PP y Ciudadanos han sellado su pacto al margen de la extrema derecha para gobernar en coalición la Comunidad de Madrid, aunque introducen en el documento varios guiños para conseguir su apoyo a última hora en la investidura. Así, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado escenifican su alianza en un documento de 155 medidas sobre las que planean de forma genérica y matizada las exigencias de Vox.
PP y Ciudadanos se comprometen a evitar “el turismo sanitario, potenciando los mecanismos de facturación y cobro entre países por los ciudadanos comunitarios y no comunitarios atendidos” y a que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado accedan a “la información” que tenga la Administración regional “relativa a los extranjeros en situación irregular”.
El documento PP-Ciudadanos también pide respetar las “convicciones morales” de las familias en la educación. Una medida que matiza la demanda del “pin parental” de Vox para que las familias puedan controlen los contenidos curriculares para garantizarse que no contradicen sus convicciones.
“Garantizaremos la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales”, dice en concreto el punto 17 del acuerdo. Isabel Díaz Ayuso ha avanzado que este compromiso se desarrollará en la legislatura con una propuesta de reforma de la ley LGTBI, no contemplada expresamente sobre el papel. Aunque no ha aclarado si partirá del PP o del Gobierno.
“Se trata de trasladar una ley a un parlamento y volver a abrirla en el parlamento. No será la voluntad del PP, de Vox, de Podemos o de Ciudadanos… es la voluntad del parlamento la que decida si revisamos la ley aquí y qué aspectos se cambian”, ha explicado la candidata, que ha mencionado dos cuestiones concretas sobre la norma que, a su juicio, “no convencen a la gente”. Son la “inversión de la carga de la prueba y los talleres afectivos en los colegios”. “
“No se va a retroceder en derechos. Nada parecido. Hay que gobernar pensando en todos, en los colectivos pero también en las familias [...] Recogemos el consenso y respeto por ellas para hablar de aspectos que afectan a temas morales”, ha justificado Díaz Ayuso. Ignacio Aguado no se ha pronunciado sobre estas reformas y asegura que el documento se circunscribe únicamente a lo que “dice el artículo 27.3 de la Constitución Española”.
Estas medidas conviven en el acuerdo con la “defensa de los derechos LGTBI” y la “plena igualdad de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales” y la “lucha contra la discriminación y la violencia” que sufren.
Entre los guiños más explícitos a Vox está la revisión de subvenciones de la Comunidad de Madrid para favorecer “la eficacia y la eficiencia” y la eliminación de organismos “que no respondan a criterios de interés general, eficacia y eficiencia y/o supongan una duplicidad de competencias”. Vox pedía en sus condiciones para un pacto suprimir las subvenciones destinadas a “financiar chiringuitos, entes públicos o empresas públicas que tengan carácter ideológico o no respondan a criterios razonables del uso de dinero público, o que supongan una duplicidad de competencias”.
El pacto está compuesto por 155 medidas como un “guiño” a su compromiso con “la unidad de España”, según Díaz Ayuso. E incluye “la aplicación del artículo 155 en el caso de que el Govern siga sin acatar las leyes”.
Pendientes de Vox
Pese a los intentos por contentar a Vox, el acuerdo no es una garantía certera de investidura. Los 12 votos de la formación de Santiago Abascal son indispensables para que salga adelante y el PP ha dado un margen hasta el martes a las 12 para que se sumen al acuerdo. En principio no
Santiago Abascal ha exigido, apenas unos minutos antes de presentarse el acuerdo, una reunión a tres con Pablo Casado y Albert Rivera para salvar los pactos de Madrid y Murcia; y ha amenazado con apoyar gobiernos en solitario del PP si esa negociación con Ciudadanos no se produce.
La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, expresará su postura esta tarde en una rueda de prensa pero ya avanzado que el anuncio del pacto es “vergonzoso” por haberse presentado sin esperar a su respuesta al PP.
De momento ni siquiera hay convocado un pleno con Díaz Ayuso como candidata. Existe una convocatoria este miércoles a las 12 pero desierta que el presidente de la Asamblea de Madrid, de Ciudadanos, podría modificar a última hora para empujar a la candidata del PP a la investidura e incrementar la presión sobre Vox.
“No renuncio a la investidura. Quiero pelearlo hasta el final”, ha avanzado Díaz Ayuso sobre un posible cambio del orden del día que podría conocerse en las próximas horas. Aguado asegura, en este sentido, que esta decisión es “capacidad discrecional” del presidente de la Asamblea de Madrid.
Tanto Díaz Ayuso como Aguado han apelado a la “responsabilidad” de Vox. “Nuestra idea es tener un sí de Vox porque es el punto que nos falta para llegar al pleno de investidura. Me gustaría que recapacitaran y vieran en la situación en que nos estamos encontrando. Pasar esto para más adelante es irresponsable”, ha recalcado la candidata del PP, que ha retado a Vox a que le diga “en qué puede no estar de acuerdo”.
Ciudadanos, por su parte, ha reiterado que está abierto a reunirse con Vox para “explicarle” el documento “cerrado” sellado este lunes. Aguado asegura que no tiene “inconveniente” en hacerlo, “pero Vox es dueño de sus votos”. El candidato de Ciudadanos solicita a la extrema derecha que permita que el gobierno “eche a andar” y le reprocha que “la política actual no merece estar entre el insulto y la amenaza”.
Lo que ha quedado casi por completo descartado es un acuerdo paralelo del PP con Vox. El plan inicial de Isabel Díaz Ayuso de rubricar dos documentos ha quedado enfriado. “Si tuviéramos que sacar un segundo acuerdo, lo haríamos, pero siempre que no vaya en contra de los principios del PP y de Ciudadanos”, ha dicho.
Cómo se reparte el Gobierno
El pacto firmado entre PP y Ciudadanos también incluye el reparto de cargos en el futuro Gobierno. El Ejecutivo, siempre que salga adelante con los votos de Vox contará con un total de 13 consejerías (cuatro más que ahora) de las que siete corresponderán al PP y seis a Ciudadanos.
Aguado será el vicepresidente de la Comunidad y tendrá también la portavocía del Gobierno. Este último punto, que determina la proyección hacia afuera del Gobierno, ha generado muchas fricciones en los últimos días entre los negociadores. Los populares elegirán a un representante para ser el portavoz adjunto, una suerte de “segundo” que “actuará en sustitución del anterior por vacante, ausencia, enfermedad o delegación expresa”.
El PP se queda con: Presidencia, Interior, Emergencias y Desarrollo local; HAcienda y Función Pública; Sanidad; Educación y Juventud; Justicia; Ordenación del Territorio y Vivienda; Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad. Por su parte, Ciudadanos dirigirá: Deporte y Transparencia; Portavocía; Economía, Ciencia, Competitividad y Empleo; Universidades e Innovación; Asuntos Sociales y Familia; Transportes e Infraestructuras; Cultura y Turismo.