Cuando está a punto de cumplirse un año de la primera legislatura con mayoría absoluta del PP de Isabel Díaz Ayuso, la mesa de la Asamblea de Madrid, dominada por los populares y presidida por Enrique Ossorio, ha tumbado 8.504 iniciativas de los grupos de la oposición, segun los datos recogidos en la propia web institucional, lo que supone cerca del 34% del total de 24.682 presentadas hasta ahora.
Según los datos que aportan a esta redacción, el grupo peor parado ha sido Más Madrid, que ha visto tumbadas 3.626 iniciativas, seguido de cerca del PSOE, que las cifra en 2.699. Vox, a su vez, contabiliza las suyas en 1.520. En la legislatura anterior, de las 40.642 iniciativas que se presentaron en aquellos dos años en los que el PP gobernaba en coalición con Ciudadanos y había en la Cámara dos grupos más que ahora –el partido de Ignacio Aguado y Podemos–, 7.441 no fueron admitidas por la mesa, es decir, un 15%. Ahora en tan solo un año se ha doblado ese porcentaje.
Los asuntos censurados son de lo más variopintos pero todos ellos suelen ser incómodos para el PP y, más en concreto, para la presidenta regional. Entre lo vetado se encuentra casi todo lo relativo a los fallecimientos de ancianos en las residencias durante la pandemia, el caso del fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador, o sobre el piso que ambos comparten y las obras ilegales que acometieron en él. También figuran preguntas sobre la situación de la Sanidad, la colaboración público-privada o la relación del grupo Quirón con González Amador. A todo esto se ha sumado recientemente cualquier iniciativa referente a Palestina, los refugiados y la masacre en Gaza en las que se hagan, según el PP, “valoraciones ideológicas”, como incluir la palabra “genocidio”. Un criterio que sin embargo no aplican en las preguntas que formula la extrema derecha, que en la mayoría de los casos incorporan juicios de valor sobre la actuación del Gobierno. Un caso reciente: una Proposición no de Ley (PNL) de los de Monasterio sobre la amnistía que obtuvo el visto bueno de la mesa en la que Vox opinaba que “Sánchez ya ha defendido su decisión de perpetrar un caso de corrupción sin precedentes”, y sentenciaba además que con la aprobaciónde la ley “se humilla a la Nación, se legitima el golpismo y se desacredita el Estado de Derecho..”.
Las excusas que aduce el PP para aplicar la motosierra de su mayoría absoluta van desde “errores de forma”, a señalar que el tema “no es competencia de la Asamblea”, o bien argumentar que creen que la iniciativa obedece a “intereses políticos partidistas”.
Comparecencias que no le gustan a Ayuso
Hace tan solo unos días la Mesa de la comisión de Familia y Asuntos Sociales, rechazaba la petición de Más Madrid de que acudiera a la Asamblea de Madrid la experta en Epidemiología y Geriatría, María Victoria Zunzunegui, que participó en la Comisión Ciudadana por la Verdad sobre lo ocurrido en las residencia de ancianos. Pese a que fue llamada para que disertara sobre la situación general actual de esos centros, la mayoría con la que cuenta el PP en dicha comisión rechazó la propuesta ante el temor de que Zunzunegui sacara a relucir los fallecimientos de los mayores durante la pandemia, un tema que persigue a Ayuso por la orden que su Gobierno dio en plena pandemia para que no se trasladara a mayores de las residencias a los hospitales pese a estar enfermos. Más Madrid ha recurrido la decisión aunque con pocas esperanzas de un cambio de opinión.
Entre los vetos sistemáticos de comparecencias en la Cámara regional de altos cargos del Gobierno de Ayuso figura el de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez (MAR) que fue pedida a finales de marzo por el PSOE para que rindiera cuentas de los bulos y sus amenazas a la prensa, entre ellas a elDiario.es. La excusa que pusieron para rechazarlo fue que Rodríguez no era “alto cargo” y solo ejercía funciones de “asesoramiento”.
Ese mismo día la mesa también rechazó que la consejera de Sanidad, Fátima Matute, detallara los contratos del grupo sanitario privado Quirón con la administración regional, un tema que venía a colación por las relaciones que tiene con con este grupo la pareja de Ayuso, investigado tras reconocer su fraude fiscal. Pero los populares adujeron que la petición era “inconcreta” y la tumbaron. Es más, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, alegó que la Asamblea “no está” para “traer a directivos de empresas para fiscalizar su trabajo en ellas” y dijo que los tratos entre Quirón y González Amador no eran suficiente motivo como para reclamar esas comparecencias.
A estos nombres hay que añadir también el de Joaquín Leguina, el expresidente de la Comunidad de Madrid expulsado del PSOE, quien, según desveló elDiario.es, colocó a su mujer en la Cámara de Cuentas de Madrid como secretaria de dirección nada más ser nombrado por Ayuso presidente de este organismo público. Según denuncian los socialistas, hasta once veces ha echado por tierra el PP la solicitud de que Leguina acuda a la Asamblea para hablar de sus planes y a dar explicaciones por ese 'fichaje'.
“Censura intolerable” al trabajo de la oposición
Los dos grupos de izquierda coinciden en calificar la actitud del PP de “censura intolerable” al trabajo de la oposición. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, acusa a la presidenta regional de querer “privatizar la democracia”. “Ayuso ha hecho de la mordaza su forma de Gobierno para impedir que se hable sobre Quirón, residencias, contratos etc.” “Cuanto más tiene que ocultar, más tiene que censurar. Esto no solo daña a la democracia, es una estrategia de tintes autocráticos que pretende mantener a la oposición lejos de los temas que le incomodan a Ayuso y a la ciudadanía lejos de la verdad”, abunda.
Su homólogo del PSOE, Juan Lobato, cree que “se trata de un número demencial” el de las iniciativas rechazadas, mientras asegura que “Ayuso está inoculando al PP madrileño el miedo a debatir cualquier cosa por miedo a que se la critique a ella”. “El rechazo al debate es la forma política de la Asamblea. El PP de Madrid no defiende posiciones políticas, solo defiende a la figura de Ayuso”, sentencia Lobato. El socialista concluye afirmando que “sorprende que con una mayoría absoluta se tenga tanto miedo a tener debates que apenas duran una hora”, una actitud con la que, a su juicio, los populares “envían una señal inequívoca de debilidad política”.
Incluso Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, cuyo partido gobierna en coalición con los de Feijóo en varias autonomías y apoyó a Ayuso al principio de la anterior legislatura, habla de “mayoría absolutista” del PP.
Preguntas con la misma formulación pero con distinta suerte
Una de las cosas que más les choca a los dos grupos de izquierda es el hecho de que el PP tumbe preguntas sobre un asunto determinado que están redactadas con idéntica formulación que otras registradas anteriormente y que sí fueron admitidas por la mesa de la Asamblea. El ejemplo más palpable, según denuncia Más Madrid, son las preguntas sobre Palestina. “Siendo exactamente la misma formulación, pero cambiando Palestina por Ucrania, en el caso de Ucrania el PP las aceptó y en el caso de Palestina la mesa las ha tirado abajo”, lamenta el grupo de Bergerot.
Ante esta situación la única defensa que tiene los grupos es presentar escritos de reconsideración pese a saber que con ello tampoco tienen las de ganar. Más Madrid lo ha hecho últimamente en tres ocasiones, una “ante la negativa de debatir sobre la colaboración publico-privada en la Sanidad, con el grupo Quirón en el punto de mira, otra ”ante el veto recibido sobre la contratación durante la Covid“ y un tercer escrito ante la negativa a que Miguel Ángel Rodríguez (MAR) compareciera, con el fin ”de poder presentar una PNL para su destitución“.
El rodillo sistemático del PP también ha soliviantado a Vox, grupo que ha visto rechazadas muchas de sus iniciativas, fundamentalmente sobre inmigración, sobre subvenciones o ayudas a entidades que no son de su agrado, o simplemente sobre control de la gestión económica del Gobierno de Ayuso. El viernes pasado, sin llegar más lejos, se quejaron de que de las 28 preguntas que presentaron para el Pleno o para Comisión les tumbaron 17. El enfado de los de Monasterio les llevó el pasado mes de febrero a elevar un escrito a la mesa para quejarse de los criterios “excesivamente restrictivos y arbitrarios” que aplican para calificar las iniciativas de los grupos parlamentarios. Ese mismo mes la diputada de este grupo, Ana Cuartero, dimitió como presidenta de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, tras acusar al PP y al presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, de querer “colonizar” su funcionamiento “inadmitiendo sistemáticamente” las iniciativas de los grupos de la Cámara regional. Su dimisión coincidió en el tiempo con las críticas reiteradas de la oposición por la “falta de transparencia” del gobierno regional que se negó a publicar las actas de inspecciones policiales a residencias de mayores durante la Covid, actas que vieron en su totalidad finalmente la luz gracias a Más Madrid y al trabajo de los medios de comunicación, como elDiario.es, que adelantó parte de ellas en junio de 2020.