Entre 2011 y 2017, Madrid Destino ha contratado hasta en 17 ocasiones servicios legales externos con el mismo procedimiento con el que lo hicieron los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer cuando encargaron los dos informes jurídicos por los que el PP les ha llevado a los tribunales.
La jueza admitió a trámite una querella del grupo municipal en el Ayuntamiento en la que acusaba a los ediles de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario. El Partido Popular de la capital culpó a Sánchez Mato y Mayer de haber pagado 100.000 euros por esos informes encargados “a dedo”.
Para el PP, los ediles habrían incurrido en un delito al saltarse las normas de contratación de la entidad pública, aunque los ediles siguieron un procedimiento similar al empleado por los populares cuando gobernaban. Unas instrucciones de contratación que fueron aprobadas por el Gobierno de Ana Botella y que el PP aplicó nueve veces. En 2014, Madrid Destino justificó con un folio el contrato de un servicio jurídico sin concurso público que costó 26.894 euros.
“Hemos podido aclarar que el procedimiento ha sido legal”, ha asegurado Celia Mayer a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla donde este lunes los concejales han declarado. La delegada de Políticas de Género y Diversidad también ha destacado que “se han podido aclarar los importes de los informes”. Madrid Destino, con Mayer y Sánchez Mato en el equipo directivo, pagó 24.000 y 26.000 euros por ellos, un importe lejano a los 100.000 euros que dijo el PP y que cambia sustancialmente las normas de contratación a las que debían acogerse.
Los argumentos de la defensa
Durante dos horas los ediles han contestado a las preguntas de sus abogados y la acusación. La juez no ha hecho preguntas y tampoco la Fiscalía, aseguran fuentes municipales a este medio.
Los concejales han expuesto los argumentos que la defensa ya aportó en el juzgado en un documento el pasado jueves, al que ha tenido acceso eldiario.es. La clave está en esos importes. En el escrito, se hace alusión a las “instrucciones internas de contratación de Madrid Destino”, aprobadas por Botella. En ellas, se establece que que no hay necesidad de elaborar pliegos para aquellos contratos de importe inferior a 50.000 euros, solo la necesidad de solicitar un mínimo de tres ofertas a empresas.
Los ediles no solicitaron estas tres ofertas y lo argumentaron a través de una memoria firmada por la directora legal de Madrid Destino, como se había hecho en otras ocasiones cuando el Partido Popular estaba el frente de la empresa pública. En esta memoria que consta de seis páginas, también se justifica el hecho de que se encarguen dos informes diferentes: el posible delito por la vía administrativa y el de la vía penal.
Madrid Destino y la defensa justificaron la contratación sin la concurrencia de tres empresas basándose en “la imperiosa urgencia de contar con un dictamen penal” tras la recepción de la factura en el mes de febrero y la exigencia de que el informe tuviera que estar entregado a finales del mes de marzo “para conocer exactamente las implicaciones del pago de la factura y tomar las decisiones pertinentes”. También aludieron a la “confidencialidad y el secreto profesional”.
En relación a la publicidad de la contratación, la ley no exige publicidad específica alguna para contratos de importe inferior a 50.000 euros, argumenta la defensa.
El PP contrató con el mismo procedimiento
El Partido Popular contrató en nueve ocasiones contratos similares a los encargados por Sánchez Mato y Celia Mayer. Entre ellos, se encuentra la defensa del caso Madrid Arena hasta asesoramiento fiscal. Un contrato similar a los encargados por los concejales de Ahora Madrid fue el firmado con el despacho Maio Legal, el 21 de octubre de 2013, para el asesoramiento en un pleito tras una demanda por la construcción de Caja Mágica. Se pagó por esa asesoría 30.098 euros.
Un año después, en 2014, Madrid Destino contrató a Heriga SL, para esa misma demanda de FCC. Por este trabajo se pagaron 26.894 euros. Madrid Destino justificó la exención del cumplimiento de la ley de contratos en un folio de seis puntos.
La defensa de los ediles ha presentado un escrito de 26 páginas en el que piden el sobreseimiento de la causa porque “carece de cualquier relevancia penal”. Así, sus abogados aseguran que los concejales tenían competencias para encargar los informes y que no se pagaron 50.000 euros de una vez, sino que fueron dos encargos distintos por 24.000 y 26.000 euros.
El documento también rechaza que los servicios jurídicos del Ayuntamiento hubiesen descartado “la existencia de irregularidad alguna”, como alega el PP. “Ni a Doña Ana Varela ni a Don Carlos Sánchez Mato se les dio la asesoría solicitada y, mucho menos, se había descartado nada por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid”, recoge el escrito.
La defensa de los ediles añade que el gasto en esos informes está justificado y que se siguieron los cauces legales para investigar los “cuantiosos” pagos “a una sociedad opaca que organiza el torneo de tenis de Madrid”.
El escrito termina acusando al PP de haber presentado una demanda “espuria” porque su única finalidad era causar un perjuicio político para solapar las irregularidades detectadas por los concejales.