El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido mirar hacia otro lado y culpa a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona de ser los responsables de incumplir cada año con Bruselas en materia medioambiental. Y en concreto señala a sus actuales alcaldesas Manuela Carmena y Ada Colau. La ministra de Medio Ambiente, Agricultura, Alimentación y Pesca, Isabel García Tejerina, las responsabilizó ante la Comisión Europea y este miércoles lo ha vuelto a hacer en el Congreso de los Diputados, unas acusaciones a las que los ayuntamientos no han dudado en contestar con una batería de medidas de competencia Estatal que el Ejecutivo de Rajoy podría poner en marcha y que ayudarían, dicen, a recudir los altos niveles de contaminación en estas grandes ciudades además de complementar las medidas que estos ayuntamientos ya han puesto en marcha.
“El control de calidad del aire corresponde a los ayuntamientos. Aún así, el Gobierno está aportando soluciones para reducir la contaminación de suelo, agua y aire todo lo posible, supliendo la carencia y dejadez de otras administraciones responsables”, ha declarado Tejerina en la sesión de Control al Gobierno. Unas palabras que no solo han enfadado a las administraciones municipales de Madrid y Barcelona, sino también a la asociación Ecologistas en Acción que recuerda la “inacción durante años” de gobiernos del PP tanto estatales como locales y autonómicos.
“No solo no están haciendo cosas positivas sino que están en la inercia de favorecer el coche, es decir de hacer medidas en negativo”, lamenta el portavoz de Ecologistas en Acción en Madrid, Juan Bárcena. En Madrid ha sido una bola que han generado ellos y que este Ayuntamiento está intentando sortear con reticencias de nuestra parte, pero obstaculizar cualquier medida del ayuntamiento y luego decir que son responsables es la leche“, ha criticado Bárcena.
Las delegadas de Medio Ambiente de Madrid y Barcelona, Inés Sabanés y Janet Sanz, han arremetido también contra estas palabras de Tejerina y le han recordado las “competencias” en materia contra la contaminación que como ministra podría poner en marcha y que complementarían las que ya han implementado sus administraciones, entre las que se encuentran las de incentivos fiscales a los coches menos contaminantes y más infraestructura para el transporte público.
Impuestos
Una de las medidas competencia del Estado, que han detallado tanto Sabanés como Sanz, es la revisión del impuesto especial sobre carburantes, eliminando todas las ventajas fiscales que favorecen la compra de vehículos diésel. Ambas han recordado que, mientras sus ayuntamientos imponen medidas restrictivas a la circulación de vehículos contaminantes, el Gobierno de Rajoy favorece a esos coches, un hecho que consideran contradictorio. En este sentido, han pedido una modificación del impuesto de matriculación de vehículos que priorice los vehículos menos contaminantes, especialmente los Cero y ECO.
Respecto a los vehículos más contaminantes, Madrid y Barcelona exigen la “obligatoriedad” de la identificación de todos los vehículos mediante el etiquetado establecido por la Dirección General de Tráfico (DGT) en función del potencial contaminante. Además, también piden el “perfeccionamiento” del etiquetado iniciado por la DGT con las etiquetas para motocicletas y ciclomotores no eléctricos así como para vehículos industriales hibridados de bajas emisiones.
Otra medida que han detallado las ediles es el “desarrollo de sucesivos programas PIVE” que incentive la renovación de los vehículos profesionales y turismos más contaminantes en términos de NO2 y PM, a favor de vehículos Cero y ECO y que la ayuda tenga en cuenta criterios sociales.
Más infraestructuras para el transporte público
La aplicación de descuentos VAO, ECO en función de la etiqueta ambiental de la DGT en los peajes de competencia estatal y el incremento de la financiación del transporte público de proximidad, alcanzando como mínimo los niveles del año 2010. En este sentido, piden la “priorización” de las inversiones vinculadas con el transporte público, incluyendo tanto las vinculadas a las infraestructuras ferroviarias como la habilitación de BUS VAO en los principales accesos a las ciudades y otras medidas favorecedoras de la intermodalidad.
Desde Ecologistas en Acción, recuerdan que en materia de infraestructuras el Gobierno ha trabajado “en contra” de como lo han hecho ayuntamientos como Madrid. Ponen como ejemplo la carretera de Extremadura (A-5), una carretera de alta velocidad y varios carriles en medio de la ciudad. El Ayuntamiento anunció que quería acabar con esta autovía pero el Gobierno ha decidido ampliarla, un hecho que el portavoz de Ecologistas en Acción considera “generará embotellamiento de coches y hará que más vehículos entren en Madrid”.
Las administraciones locales también piden que se revise la fiscalidad y tasas portuarias y aeroportuarias “con el fin de permitir una mayor diferenciación en función del nivel de contaminación, eliminando los máximos existentes en la actualidad”. El tráfico aéreo es el causante de más del 20% de las emisiones de dióxido de nitrógeno y los cruceros “provocan grandes problemas de contaminación en Barcelona”, explica Bárcena.
Finalmente, los ayuntamientos piden que el Gobierno “promueva” a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que reúne a ministerio y comunidades autónomas, “aquellas medidas de competencia autonómica que tengan impacto en la mejora de la calidad del aire”. Ponen como ejemplo, el control de calderas, la regulación ambiental de las licencias VTC, legislación autonómica de movilidad sostenible aplicable a empresas o una mejora de los controles de las emisiones contaminantes en las ITV.