El informe elaborado por una de las letradas de la Asamblea de Madrid, al que ha tenido acceso esta redacción, pone en duda la constitucionalidad de algunos de los cambios que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere realizar sobre el funcionamiento de la televisión pública regional, que el PP ha plasmado en una Proposición de Ley registrada bajo el amplio nombre de “medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de las instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid” pero que afecta hasta a 15 textos legislativos.
El PP ha decidido finalmente enmendar esta modificación de la ley de Telemadrid para evitar los “problemas” legales que ven los servicios jurídicos. Mediante esta Proposición de Ley, conocida como ley 'ómnibus' por el conjunto de textos a los que afecta, el Gobierno regional, entre otras cosas, podrá hacerse hacerse con el control de Telemadrid, la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia. Cada una de estas reformas legales va en la línea de limitar la labor de fiscalización al gobierno regional por parte de la oposición, así como de otros organismos públicos. La norma se tramitará por la vía de urgencia, lo que acorta los plazos e impide que el resto de grupos de la Asamblea de Madrid puedan presentar enmiendas.
El informe, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, consta de 41 páginas y está firmado por una de las letradas de la Cámara. En él se reconoce que este sistema de reformas es constitucional, aunque “reprochable desde el punto de vista de la técnica legislativa”. Sin embargo, duda de que alguno de los cambios planteados en la elección de los órganos de gobierno de Telemadrid puedan estar amparados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Madrid ya que “serían contrarios al control parlamentario” de los medios de comunicación de titularidad pública. En concreto, pone en cuestión que el director general del ente pase a ser elegido por el Gobierno restando esta atribución al Consejo de Administración, cuyos miembros sí elige la Asamblea.
Con la nueva reforma que plantean en el PP, Ayuso da un nueva vuelta de tuerca para que el control sea absoluto y la fiscalización por parte de la oposición sea mínima. De entrada, plantea que el consejo de administración pase de cinco a siete consejeros. Actualmente, como todos los grupos deben estar representados en el mismo, el PP cuenta con dos consejeros, Más Madrid con uno, el PSOE con uno y Vox con otro. Si se pasa a siete, el PP con su mayoría absoluta tendrá cuatro, lo que le otorgará mayoría absoluta.
De esta forma, la ley cambia también el sistema de elección de la figura del director general “para evitar situaciones de interinidad prolongadas en el tiempo” y establece que será “la Junta General de Accionistas de Radio Televisión Madrid a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad” quien lo nombre. Es decir, la nueva mayoría del PP sin que tenga que pasar por una votación por la Asamblea de Madrid.
La oposición, incluida Vox, ha criticado la ley por su contenido y por la manera de tramitarla. El portavoz de los socialistas, Juan Lobato, acusó a la presidenta regional de registrar una norma que va “contra la fiscalización, la transparencia” y de querer “colar por la puerta de atrás el desmantelamiento de la Cámara de Cuentas o la posibilidad de un Telemadrid plural”.
Por su parte, la anterior portavoz de Más Madrid, Mónica García, ahora ministra de Sanidad, alertó en su día de que la ley incluye el “asalto definitivo” a Telemadrid, modifica la fiscalización de la Cámara de Cuentas y afecta al Consejo de Transparencia, por el que la oposición “consigue más información de la que da la Comunidad”. “También hacen una modificación del suelo, que supongo que es para lo de siempre, para volver a liberalizar suelo y que sea para los de siempre. En definitiva, la dictadura por la puerta de atrás, la presidenta que ha hablado de las dictaduras por la puerta atrás, lo que nos ha colado son 15 modificaciones legislativas todas por procedimiento de urgencia y algunas de lectura única”, remató.