La polémica del veto parental se desplaza ahora a Madrid. Dos semanas después de que Murcia iniciara el blindaje legal de la medida por las exigencias de Vox para apoyar allí los presupuestos, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha enviado una instrucción a todos los centros sostenidos con fondos públicos –los públicos y también los concertados– para obligarles a publicar en sus web el proyecto educativo anual y las actividades complementarias como charlas, talleres o excursiones.
Con esta medida, el Gobierno de PP y Ciudadanos en Madrid da por cumplido el acuerdo de investidura con Vox en materia educativa. En la formación de extrema derecha, sin embargo, insisten en que su apoyo a los presupuestos de 2020 sigue condicionado a que se apruebe lo que ellos denominan 'pin parental', la posibilidad de que los padres veten para sus hijos algunas actividades programadas por los centros. La Consejería de Educación asegura en la nueva instrucción que “los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
La decisión ha generado “sorpresa” y “perplejidad” en los equipos directivos de los colegios e institutos y también en la oposición política. Sobre todo porque hace apenas dos semanas la propia Díaz Ayuso afirmó que la polémica en Madrid no existía y el consejero de Educación, Enrique Ossorio, contradijo con datos el supuesto adoctrinamiento. De los 1.240.000 alumnos escolarizados en los 1.200 centros de toda la Comunidad de Madrid solo hubo una queja por escrito por una actividad en el municipio de Pedrezuela, informó Ossorio. Ninguna denuncia formal. Ayuso declaró con estos datos que la polémica de Vox era “estéril” y defendió hace apenas cinco días ante la dirección del PP de Madrid que “cuando algo no es verdad no se puede asumir”.
Sin embargo, los centros educativos amanecieron este lunes con una nueva instrucción que modifica otra del pasado mes de diciembre, cuando todavía no había aflorado la polémica sobre el mal llamado pin parental, que estalló después de que el Gobierno de Murcia integrado también por PP y Ciudadanos asumiera la medida a cambio del apoyo de la extrema derecha a sus cuentas. En Madrid, los centros ya venían informando de estas cuestiones a comienzo de curso cuando cerraban la programación. La mayoría lo hacían a través de su página de internet.
La novedad es que ahora tendrán que adelantar cinco meses la planificación: la Consejería obliga a que se publique en abril la programación del curso presente y también la previsión del siguiente con actividades concretas. Toda esta información debe estar colgada en la web de cada centro y también en la página oficial de la Comunidad de Madrid para que cualquier familia pueda consultarla y decida así el centro académico que elige para sus hijos. La instrucción recoge, concretamente, la relación de documentos de acceso abierto: el proyecto educativo, la memoria de todas las actividades del curso, la programación general anual, el reglamento de régimen interno y las normas de convivencia.
Desde la Consejería de Educación reconocen a eldiario.es que tras la medida están Vox y la controversia causada por la formación de extrema derecha, que ha repetido en numerosas ocasiones que su apoyo a los presupuestos regionales está condicionado a que se apruebe el veto parental.
“Se aprueba ahora debido a la necesidad, con todo el lío que se ha montado, de que exista la máxima transparencia y que los padres tengan toda la información antes de que se inicie el curso”, aseguran fuentes de la Consejería que añaden que se trata de un acuerdo “verbal” al que llegaron en PP y Vox en agosto para investir a Ayuso, al que la presidenta se comprometió ya en su discurso en la Asamblea de Madrid.
Una instrucción política y no “educativa”
Los equipos directivos con los que ha contactado eldiario.es se quejan de que la instrucción “trasciende” lo educativo y responde a criterios políticos en la antesala de la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2020. “Asistimos al debate como espectadores cuando es algo que nos afecta en primera persona”, se queja Esteban Álvarez de Toledo, presidente de Adimad, la asociación que agrupa al 80% de los directores de institutos madrileños.
A día de hoy, el Gobierno de PP y Ciudadanos en Madrid tiene prorrogados los presupuestos de 2019. Ni se ha comenzado a trabajar en un borrador de las cuentas ni se han iniciado las conversaciones con el resto de grupos de la Cámara madrileña para su negociación. Pese a que para el Gobierno regional, con la instrucción remitida este lunes a los centros “se cumple así con lo acordado en el debate de investidura, tal y como quedó reflejado en el diario de sesiones de la Asamblea”, según Enrique Ossorio, para Vox la medida adoptada este lunes no sería suficiente e insisten en que solo con el pin parental darán su visto bueno a los presupuestos.
La “perplejidad” se ha instalado en los colegios y los institutos porque, según los docentes, las órdenes que incluye la instrucción no son nuevas. La Lomce, la ley orgánica educativa aplicable a todo el territorio nacional, obliga a hacer “públicos” los proyectos educativos “para facilitar su conocimiento” a las familias en su artículo 121 y existen instrucciones específicas de la Comunidad de Madrid que recogen este mismo mandato.
Por eso, CCOO considera que la nueva orden “supone por omisión un señalamiento a los equipos docentes” y da a entender “que no se está cumpliendo la normativa vigente”. “La instrucción es una concreción del modo en que tienen que cumplirse los preceptos normativos”, señala la responsable de Educación de CCOO Madrid, Isabel Galvín. “Ya lo estábamos haciendo, sobre todo en Secundaria. Siempre estamos a favor de la transparencia, de más calidad y más información. Pero ya la había”, añaden desde Adimad.
Algunos profesores consideran, además, que este tipo de órdenes “extienden la duda y la sospecha” sobre los centros educativos. “Somos profesionales de la enseñanza que peleamos por la calidad educativa, que tenemos criterios y que cumplimos con las normas”, reivindica el director de un colegio de la capital que prefiere no dar su nombre. Otro profesor de Secundaria, con más de 30 de años de experiencia, cree que la instrucción dificulta más el trabajo docente. “Debido al gran número de interinos, los equipos cambian cada mes de septiembre. Hasta que no está completo, la programación difícilmente puede hacerse”.
Desde la oposición consideran que el Gobierno regional está “siguiendo la senda que marca Vox” aprobando esta instrucción. “Lo que nos hemos encontrado hoy es una medida para condicionar las programaciones de los centros públicos para que los consejos escolares y los claustros estén condicionados a la hora de planificar actividades y de determinar charlas”, considera el portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano.
Para el PSOE, la medida “no es ninguna novedad”, como han explicado desde los centros educativos, sino que se trata de “desviar la atención de los problemas reales que tiene la educación en Madrid”. “Al final hay que hacerle el juego a Vox y que tengan un motivo más para apoyar sus presupuestos”, declaraba la diputada socialista Marta Bernardo. En Más Madrid consideran que la medida “nace muerta porque Vox ya ha dicho que no le vale” pese a que pretende “contentar a Vox”, ha criticado su portavoz Pablo Perpinyà.
Ayuso declaraba este lunes que la medida se limita a garantizar la “libertad”: “Es simplemente la libertad de las familias para saber la oferta que le vamos a dar a sus hijos”. El pulso entre el Gobierno de coalición y Vox, formación de la que dependen, está echado. De momento, pese a la negativa del Ejecutivo madrileño de ceder a esta exigencia, el partido de Santiago Abascal ha conseguido imponer la medida en Murcia, presiona en Andalucía y ha arrancado en Madrid la primera cesión para que haya un mayor control ideológico a los centros educativos.