Un pozo sin fondo en la M30: el contrato público-privado de mantenimiento cuesta más de 100 millones al año y no se audita

La última inspección a los túneles de la M30 -la circunvalación que rodea la almendra central de Madrid-, en junio de 2019, reveló “un manifiesto deterioro desde el punto de vista estructural” de la infraestructura “derivando en situaciones que afectan directamente a la seguridad de los usuarios de la vía”. La razón: las constructoras que se encargan de su mantenimiento, ACS y Ferrovial, llevan desde el inicio del contrato con el Ayuntamiento de Madrid, en 2007, sin realizar las labores de conservación ordinaria de los túneles.

El trabajo de prevención y conservación de la vía no se está realizando en su totalidad, según esta última auditoría realizada en tiempos de Gobierno de Manuela Carmena y que su sustituto José Luis Martínez Almeida ha dejado de realizar. Sin embargo, eso no impide que el mantenimiento de la M30, la infraestructura que soterró Alberto Ruiz Gallardón y que fue el proyecto estrella de su primer mandato, entre 2003 y 2007, se haya convertido en un agujero negro para las arcas públicas municipales más de una década después.

Las obras de los túneles ya costaron un 48% más del presupuesto inicial: 3.700 millones de euros. Y a ese presupuesto hay que sumarle otros 11.000 millones de euros del contrato de conservación y financiación, que se firmó hasta 2040. Corrían los años de las obras faraónicas y de las delicadas connivencias del poder y las grandes constructoras.

Por los trabajos de conservación de la M30, las constructoras ingresan 28 millones al año. Pero realmente el mantenimiento de la circunvalación cuesta al Ayuntamiento de Madrid mucho más. ¿Por qué? Por del modelo de colaboración público-privada que Gallardón eligió para sacar adelante la infraestructura. Cuando el exalcalde soterró la vía, ideó un modelo mixto y para ello creó Madrid Calle 30, la empresa semipública responsable de la conservación de la M30 y que está participada al 80% por el Ayuntamiento de Madrid y al 20% por EMESA, la sociedad privada que integran ACS y Ferrovial.

Se trataba de una operación de ingeniería societaria que trataba de maquillar las cuentas municipales, de manera que la deuda que contrajo por las obras no computase en los presupuestos del Consistorio.

El atajo lo corrigió la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, al establecer que, desde el mismo año en que se creó la sociedad mixta (2005), el Gobierno de Gallardón no debía separar de las cuentas municipales la deuda provocada por las obras de la M30 (2.500 millones de euros en aquel momento), como venía haciendo en sus apuntes contables. El Ejecutivo del PP decidió recurrir la decisión y mantuvo el modelo de gestión mixta con ese propósito. Pero en 2011 la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón a Eurostat y el Ayuntamiento tuvo que asumir como propia la deuda.

Ahí fue cuando el modelo de gestión dejó de tener sentido (si es que alguna vez lo tuvo), pero el Gobierno de Gallardón –y después el de Ana Botella cuando el regidor abandonó el cargo para ser ministro de Justicia– miró hacia otro lado y mantuvo un contrato que comprometía 35 años de gasto para el Ayuntamiento de la capital, por 11.000 millones.

Los peros a la fórmula elegida para financiar la obra no solo llegaron de Europa. También aquí la Cámara de Cuentas, el organismo que fiscaliza los gastos de las instituciones madrileñas, emitió un informe en enero de 2017 que determinó que el procedimiento diseñado por el Gobierno de Gallardón fue “ruinoso” para la capital. El dictamen no solo advirtió de que el contrato es oneroso para las arcas municipales: concluyó que la sociedad mixta creada ad hoc no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7% a las empresas constructoras. Es decir, el modelo económico escogido desde prácticamente su nacimiento consistió en garantizar unas cantidades anuales para EMESA, la empresa con la que el Ayuntamiento de Madrid comparte el accionariado de la sociedad mixta y que está formada por las constructoras ACS y Ferrovial.

En castellano raso, lo que hicieron las dos constructoras fue financiar la infraestructura a un interés del 7% con un contrato que dura varias décadas. La Cámara de Cuentas propuso incluso rescatar la concesión, después de que el Ayuntamiento tuviera que asumir como propia la deuda de la obra por las exigencias de las instituciones europeas.

La misma recomendación también se recogió en el dictamen de la comisión de investigación llevado a cabo durante el mandato de Manuela Carmena, pero finalmente el Gobierno de Ahora Madrid metió la remunicipalización en un cajón.

La factura anual por el mantenimiento de la M30 se multiplicó tras los primeros ejercicios: pasó de 12,2 millones en 2005 a 23 millones en 2007. Hoy ese capítulo cuesta a las arcas municipales 28 millones de euros. El incremento del gasto se sustentó tomando como base un informe de 55 páginas repleto de generalidades. El apartado de mantenimiento que se paga al socio privado prácticamente se duplicó, pero como el contrato abarca la construcción y conservación, el Ayuntamiento pudo alegar que el importe total solo se encarecía un 18,9% y cumplió con el límite que la ley impone a los modificados (el 20% del presupuesto total).

Almeida deja de hacer auditorías

Lo que sí hizo el Ejecutivo de Ahora Madrid fue sancionar a las constructoras, socias del Gobierno Municipal. El Ayuntamiento multó con 2 millones de euros a las empresas ACS y Ferrovial por trabajos que no habían realizado y sí se habían facturado al consistorio. Además, por primera vez se empezaron a descontar euros de la factura millonaria que Madrid Calle 30 recibe por el mantenimiento de la vía, después de que las auditorías semestrales obligatorias por contrato detectasen incumplimientos y deficiencias en la conservación de la vía.

Tras la última inspección, realizada durante la anterior dirección nombrada por Ahora Madrid, se descontaron 2,2 millones de la factura que recibe la empresa semipública para el mantenimiento de la circunvalación.

La llegada de PP y Ciudadanos al Consistorio de la capital ha relajado esos controles. Se ha dejado de auditar los trabajos de mantenimiento de las constructoras, que el año pasado costaron casi 28 millones de euros y que acumulan una factura de más de 300 millones desde 2007. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, que está obligado a hacer dos inspecciones al año por contrato, argumenta que no se ha hecho porque el Ayuntamiento y EMESA no se pusieron de acuerdo para cerrar las condiciones de la auditoría, aunque el contrato permite, si no hay consenso, que pueda realizarse por parte del Ayuntamiento igualmente.

Pero esta connivencia entre Ayuntamiento y constructoras no es nueva. Durante el mandato de Gallardón y de Botella después, estas auditorías que tratan de fiscalizar si las empresas cumplen con el mantenimiento de la vía acordado en el contrato siempre fueron satisfactorias para Emesa.

La comisión de investigación realizada en el Ayuntamiento dio algunas pistas de los porqués: la constructora y la empresa externa encargada de realizar el control contratada por el Ayuntamiento se ponían de acuerdo en el día y los tramos que se iban a inspecciones con semanas de antelación.

Hay pruebas documentales de eso. Varios correos electrónicos, a los que ha tenido acceso eldiario.es, revelan la cercanía entre la empresa que debía vigilar el cumplimiento de los trabajos y las constructoras fiscalizadas. “Os mando los tramos de superficie y túnel para la auditoría del segundo semestre de 2011. Las fechas de la misma serán el 13 de diciembre a partir de las 16 horas hasta el 15 de diciembre”, reza un email del 25 de noviembre de 2011, tres semanas antes de la inspección, pese a que el contrato establece que este aviso se realizará un día antes “a los efectos de que se designe el personal técnico que la presenciará”. Hay correos electrónicos similares que ambas partes cruzaron entre mayo de 2011 y noviembre de 2012.

ACS y Ferrovial ingresaron casi 28 millones de euros en 2019 por mantener la M30, de los cuales un tercio fueron beneficios. Sin embargo, existen problemas de seguridad derivados de la ausencia de mantenimiento preventivo en la estructura del túnel. Las constructoras han eludido durante los últimos doce años conservar la estructura al considerar que no se incluía en el contrato. Aunque es algo que intentó resolver la anterior dirección de Madrid Calle 30, estas labores nunca han sido asumidas por EMESA.

Beneficios para las constructoras

Al contrario que en otras sociedades mercantiles, donde en función de los resultados de la empresa y su buen o mal hacer los dividendos ascienden o descienden, en Madrid Calle 30 la cifra a repartir en dividendos es fija y la garantiza el propio Ayuntamiento. Ese beneficio se calcula con los intereses de un préstamo subordinado que realizaron las constructoras a su entrada en la sociedad y el reparto de dividendos por el 20% de acciones que tienen en la sociedad.

En total, EMESA obtiene anualmente en torno a 15 millones de euros en beneficios por estos conceptos. La única fuente de ingresos de la sociedad entre EMESA y el Ayuntamiento es el propio Consistorio, que asume en exclusiva el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía. Para que las constructoras obtengan los beneficios pactados, el Ayuntamiento de Madrid debe abonar en torno a 140 millones de euros anuales a Calle 30: más del 70% del presupuesto que el Ayuntamiento de Madrid destina a arreglar calles y calzadas, pese a que la M30 solo representa en superficie en torno al 2% de todo el viario urbano.

Son más de 145 millones que obligatoriamente el Consistorio debe destinar a M30, que provocan que se incremente el impuesto de sociedades y el IVA (impuestos que deben abonar este tipo de empresas y del que estaría exenta la administración si la empresa fuese 100% pública). Madrid ha pagado por estos tributos unos 620 millones de euros entre 2005 y 2019. El Ayuntamiento de Madrid se ahorraría en torno a 45 millones cada ejercicio si la empresa pasase a ser pública.

Entre impuestos y beneficios para EMESA, Madrid pierde alrededor de 60 millones de euros anuales de los 145 millones destinados al mantenimiento de M30, pese a que sea el nombre que recibe en la partida presupuestaria.

El pago de nóminas de personal de Madrid Calle 30, las facturas de luz y agua –que ascienden a casi 6 millones de euros anuales– y el mantenimiento de la circunvalación le cuestan al Consistorio 40 millones al año. De estos, en torno a 28 millones son puramente para mantener la circunvalación. Y es EMESA quien recibe en exclusiva ese dinero, del cual un tercio son beneficios, como se desprende del dictamen de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid y de su propio plan económico. 40 millones vuelven al Ayuntamiento de Madrid como parte de los dividendos por tener el 80% de las acciones. El pozo sin fondo continuará, si no hay cambios, hasta 2040.