Lazos naranjas, cartas a los padres y bastante desinformación en los colegios concertados de Madrid

La hija de Alejandra llegó la semana pasada del colegio “intrigada”, según recordaba este lunes su madre a las puertas del centro. Las verjas del recinto se habían llenado de listones naranjas en señal de protesta por la nueva ley de Educación aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado jueves y la niña, de entrada, parecía convencida. “Todos estamos en contra”, aseguraba estos días en casa. Pero cuando la madre le preguntó el porqué, la pequeña no acertaba a señalar el motivo.

La razón aparente es la respuesta organizada de los colegios concertados contra la llamada Ley Celaá –en referencia a la ministra de Educación, Isabel Celaá–, que entienden como una amenaza para la propia existencia de su modelo de educación privada, mayoritariamente religiosa, sufragada con recursos públicos. El colegio en cuestión es el Blanca de Castilla, en el barrio madrileño de Chamberí. Aparte de las verjas con fronda de lazos hay un cartel bien grande encima de la puerta principal con otro lazo pintado y la leyenda “#Stop Ley Celáa”.

Los padres que llevan o recogen a sus hijos entre las 12.00 y las 15.00 horas tienen opiniones diversas sobre el asunto. Tres o cuarto indican que prefieren no pronunciarse. Laura, con dos niños en Primaria, explica que entre lo que dicen unas televisiones y lo que dicen otras tiene un “jaleo” importante y no quiere dar una opinión infundada. Los niños miran a la madre. “¿Os gustan los lacitos?”. “Síii”, cantan. Edwin tiene una pequeña matriculada, pero no una opinión rotunda: “Soy peruano y estamos con problemas allí también, no estuve muy pendiente”.

Una mujer con prisa, pero las ideas más claras, se va corriendo tras decir que la protesta le parece bien “porque [la nueva ley] es un atropello contra la escuela concertada”. Orlando, que se entretiene con el teléfono mientras espera por su niña, está convencido de que la intención del Gobierno es “cargarse el sistema establecido”, lo que le parece mal. Slavi, con dos retoños de 9 y 13 años, se muestra más “neutral”, y apunta que parte de la protesta puede venir, de que el profesorado tendría que aprobar oposiciones, ahora que sectores de la derecha pronostican el fin de la escuela concertada. A ella no le desagrada, en cualquier caso, que exista una opción escolar intermedia entre pública y privada.

Lo que la ley propone, en realidad, es eliminar la mención a la “demanda social” de plazas concertadas, concepto añadido por la ley de 2013 aprobada por el PP con mayoría absoluta y que en Madrid se viene empleando desde entonces en zonas con escasez de plazas públicas para justificar los conciertos en detrimento de aquellas. Ese mismo argumento es que el que han empleado los sucesivos Gobiernos de Madrid para ceder suelo público a promotores de estos centros, algo que prohibirá la nueva norma cuando entre en vigor.

“Quieren quitar el castellano”, sostienen dos alumnos

Álvaro y Alejandro, dos de los alumnos del Blanca de Castilla, salen un poco antes de las 15.00 horas y se entretienen un rato en la puerta del centro, que está enfrente de la sede del PP en el distrito. Cursan 4º de ESO y responden enseguida que el problema deriva de que “quieren quitar el castellano y que desaparezca la concertada”. Pero a ellos en clase no les han dicho nada al respecto y la idea de colgar los lazos creen que fue de algunos “profesores y padres”.

En ese momento, en la misma calle, pero un poco más abajo, empieza a sonar un pandero contundente, casi marcial. Es María Victoria Fernández, directora del colegio Nicoli, de cuya fachada pende un gran lazo que cubre toda la cristalera. Le siguen con otros instrumentos de percusión seis mujeres de la plantilla. Son solo cinco minutos, con breve incursión por la acera hasta el cruce y vuelta. “Para que haya educación, lo primero que tiene que existir es libertad, sobre todo de los padres”, defiende Fernández al término. La responsable del centro explica que los cinco colegios concertados del área (el Nicoli, el Blanca de Castilla, los Maristas, las esclavas del Sagrado Corazón y la Inmaculada Marillac) se han puesto de acuerdo para la lectura semanal de un manifiesto contra la reforma legal, cada miércoles en uno de los centros.

El colegio de Maristas, precisamente, mandó una circular a las “familias y miembros de la comunidad educativa”, en la que pide unirse a la campaña y entrar en una página web patrocinada por la patronal concertada para firmar en contra de la ley. El texto alega que es mal momento para la reforma, que se desplaza el papel de los padres y se hace peligrar el trabajo de profesores, además de amenazar el papel de la Religión en perjuicio de los “más de tres millones de alumnos que eligen voluntariamente” cursarla, entre otros peligros.

En realidad el nuevo texto se limita a eliminar la asignatura alternativa (quien no quiera estudiar Religión no tendrá que cursar otra materia) e impedir que la Religión cuente para la nota media del expediente académico.

La directora del Nicoli es crítica también con “las maneras con que están sacando esta ley, en el momento en que estamos en que hay cosas mucho más importantes”, e incide en que se “restringe totalmente la libertad de los padres de elegir centro”. Fernández explica que la protesta viene de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, conjuntamente con los profesores, y que tienen “muy claro” que los estudiantes “no pueden meterse en estos acontecimientos”. A esa pequeña marcha reivindicativa asiste, divertida, Paqui, que no sabe si dar palmas. “Creo que tengo derecho a opinar sobre el colegio de mi hija [Cayetana, de 12 años] y ella también”, apunta, pero avisa: “Yo de política no entiendo”.