El PP ha puesto el listón muy alto en su programa electoral en materia de sanidad. La candidatura de Isabel Díaz Ayuso se ha marcado, si gobierna en la Comunidad de Madrid, el ambicioso objetivo de reducir a la mitad las listas de espera sanitarias. Para conseguirlo, la candidata propone repetir una fórmula que ya puso en marcha Cristina Cifuentes, que no dio grandes resultados y que, además, fue parada por la justicia (aunque los hospitales siguen utilizándola con pequeños retoques para sortear la sentencia).
Se trata de los llamados “pactos de gestión”, unos acuerdos bilaterales entre la administración y las gerencias de los hospitales, para aumentar la actividad de los hospitales por las tardes y durante los fines de semana. Díaz Ayuso se compromete a reavivar con una inversión extra la fórmula, con la que apenas se ha logrado una reducción de la lista del 7%. Una caída que, traducida en pacientes, son 5.000 sobre un total de más de 74.000 que están esperando. La candidata del PP propone multiplicar por siete esa modesta bajada con un 24% de presupuesto más (70 millones) de lo que se ha invertido en los últimos cuatro años: un total de 290 millones de euros frente a los 222 inyectados en este plan desde 2016, según datos de la Consejería de Sanidad.
El Tribunal Supremo no tumbó el fondo de los pactos de gestión, sino la manera de implantarse porque no se sometieron, según la sentencia de febrero de 2018, a negociación colectiva con los sindicatos pese a que alteran las condiciones de trabajo de los sanitarios. Ahora, Díaz Ayuso quiere recortar el 50% de la lista “con el diálogo directo con cada gerente para que cada hospital pueda organizarse” y además reproducir esa reducción en otras dos listas: la de pruebas diagnósticas y la de consultas con el especialista. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, hay 79.175 personas esperando a ser intervenidas, 431.261 pendientes de cita especializada y 125.945 de hacerse un TAC o una ecografía.
A todos ellos, Díaz Ayuso también les garantiza un techo máximo de espera que actualmente no existe. Este tope de espera también se comprometen a implantarlo el Partido Socialista y Más Madrid en sus programas. El PSOE también incluye entre sus propuestas ampliar “la actividad programada” de los hospitales por las tardes pero no plasma ningún compromiso concreto de reducción de la lista.
En el caso del PP, todas las medidas se engloban dentro del Plan Cronos, sobre el que su candidatura no da más detalles. Fuentes de su equipo incluso aseguran que los pactos de gestión aún no son una medida cerrada y que, de momento, el programa solo detalla que se “pondrán los medios materiales y económicos” para recortar la lista de espera.
La candidatura tampoco explica si el aligeramiento del número de personas se hará aumentando la derivación a los centros concertados. El plan que puso en marcha Cifuentes, cuestionado por los tribunales, incluía una cláusula por la que los hospitales tenían que comprometerse a derivar pacientes a otros centrosa cambio de recibir los recursos necesarios para operar a más pacientes. Cuando fue presentado, varias asociaciones de facultativos interpretaron el plan como una “trampa” para desplazar a pacientes a centros concertados. Este trueque de pacientes, según varios médicos consultados, ya no se realiza por obligación del contrato aunque no hay transparencia sobre cuántos se derivan y a qué hospitales. El grueso acaban parando en hospitales privatizados de la red pública.
Actualmente sigue en vigor el plan de reducción de listas de espera que aprobó en 2016 el Gobierno liderado por Cristina Cifuentes y que estará vigente hasta finales de este año. El balance de la Consejería es positivo si se compara la Comunidad de Madrid con el resto de regiones: es la que tiene la espera media más baja de España junto a La Rioja.
Pero la evolución de varios parámetros en los últimos cuatro años no revela grandes resultados. De diciembre de 2015 a abril de 2019, los últimos datos disponibles, la lista de espera para operaciones ha pasado de 79.444 personas a 74.636 personas. Hay 5.000 pacientes menos aguardando ser intervenidos y los que más esperan –más de 180 días– se han reducido a casi a la mitad pasando de 610 a 357. Sin embargo, uno de cada cuatro pacientes sigue aguardando más de dos meses en pasar por quirófano (en 2015 era uno de cada cinco) y la espera media no ha mejorado: ha crecido de 40,24 días a 48,67 en todo el periodo medido por la Consejería en la legislatura con varios cambios de tendencia que se pueden ver en el siguiente gráfico.
Se ha tomado el dato de “espera media estructural” y no el de “demora media estructural” porque es el dato más preciso ya que incluye el tiempo que pasa desde que el paciente entra en la lista hasta que sale tras la operación.
Fuentes de la cartera subrayan el “enorme esfuerzo” puesto en este asunto y consideran que han puesto orden a la estadística que ofrecía Esperanza Aguirre. Esos datos no respetaban los estándares establecidos por el Ministerio de Sanidad y camuflaban a una parte de los pacientes para cumplir su promesa: que ninguno esperara más de 30 días para operarse. Cristina Cifuentes homogeneizó las cifras con las del Ministerio, lo que provocó de repente una crecida que no era imputable a su gobierno.
La lista de consultas externas es la que sale peor parada en la legislatura. La demora media para ir al especialista ha aumentado cuatro días desde julio de 2016, el primer dato disponible en la Consejería de Sanidad. Entonces la espera promedio era de 32,7 días y ahora alcanza los 36,6. El consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, admitió en la Asamblea de Madrid que estos datos “no son tan satisfactorios” como le gustaría, pese a que están realizando “un trabajo riguroso para reducir las demoras en la sanidad madrileña”. “Los tiempos de espera están entre los más reducidos de todo el país pese a la dificultad que eso entraña”, defendió Ruiz Escudero. La espera para pruebas diagnósticas no arroja un mejor resultado: se mantiene en torno a los 40 días de media.
La cifra que sí ha caído de una manera evidente es el número de pacientes que rechazan ser derivados, es decir, operados en otro hospital. En diciembre de 2015 representaban el 42% del total de pacientes en lista de espera; y hoy solo son el 13,51%. De manera que se producen muchas más derivaciones que hace cuatro años a hospitales con menos lista de espera. Estos centros son, según datos de la Consejería, los hospitales que tienen privatizada la gestión (Rey Juan Carlos, Villalba, Infanta Elena y Torrejón de Ardoz) y la Fundación Jiménez Díaz. En los cinco la empresa gestora es Quirónsalud: el grupo líder de la sanidad privada –comprado por el gigante Fresenius– que confía en que la derecha siga gobernando en la Comunidad de Madrid.