El PP de Ayuso coloca a Joaquín Leguina como consejero de la Cámara de Cuentas de Madrid por 100.000 euros al año

El último presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha sido propuesto por el Partido Popular como consejero de la Cámara de Cuentas, órgano de fiscalización de los presupuestos de la comunidad autónoma. Leguina será elegido con total seguridad, después de que el PP modificase la norma para elegir a los miembros del órgano el pasado diciembre. Esta alteración amplió el número de consejeros y redujo la mayoría reforzada de dos tercios necesaria en la Asamblea de Madrid a mayoría absoluta, de la que goza el PP en la región.

Leguina, expulsado del PSOE en 2022 tras pedir el voto para Ayuso, cobrará 100.550 euros anuales durante seis años, según la última actualización del cuadro de retribuciones del órgano.

El exsocialista llevaba años alejado de la línea oficial del partido y aproximándose a las tesis de la derecha. Ha sido muy crítico con el actual secretario general, Pedro Sánchez, pero sus desavenencias con el PSOE venían ya de antes, con posicionamientos críticos con el derecho al aborto, por ejemplo, ya en la época de José Luis Rodríguez Zapatero.

El PP ha formalizado hoy mismo la propuesta ante el parlamento regional. Acompañarán a Leguina a propuesta de los populares Francisco Cabrillo, Carlos Salgado, Graciela García y Ana Cossío. Todos serán elegidos en virtud de la llamada ley de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid, aprobada por el PP el pasado diciembre y que cambió 15 leyes para reducir la fiscalización al Gobierno regional.

Desde 2019 y hasta esta modificación, la mayoría necesaria era de dos tercios, pero la falta de acuerdo entre PP y Vox la legislatura pasada evitó la renovación que deseaban los populares. Ahora se agiliza por medio de una disposición adicional que obligaba a renovar los cargos a los tres meses de aprobarse la ley. Leguina y el resto de nuevos consejeros tendrán un mandato de seis años. El PSOE ha recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional. La ley también reduce las atribuciones del Consejo de Transparencia y apuntala el control de Telemadrid.