Chato Galante (1948) es un expreso del franquismo. Con 20 años fue detenido, torturado y juzgado por sus protestas cuando era estudiante: “Que en el 68 tuviera esa edad sin duda me marcó”, bromea. Galante estuvo más de cuatro años en la cárcel y desde hace unos cinco se ha convertido en un activista en busca de la justicia y la reparación de las víctimas. Pertenece a la asociación 'La Comuna. Presxs del franquismo', que surgió al calor del 15M, recuerda Galante en esta entrevista.
Su asociación, junto con otras, está detrás de la querella argentina. “No somos un colectivo de víctimas, somos un colectivo social que quiere recuperar la convivencia democrática en este país”, explica. Una de las acciones que actualmente se están impulsando desde todos estos colectivos es pedir a los municipios que presenten una querella contra el franquismo.
Hace un año se sentaron con el Ayuntamiento de Madrid y el pasado jueves les llegó la respuesta: “Nuestra postura no es personarnos nosotros en un juicio. No es nuestra labor”, justificó el consistorio a eldiario.es. Esto mismo le trasladaron a las víctimas en una reunión entre el jefe de Gabinete de la alcaldesa, Felipe Llamas, el responsable del Comisionado de la Memoria Histórica, Chema Urquijo, y el propio Chato Galante.
Las víctimas han pedido al Ayuntamiento de Madrid que presente una querella contra el franquismo, pero les han dicho que no.
Hoy hace un año que presentamos el texto. Fue después de tener una entrevista con Mauricio Valiente -tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid- porque nos dijeron que era el que llevaba estos temas. Hablamos con él y registramos la petición. También hicimos entrevistas con Ciudadanos y el PSOE. El PP nos dijo que no tenía interés. Ciudadanos entonces dijo que se lo pensaría, pero con el PSOE y con Ahora Madrid prosperó esa petición y entramos en un largo proceso.
Luego hubo una reunión posterior con Valiente y Mar Espinar (PSOE) y se levantaron con la intención de llegar a un acuerdo sobre un proyecto base que cerramos en ese encuentro. Nos enviaron ese acuerdo y nos dijeron que entraría en el Pleno del Ayuntamiento en agosto o septiembre. Ahora estamos en febrero, un año después desde que empezó todo, y nos han dicho que no irá a Pleno y que no es conveniente que el Ayuntamiento se querelle.
¿Qué razones les dan?
Que no es conveniente.
¿Por qué creen que es importante que el Ayuntamiento de Madrid asuma la petición de las víctimas?
Creemos que los ayuntamientos son la institución política más próxima a la ciudadanía y lo que reclamamos es un derecho humano básico. La causa que defendemos es el epicentro de un Estado de derecho porque es necesario el derecho de las víctimas a que haya justicia por una dictadura sanguinaria en nuestro país... Pensamos que los ayuntamientos del cambio se sumarían a esta reivindicación, y más uno como el de Madrid presidido por una jueza que ha trabajado en el Tribunal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¿A qué creen que se debe esta negativa?
Cuando hicimos esta petición no teníamos la menor duda de que estaba hecho. No encontramos razones ni morales, ni políticas que puedan explicar que el Ayuntamiento de Madrid no apoye a las víctimas del franquismo. A una parte de la ciudadanía que lleva 80 años peleando. Algo que está reconocido y firmado por España como un derecho humano.
Primero negociaron con Mauricio Valiente, que dijo que la propuesta iría a Pleno y finalmente ha sido el Comisionado de la Memoria Histórica quien les ha dicho que no. ¿Qué ha influido este cambio?
Tuvimos un debate con ellos. Cuando montan el Comisionado de la Memoria Histórica les dijimos que nosotros no hablábamos de memoria histórica, ni de nombres de calles ni de monumentos. Hablábamos del 2017 y de un derecho vital en el 2017, que es el derecho a la justicia. Si hablamos en 2017 es porque desde que salí de la cárcel en 1977 llevaba 40 años para que se aplicara ese derecho. Se trata de un derecho que se aplica hoy, igual que hoy hay que sacar a la gente de las cunetas, o que hoy se tengan que abrir los casos de los niños robados. Son delitos de hoy, no de 1977.
¿Se sienten representados por el Comisionado de la Memoria Histórica?
La labor del Comisionado ha sido una labor muy controvertida dentro del movimiento memorialista. Ya han pasado dos años desde la llegada del actual Gobierno municipal y no se ha cambiado el nombre de ninguna calle ni se ha hecho nada, absolutamente nada, en relación al tema de memoria histórica. Sin la menor duda es una vergüenza y algo tendrá que ver el comisionado con eso. Pero insisto, nosotros nos dirigimos el Gobierno de Madrid no a ningún comisionado. Por eso, vamos a pedir a los distintos partidos que forman el Gobierno y a la oposición que se pronuncien sobre esto.
¿Cree que las víctimas están más respaldadas por este Ayuntamiento que por los anteriores gobernados por el PP?
A día de hoy, este Ayuntamiento no ha hecho nada con relación al derecho de justicia de las víctimas del franquismo. Absolutamente nada, respecto a los gobiernos anteriores. Espero que eso cambie, porque resulta incomprensible la situación actual, sobre todo cuando hay ayuntamientos como Vitoria o Pamplona que ya han presentado su querella. También muchos ayuntamientos más se han comprometido a presentarlas, consistorios que forman parte de una red de municipios por la justicia y la memoria. Es una vergüenza que a esto no se sume el Gobierno de Madrid. Y más cuando fue esta ciudad, concretamente el centro Conde Duque, el centro de gravedad de la lucha contra el franquismo.
Viaja próximamente a Barcelona. ¿Han tenido más suerte con esta Administración?
El Ayuntamiento de Barcelona nos ha dicho que ellos se querellarán sin ninguna duda. También han aprobado una moción de apoyo a la querella argentina, han presentado una querella por el bombardeo por la aviación fascista italiana en la ciudad y están estudiando la estrategia jurídica que van a llevar adelante para presentar la querella que demandamos.
Ellos forman parte de esa Red de ciudades por la justicia. Como comentas el próximo fin de semana tenemos una entrevista para hablar de temas relacionados con esa estrategia jurídica, porque cómo hacerlo ya es cosa de ellos. En ese sentido, nosotros no determinamos nada. Lo único que queremos es que se mueva la posibilidad de acceso a la justicia de un sector de la población que padeció la violencia por parte de un régimen fascista.
¿Qué le diría al Ayuntamiento de Madrid para que reconsidere su postura?
Que cumpla con lo que dice. No pueden hacer un plan sobre Derechos Humanos cuyo primer paso no sea la reivindicación del derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas de la dictadura. Porque es una condición previa. Evidentemente, los derechos humanos abarcan muchos más y yo les apoyaré en eso, pero no me creeré ninguno de los pasos que dé el Ayuntamiento en ese sentido si no empieza por ahí.
Su asociación pertenece es una de las que está personada en la querella de Argentina. ¿Cómo va ese proceso?
Cuando expulsan al juez Baltasar Garzón de la carrera judicial se cierra la posibilidad de seguir adelante con los procesos que había abiertos contra la dictadura en España. Llegados a ese punto, no nos quedó más remedio que acudir al proceso de justicia universal y fuimos a Buenos Aires. Entonces, se nos admite la querella, aunque llevamos ya seis años con este proceso.
Somos centenares de personas las que estamos detrás de esa querella. Por primera vez se imputan a 20 personas por la causa franquista por crímenes contra la humanidad. La jueza Servini pidió la extradición de estos imputados, pero el Gobierno la negó y cuando la magistrada ha planteado que ella venía a tomar esas declaraciones indagatorias, el Gobierno español también se ha negado.
Hay una resolución de la anterior fiscal general del Estado que entre otras cosas amenaza a quienes lleven adelante esas diligencias acaben como el juez Garzón. Un caso que vamos a denunciar ante el Tribunal de Derechos Humanos, porque es una amenaza a la independencia de la justicia.
Habla como si la Fiscalía y el Gobierno fueran lo mismo.
La vinculación de la Fiscalía y el Gobierno es obvia cuando uno abre el periódico todos los días. La judicialización de la vida política o la politización de la judicatura de este país es un hecho consumado y es una de las horribles herencias del franquismo.
Que al acabar la dictadura la misma gente que estaba en tribunales militares o de orden público pasara a formar parte de la Audiencia Nacional, del Supremo o del Constitucional es una continuidad que hace que se haya formado una judicatura sobre esos pilares. En mi caso, uno de los jueces que me juzgó presidió nueve años una sala del Tribunal Supremo y creo que la sala quinta de la Audiencia Nacional durante 12 años.
Posiblemente mi origen 'taleguero' hace que la confianza que tengo en la justicia que se aplica en este país sea ninguna. La prueba de ello es que llevo 40 años intentando que se me aplique.
¿Por qué es importante para ustedes que se haga justicia?
Porque sin justicia no hay verdad. Sin justicia no hay reparación. Mi primera y única reparación es que se haga justicia. Que yo no me pueda cruzar con el que me torturó, que vive a un kilómetro y algo de mi casa y que encima es un ciudadano ejemplar y yo sigo siendo un delincuente. Porque mi condena no ha sido anulada. Se trata de un principio básico.
Este país no será una democracia como es debido, hasta que eso no se haya solucionado. Igual que no se habrá solucionado hasta que no haya un solo cuerpo en una cuneta.