“¿Alguien puede imaginar el efecto de esa carta certificada sobre nosotros? ¿Alguien puede acercarse al alud de emociones en el que estamos enterrados tras esa carta?”. Se lo pregunta Esther Ortega que, el 15 de abril de 2020, en lo peor de la pandemia, se plantó en la puerta de la residencia concertada Orpea Alcobendas y exigió sacar tanto a su padre –con una plaza concertada por la que pagaba 600 euros mensuales– como a su madre –en una plaza privada por la que pagaba 3.000 euros–.
La carta en cuestión llegó el pasado viernes. Es un correo certificado que le ha hecho remover un “trauma”. Está firmada por Cesáreo de la Puebla, subdirector de Prestaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, y se le exige que pague 2.586,95 euros por cinco meses en una residencia de mayores en la que su padre ya no estaba, porque renunció a la plaza para ir a un centro de día, como debe de constar en el sistema público, que gestionó el traspaso. “Esto es una vergüenza y es indignante, y nos remueve todo lo que hemos pasado a mi madre y a mí”.
La cadena de despropósitos arrancó en marzo de 2020, cuando las residencias de Madrid alcanzaron un pico de fallecidos que batió todos los récords de España. Ni se reforzó el personal, ni se derivó a los mayores que vivían allí a los hospitales. Casi la mitad del personal enfermó o estaba de baja. Los mayores no podían salir. Los familiares no podían entrar. Y Esther, ante el panorama de descontrol y la desatención en la que vio a sus padres, fue a la residencia en persona y exigió llevárselos a casa.
Aunque intentó suspender los pagos de su padre durante el tiempo que ella lo cuidó en su domicilio, desde la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid se le avisó de que, si lo hacía, perdería el derecho a volver a la residencia cuando pasara la pandemia. “Necesitábamos mantener esa plaza porque había costado años que se la concedieran, es una odisea conseguirla”, contaba Esther a elDiario.es en abril de este año. Así que pagó los 600 mensuales pese a que su padre no hizo uso de la atención, la cama, la comida ni el personal. Mientras, pagó a su vez por los cuidados de sus padres en su casa: alimentación, gastos generales y una persona contratada.
Aunque el Gobierno de Ayuso podía haber suspendido los pagos o haber iniciado una moratoria ante la caótica situación de las residencias, decidió seguir exigiendo las cuotas a las familias. El sistema público abonó los recibos íntegros a las empresas y contratas privadas, como si nada hubiera pasado y se hubieran prestado los servicios normales al 100%: más de 4.000 plazas fueron abonadas sin residente que las ocupara.
De la residencia a un centro de día
En septiembre de 2020, pasado lo peor de la pandemia, Esther decidió pedir un cambio de Plan Integral de Atención (PIA) para su padre y, en vez de volverlo a ingresar en su residencia, solicitó una plaza en un centro de día, renunciando así a su plaza en Alcobendas. El procedimiento lo gestionó un asistente social municipal y se le concedió. Ahí debía acabar y acabó su relación con la residencia.
Pero el suplicio de Esther no terminó ahí. En abril de 2021, siete meses después de haber creído cerrar el capítulo de angustia por la situación de sus padres, le llamó una trabajadora de la Comunidad de Madrid para exigirle el pago de más meses. En concreto, hasta marzo de 2021, cuando se había producido el supuesto “fallecimiento” del padre. El mismo padre que estaba escuchando la conversación al lado de Esther –vivo–, mientras ella –atónita– explicaba que no había fallecido y tampoco estaba ya en esa residencia. Aclaró la situación y puso una reclamación por escrito.
Manuel, su padre, falleció un año después, en febrero de 2022. Ahora, más de dos años después de la muerte de su progenitor, la Comunidad de Madrid insiste y se ha vuelto a poner en contacto con Esther –en esta ocasión, por correo certificado– para reclamarle de nuevo los cinco meses extra, pese a que ya no estaba en la residencia sino en el centro de día. “Le robaron cinco mensualidades por un servicio que no le dieron y que estaban incumpliendo y ahora le quieren sangrar otros cinco, cuando ya no estaba en el sistema de residencias. Son errores imperdonables que, lejos de subsanarse, se reiteran”. Además, acusa en una carta a la administración de estar “desangrando a los muertos y matando en vida a los vivos”.
El correo certificado de Asuntos Sociales insiste en que Manuel dejó la residencia en marzo de 2021 cuando la había dejado en octubre 2020, y amenaza con que si no se paga en tiempo y forma “se procederá a trasladar la deuda a Recaudación Ejecutiva, aplicándose un recargo del 20% más los intereses correspondientes, sobre el importe requerido en esta Resolución”. Esther, indignada, se pregunta: “¿Qué porcentaje de recargo tengo que ponerle yo a la Comunidad por todo lo que me están haciendo pasar, a mí y a mi madre?”. Ella ha enviado un correo oficial y otra reclamación más, además de enviar un comunicado a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso: “Todo al que conozco que ha pasado por este trauma de la pandemia y cómo lo han gestionado ha tenido consecuencias físicas o mentales, nosotras también”. Esther ha decidido, de momento, no pagar.
Madrid reclama medio millón a familiares
Entre los meses de marzo y abril de 2020 murieron en Madrid casi 10.000 ancianos que vivían en residencias. Fue la región de Europa con más exceso de muertes en pandemia, según datos del Comité de las Regiones. De ellos, un total de 7.291 fallecieron sin haber sido trasladados a un hospital por los estrictos protocolos de la Comunidad de Madrid, que frenaron la mayoría de las derivaciones. El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso –que no medicalizó las residencias– ha reclamado el pago del mes en que murieron todos esos ancianos, pese a que muchos lo hicieron sin asistencia adecuada, con las plantillas reducidas hasta en un 40% por bajas y sin medidas sanitarias mínimas, como denuncian familiares, trabajadores y ha puesto de manifiesto el informe ciudadano de la Comisión por La Verdad en las Residencias.
En total, desde el año 2021 (cuando se empieza a reclamar por el año de pandemia) hasta los primeros meses de 2024, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales ha hecho 470 requerimientos a familiares de mayores fallecidos para reclamarles el dinero que adeudan, según la respuesta del propio departamento a una pregunta de elDiario.es a través del Portal de Transparencia. En total, la Comunidad está reclamando más de 530.000 euros a esas familias en ese periodo.
La Consejería de Asuntos Sociales contestó a última hora de la tarde de este lunes que se está revisando el expediente y “comprobando si hubiera podido haber algún error” en el caso de Ortega. No han contestado sobre si se han detectado otros errores o quejas por la gestión de las deudas que se está reclamando a las familias.