El PP pone a los gobiernos de Madrid como el “kilómetro cero” de la batalla contra Sánchez pese a su falta de gestión
“Madrid será el kilómetro cero del cambio en España”, dijo Pablo Casado durante el mitin de cierre de campaña de las elecciones del 4 de mayo. Y una vez confirmada la imponente victoria de Isabel Díaz Ayuso, el líder del Partido Popular lo volvió a repetir al día siguiente durante el Comité Ejecutivo Nacional que congregó a dirigentes de la formación de todos los rincones del país. “Ayer fue un punto de inflexión, ese motor del cambio; ese kilómetro cero de la alternancia política en España”, alardeó Casado, haciendo suya la victoria de la presidenta de la Comunidad de Madrid y sumándose a la petición de Ayuso de que el resto de gobiernos sigan la estela de la candidata del PP, pese a que ha basado todo su mandato en el enfrentamiento con el Gobierno central.
Casado pone como ejemplo de gestión a los gobiernos de Comunidad y Ayuntamiento de Madrid como el inicio de la batalla contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su carrera para llegar a la Moncloa. Durante la pandemia, el presidente del PP ya había asegurado que, de gestionar el país, lo haría al modo Ayuso: “Es lo que haríamos a nivel nacional”, dijo mientras Madrid era el epicentro de la crisis sanitaria por el coronavirus y pese a que la presidenta regional no había sido capaz de sacar adelante todavía unos presupuestos ni una sola ley.
Casi un año después, las cosas cambiaron poco en la administración autonómica gobernada por el PP y Ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso convocó las elecciones en marzo sin haber logrado tener unas nuevas cuentas y sin aprobar ninguna norma de calado, solo la enésima reforma de la ley del Suelo, recurrida en el Tribunal Constitucional. En dos años de gobierno, la medida estrella de Ayuso ha sido un hospital de pandemias construido en tiempo récord, que ha costado el triple de lo presupuestado, sin contratar a un solo médico en medio de una crisis sanitaria y que no tiene quirófanos. Mientras, varias plantas de UCI en hospitales públicos perfectamente equipadas permanecen cerradas.
Ayuso aseguró el 11 de marzo que adelantaba los comicios entre otras cuestiones para poder desarrollar su “proyecto”, el que no había sido capaz de desplegar en más de año y medio. La dirigente popular achacó la falta de gestión a la mala relación con sus socios de Gobierno, Ciudadanos –en coalición– y Vox, pero el Gobierno de Madrid ha sido el único autonómico gobernado por el PP en coalición que presenta un balance sin presupuestos. Castilla y León, Andalucía y Murcia han sido capaces de tener cuentas dos años y de aprobar más leyes, aunque gobiernan con Ciudadanos y en algunas también con el apoyo externo de la extrema derecha.
Ahora, una vez pasadas las elecciones, la presidenta madrileña ha confirmado que la Comunidad de Madrid tampoco tendrá presupuestos en 2021. Ayuso renuncia a aprobar unas nuevas cuentas pese a que fue una de sus promesas electorales si lograba una holgada mayoría en las elecciones del 4M, como ha ocurrido. La dirigente del PP aseguró que no negociará con Vox los presupuestos para 2021, para centrarse en los de 2022. Ayuso seguirá gobernando por tanto con los de 2019, los últimos que aprobó Ángel Garrido como presidente regional antes de pasarse a las filas de Ciudadanos. Unas cuentas que corresponden a otra realidad y que no encajan con la situación actual de pandemia. Madrid, fuertemente golpeada por la crisis sanitaria, es una anomalía en todo el país al gobernar sin nuevos presupuestos.
El primer gobierno de coalición de la historia de la Comunidad de Madrid moría el 11 de marzo con un balance en el que solo destacan las polémicas y los choques entre los socios de gobierno. Toda la gestión de la presidenta madrileña esos dos años –y ya ha amenazado que seguirá siendo así– ha sido hacer oposición al Gobierno central. Incluso cuando era el epicentro de la pandemia en Europa apostó más por el enfrentamiento que por la gestión. Ayuso vio en la crisis sanitaria una oportunidad para reforzar su estrategia de ser el azote institucional al Ejecutivo central, desde que en noviembre de 2019 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellaron un pacto para gobernar juntos en la Moncloa.
El Ayuntamiento: con presupuestos pero sin grandes hitos
En el otro espejo en el que se mira Casado, el Ayuntamiento de Madrid, las cosas no son muy diferentes. El alcalde José Luis Martínez-Almeida a diferencia de Ayuso ha aprobado cuentas todos los años, pero su balance tampoco destaca especialmente tras dos años de gestión.
Una de las frases más sonadas de la campaña de los populares la pronunció precisamente el primer edil de la capital. “Seremos fascistas, pero sabemos gobernar”. Amén de que la declaración obligara a su equipo a precisar que su tono era irónico, lo cierto es que la gestión no deja ningún hito importante más allá de los discursos y de una agenda frenética que incluso ha generado roces entre los socios del Gobierno -aquí la coalición con Ciudadanos ha sobrevivido- por el solapamiento de las convocatorias.
La principal promesa sobre la que pivotó su carrera electoral, acabar con la zona de bajas emisiones Madrid Central, se fue por el sumidero cuando el PP constató que Ciudadanos –su socio de Gobierno– no estaba dispuesto a dar marcha atrás tras el tirón de orejas de los jueces en julio de 2019, que frenaron en seco la moratoria de las multas -la barra libre a entrar en la zona restringida- decretada por la corporación tras solo una semana en vigor. Pero una inesperada decisión del Tribunal Supremo, según la cual se anula la zona de bajas emisiones, ha hecho al alcalde cumplir su promesa cuando ya había renunciado a hacerlo (pese a que el recurso que originó el caso es del PP). El auto cogía con el pie cambiado a la corporación, que ahora se ve obligada a correr contra su propia acción judicial para evitar que vuelva la circulación masiva de coches al centro de la ciudad.
Pese a que la pandemia obligó a todas las administraciones a frenar su calendario, el alcalde rentabilizó más que ningún otro líder su gestión con la firma de los Acuerdos de la Villa. Los pactos lograron poner de acuerdo a todos los cinco partidos con representación en el Ayuntamiento de Madrid y fueron un espaldarazo para elevar la figura del primer edil como un político negociador y de consenso. La imagen de unidad, sin embargo, se apagó pronto y la comisión de seguimiento que el Gobierno se comprometió a poner en marcha para que la oposición pudiera controlar que los pactos se estaban cumpliendo nunca ha existido.
La estabilidad del Ayuntamiento se consolidó en diciembre de 2020 con la aprobación de los segundos presupuestos municipales del mandato. Un año antes, las cuentas salieron adelante por un error de cálculo de Más Madrid y ni siquiera hizo falta que Vox las apoyara. Este punto no es baladí, aunque parezca un mínimo: Ayuso no ha sido capaz de sacar adelante ninguna ley de presupuestos regionales y ni siquiera las negociaciones se acercaron a los despachos de Vox.
La marca ‘Almeida’ también se distingue por una política contraria a los espacios vecinales que promocionó el anterior equipo de Gobierno, liderado por Manuela Carmena, a través de la cesión de edificios públicos –en tres meses acabó con dos proyectos en Arganzuela y Chamberí con poso en los barrios– con la excusa de construir sedes municipales “para todos los madrileños”, pese a que estas organizaciones barriales han sido el sostén alimentario de miles de familias a las que no llegaban las ayudas de los servicios sociales.
La participación ciudadana en decisiones locales también se ha visto mermada: en 2020 se dejaron de convocar los presupuestos participativos por el tapón de iniciativas, según argumentó el Gobierno; y desaparecieron el Consejo de la Ciudad y los foros locales. Con estas decisiones, la coalición de PP y Ciudadanos ha querido poner un punto y aparte en las medidas que caracterizaron al Gobierno de Ahora Madrid.
En plena campaña electoral, la Junta de Gobierno aprobó un servicio para ayudar a las personas cuyas casas son okupadas. El anuncio se había hecho en el último debate sobre el estado de la ciudad, en el que tras los Acuerdos de la Villa, Martínez-Almeida retomó las banderas que le habían aupado al Palacio de Cibeles el 26M: cámaras de seguridad, mano dura contra la okupación o más policía. Unos meses después, llegó el temporal Filomena y la ciudad quedó empantanada durante dos semanas. La crisis ocasionada por la nieve y el hielo puso en evidencia la descapitalización de los servicios públicos en la ciudad. El Ayuntamiento también ha diseñado un plan de vivienda que desató las críticas y tuvo que ser modificado unas semanas después de ponerse en marcha para ampliar el acceso a rentas más bajas.
Los impuestos bajos como camino
Como su homóloga, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid ha querido hacer de los impuestos uno de los ejes de su gestión con dos bajadas consecutivas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para todos los propietarios hasta el 0,46%. El compromiso de mandato es dejar el tipo en 0,4%. A su favor juega una herencia agradecida: la anterior corporación saneó las maltrechas y endeudadas cuentas municipales. Eso, junto a la eliminación coyuntural de la regla de gasto decretada por el Gobierno de España, permitió a PP y Ciudadanos plantear los presupuestos más expansivos desde tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón.
Del lado de la Comunidad de Madrid, Ayuso no fue capaz de aprobar en los dos años de gobierno la rebaja “histórica” de impuestos que prometió en la campaña de 2019. La candidata del PP rescataba la medida para estos comicios asegurando que la sacaría adelante nada más revalidar el mandato. Sin embargo, esta bajada de tributos volverá a quedarse en un cajón al menos hasta 2022, después de que la presidenta madrileña haya renunciado a aprobar unas nuevas cuentas para este ejercicio.
Ayuso seguirá necesitando a la extrema derecha para sacar estos proyectos, pese a desprenderse de Ciudadanos y tener la holgada mayoría que había pedido a los madrileños al convocar las elecciones. De entrada, los primeros días como flamante ganadora de los comicios, la presidenta madrileña amenaza con seguir gobernando en base al enfrentamiento y a la falta de gestión.
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