El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid por el escándalo de los centros educativos (sobre todo de Secundaria y, concretamente, de Formación Profesional) construidos ilegalmente por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a través del fraccionamiento de contratos y facturas. El caso, desvelado por elDiario.es, se inició después de que un empresario denunciara que no le habían pagado la obra que hizo en el macrocomplejo educativo Ciudad Escolar, presupuestada en 2,5 millones y de la que le abonaron solo una parte: 700.000 euros.
Tras enviar burofaxes a la Consejería de Educación y reunirse con un asesor de Isabel Díaz Ayuso para intentar que le pagaran lo que le debían, la propia consejería inició una investigación y dio traslado de la misma a la Fiscalía Provincial de Madrid ante los indicios de delito que constató: la obra no estaba sostenida por ningún expediente y había sido construida y pagada de manera irregular.
El centro, de importe millonario, no se había sacado a concurso como obliga la Ley de Contratos del Sector Público, sino que se había elegido a dedo a la constructora y, para pagar, se troceó el importe total en facturas menores de 40.000 euros (el importe máximo para una obra se considere contrato menor), con lo que no pasó controles económicos. Los pagos se organizaron desde dos centros educativos distintos para no levantar sospechas.
Sin embargo, este no ha sido un caso aislado ya que como ha publicado elDiario.es se levantó siguiendo el mismo modus operandi que se utilizó en –al menos– siete centros educativos, incluidos ahora en esta nueva denuncia del Grupo Socialista. En su escrito a la Fiscalía de la comunidad el PSOE destaca que “sin prejuzgar la existencia de otros tipos penales, tales como malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública o incluso cohecho, los hechos descritos podrían constituir indiciariamente la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa”.
Además del caso de Ciudad Escolar, también se construyó con fraccionamiento la Escuela de Arte de Alcalá, por la que se pagaron facturas por un importe total de 1,2 millones de euros troceadas artificialmente en menos de 40.000 euros desde tres centros públicos diferentes para esquivar controles. Tampoco se sacó la obra a concurso desde la Dirección General de Infraestructuras de la propia consejería, el procedimiento legal que asegura la libre concurrencia, competitividad de precios y elección del contratista por parte de una mesa de contratación técnica, además de que el expediente está en revisión y pasa controles públicos y económicos.
La Consejería de Educación señaló en su primer escrito a la Fiscalía, al que ha tenido acceso este medio, a Alfonso Mateos –subdirector de Formación Profesional (FP)– como el organizador del sistema y también abrió expediente a los dos directores de instituto del complejo de Ciudad Escolar que abonaron facturas, aunque uno de ellos declaró a este medio que siempre siguieron órdenes “de la Dirección General”. Mateos fue cesado de manera fulminante.
Más fraccionamientos
Sin embargo, hay un caso de troceamiento en un centro de formación de Leganés (que nada tiene que ver con Alfonso Mateos, ya que es competencia de otra dirección general) y hay casos en casi todas las Direcciones de Área Territorial (DAT) –Capital, Este, Oeste y Sur– lo que dibuja un patrón y lleva a pensar, según fuentes conocedoras de la consejería y el caso, que podría tratarse de un sistema organizado. Además, afecta a obras realizadas por distintos empresarios que nada tienen que ver entre sí.
Por otra parte, los directores de institutos de Secundaria son profesores con cargo sin conocimientos ni capacidad para hacer obras de esa envergadura sin ayuda de la propia consejería y Alfonso Mateos podía dar órdenes, pero ni disponía del dinero ni era competente para tomar decisiones de fondos públicos y obras. También, como publicó este medio, el responsable entonces de la DAT Este, 'número dos' del PP de Alcalá y hoy alto cargo de Ayuso, estaba al tanto de la obra de Alcalá, la visitó y pidió mejoras.
En el momento en que se hicieron estas siete obras la responsabilidad política estaba en manos de dos pesos pesados en el actual Gobierno de Ayuso. Por una parte, la máxima responsable educativa entonces era la entonces viceconsejera de Política Educativa Rocío Albert López-Ibor, hoy consejera de Economía y Hacienda, de la que dependía Mateos. Educación no ha contestado ni sobre quién estaba al tanto, quién tomó la decisión o por qué se optó por esquivar la ley.
El consejero de Educación era Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid, la misma que el pasado viernes rechazó un pleno extraordinario para explicar este caso, como había solicitado Más Madrid. La iniciativa se frenó gracias a la mayoría absoluta que tiene el PP en la cámara regional. Toda la oposición, incluida Vox, votó a favor de que se llamara al actual consejero de Educación, Emilio Viciana, para explicar los fraccionamientos.
En la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces en la que se malogró la comparecencia de Viciana el Grupo Socialista anunció que se personaría en la causa y fue el pasado martes cuando interpuso la denuncia, como ha podido comprobar este medio, que acabará seguramente confluyendo con la que puso la propia Consejería de Educación y que investiga la Fiscalía Provincial.