El Ayuntamiento de Madrid en tiempos del PP fue generoso con la trama Púnica. Así lo atestiguan los informes internos de la Subdirección General de la Auditoría de la Deuda del equipo de Gobierno actual, que recogen hasta 32,4 millones en adjudicaciones entrw 2004 y 2015 a empresas vinculadas con la supuesta “organización criminal” que lideraba el exnúmero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. Según informa El País, estas partidas se destinaron a al menos siete empresas y sociedades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional dentro de la instrucción del caso que realiza el juez Eloy Velasco.
Entre los 48 expedientes que cita el informe del Ayuntamiento, hubo adjudicaciones para sociedades como Waiter Music, Cofely España, Elyo Ibérica Servicios Energéticos, Grupo Dico Obras y Construcciones, Super Cash de Alimentación, Cofely-Velasco y Obrum. Todos los contratos que recibieron estas empresas suman 24,7 millones.
Los otros casi ocho millones que denuncia el consistorio que se adjudicaron a Púnica salen de partidas adicionales como una convalidación de gasto con un expediente del aparcamiento de residentes PAR de Cándido Mateos (3,3 millones) o a la ampliación de un aparcamiento en IFEMA (2,9 millones, a los que sumar otros 1,3 de intereses de demora). Las cabalgatas de reyes también estarían implicadas en los contratos con la organización corrupta, ya que hay sospechas sobre el patrocinio de carrozas de 2010 a 2012.
Según informa El País, el interés del Ayuntamiento es analizar si estos contratos están sujetos a la ley o si por el contrario existieron irregularidades en su tramitación. La investigación de los mismos se inició tras examinarse 91 contratos por valor de 50 millones, como anunció en octubre del pasado año el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez-Mato. Los responsables del consistorio cuando se contrató con la Púnica eran Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. Además, desde el PSOE se apunta a la responsabilidad política de Esperanza Aguirre en su condición de líder del PP en Madrid.
De comprobarse que los contratos son ilícitos, el equipo de gobierno de Ahora Madrid trasladaría sus pruebas a la justicia. Después, impulsaría una comisión de investigación en el pleno. Una iniciativa que ya se ha producido en la Asamblea de Madrid, por las contrataciones con una empresa de informática vinculada a la trama.
Francisco Granados sigue en prisión tras su detención en octubre de 2014 por formar parte de la trama. Su socio, el empresario David Marjaliza, abandonó la cárcel tras abonar la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez Velasco. Otros implicados en la causa, los exconsejeros madrileños Salvador Victoria y Lucía Figar, dimitieron de sus puestos para facilitar el acuerdo del PP con Ciudadanos para gobernar la Comunidad de Madrid.
DOCUMENTO: Mira en qué se gastó el Ayuntamiento de Madrid los 32 millones que contrató con la trama Púnica