree que la presidenta regional “es alérgica a la transparencia y por eso hoy aprueba una ley para dejar en nada las atribuciones del Consejo de Transparencia. Si Ayuso no tiene nada que ocultar, debería hacer público su expediente académico. Litigar con el dinero de todos para evitar que se conozca su expediente no hace más que acrecentar las sospechas, peor aun con los antecedentes del PP madrileño”.
“Esto cada día se parece más a algo que ya hemos vivido en Madrid. Ya hubo una presidenta que quiso esconder su expediente y no tuvo un buen final. Esperemos que la historia no se repita”, zanja Bergerot.
La Asamblea aprueba cambios en el funcionamiento del Consejo
Precisamente este viernes la Asamblea de Madrid sometía a debate cambios en más de una docena de leyes, entre ellas el funcionamiento del Consejo de Transparencia a través de una ley 'ómnibus'. La reforma establece que a partir de ahora será el Gobierno regional el que tendrá la potestad de elegir al presidente de este organismo, eliminando la figura de los tres vocales miembros que en la actualidad se rotaban cada dos años para ocupar ese cargo. El presidente sea nombrado por el propio Gobierno regional para un periodo de cuatro años, prorrogable por cuatro años más.
Actualmente el Consejo de Transparencia y Participación lo forman tres consejeros nombrados a propuesta del Pleno de la Asamblea de Madrid, por mayoría de las tres quintas partes. Estos tres miembros están en el cargo por un periodo de seis años, y se distribuyen rotatoriamente la presidencia cada dos años. Pero con la nueva ley desaparecen y solo habra un responsable máximo de este órgano elegido por el Ejecutivo a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia que en la actualidad es Miguel Ángel García.
Además, la ley actual exigía diez años de experiencia profesional acreditada en actividades relacionadas con el sector público, la transparencia y el acceso a la información pública para acceder a formar parte del Consejo. Ahora este requisito ya no será imprescindible, con lo cual podría ser un exdiputado del PP que jamás haya tenido relación ni actividad alguna con la transparencia o el sector público.
Otro de los cambios que se introducirá será añadir al nuevo Consejo las competencias de protección de datos. La idea es situar en el mismo nivel la protección de datos que la transparencia, de modo que los conflicto de intereses recaerán en el nuevo Consejo, cuando hasta ahora no era así. Por ello cambiará de nombre y pasará a llamarse Consejo de Transparencia y Protección de Datos.
También se elimina el régimen sancionador contemplado en la norma para las Administraciones que incumplen la normativa en materia de transparencia, que fue una exigencia de PSOE y Ciudadanos de Transparencia, después de los casos que protagonizaron los expresidentes Francisco Granados, Ignacio González y Cristina Cifuentes.