Los gobiernos del PP se revuelven ante los planes del Gobierno de Pedro Sánchez con la educación concertada. El Ejecutivo solo ha anunciado una medida, eliminar el artículo de la Lomce que condiciona la existencia de aulas concertadas a la “demanda social”, pero eso ha sido suficiente para despertar una rápida reacción en el Gobierno de la Comunidad de Madrid –el núcleo central de la oposición al Ejecutivo socialista– y la “alarma” entre las familias. Tanto, que la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha tenido que salir al paso de la polémica para aclarar que es falso que el Ejecutivo vaya a eliminar los conciertos educativos.
Inmediatamente el presidente regional Ángel Garrido convocó a iniciativa propia a asociaciones de padres y madres, sindicatos y agrupaciones vinculadas a la escuela concertada. Su objetivo, según recibieron algunas de ellas, era tranquilizarles y manifestarles “el contraste de las política de Madrid con las declaraciones del Gobierno”. “Nos reiteraron su apuesta por la libertad de elección”, cuenta un portavoz de Escuelas Católicas de Madrid a eldiario.es.
La reunión se saldó con dos compromisos: un nuevo decreto de regulación específico para la escuela concertada y la financiación a cargos de las arcas públicas de equipos de orientación educativa para Primaria. Hasta ahora los equipos que trabajan en centros públicos atendían también a los concertados pero a partir de este curso –el primer año solo se implantará en 140 centros y los siguientes en todos progresivamente– los centros recibirán una cuantía específica para gestionarlo.
El grupo promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos de la región por la educación inclusiva interpretan este anuncio como “una privatización del servicio” en estos centros que abrirá la puerta a que hagan informes de necesidades educativas especiales sin control administrativo público. Con estos diagnósticos, los colegios concertados reclaman a la Consejería de Educación apoyos educativos en función del número de alumnos y alumnas con necesidades. “Se perderá el control que requiere la dotación de recursos públicos”, dice un comunicado de la ILA.
CCOO advierte de que “el PP se comprometió en la Comisión de Educación del 20 de diciembre a no privatizar estos servicios”. “Rechazamos este paso porque ya tuvo consecuencias en Aragón, donde se produjo un aumento exponencial y desproporcionado del alumnado de necesidades educativas especiales en busca de atraer más recursos a los centros concertados”, explica Isabel Galvín, secretaria general de Educación de CCOO Madrid.
Del decreto prometido por Ángel Garrido ha trascendido aún poco. Fuentes de la Consejería de Educación avanzan que se exigirán al menos dos años de experiencia a los centros privados que quieran pedir el concierto y se adelantará el plazo para solicitarlo de enero a diciembre.
Escuelas Católicas vaticina, en declaraciones a eldiario.es, que el Gobierno regional quiere vestir de decreto la orden de 2016 que regulaba las actividades complementarias de estos colegios. Estas actividades se han sometido a la investigación de la inspección educativa tras la apertura de más de un centenar de expedientes que acreditaban incumplimientos legales en 167 centros. Entre los detectados, la oferta de servicios en bloque de pago obligatorio o algunas fallas en la rendición de cuentas con la Consejería que los financia.
Los conciertos educativos ya están regulados, grosso modo, en un decreto nacional del año 1985. La propuesta de Garrido pasa por crear uno específico para la Comunidad de Madrid, más allá de las órdenes e instrucciones (de menor rango) que ya existen. El dinero que aporta la administración por cada plaza escolar queda establecido cada año en los Presupuestos Generales del Estado, aunque los gobiernos regionales pueden introducir complementos. Lo que no es posible es que esos módulos marcados en el ámbito nacional se reduzcan.
Los gestores de las escuelas concertadas han reivindicado históricamente la actualización de esas cifras con el argumento de que las cantidades no son suficientes para cubrir los gastos. Esta cuestión también se puso sobre la mesa en la reunión con el presidente de la Comunidad de Madrid, que no se comprometió expresamente a un aumento, según fuentes presentes en el encuentro.
La Comunidad de Madrid tiene una proporción de escuela concertada disparada respecto a la proporción de otras regiones. En 2014 era la cuarta comunidad autónoma –solo por detrás de Euskadi, Navarra y Baleares– que dedica más presupuesto público a este modelo educativo: fueron 943 millones de euros. Uno de cada cinco euros del gasto total en educación (20%). La media está en un 14,7%.
Cuatro años más tarde, el presupuesto ha escalado hasta los 1.028 millones, un 9% más, según datos ofrecidos por la Consejería de Educación. El Gobierno de Ángel Garrido abrirá en septiembre 190 aulas nuevas, aunque todas en centros que ya tienen concierto educativo. “Son para dar respuesta al crecimiento vegetativo”, apuntan fuentes de la cartera dirigida por Rafael Van Grieken.
Las clases concertadas no han dejado de crecer desde que Cristina Cifuentes llegó a la Puerta del Sol en 2015. La expresidenta prometió que no concedería conciertos a nuevos centros pero su gestión ha continuado inflando la implantación de este modelo. 283 nuevas en 2015, 229 en 2016, 191 en 2017 y 190 este curso que viene. En total, la región cuenta con 15.680 aulas con concierto.