El PP rechaza un pleno extraordinario sobre las facturas troceadas de los centros de FP de Madrid y el PSOE lo llevará a los juzgados

La mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid ha bloqueado la petición de Más Madrid de celebrar un pleno extraordinario para debatir el caso de los centros de formación profesional construidos o reformados a dedo por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por importes millonarios con facturas fraccionadas. En al menos siete centros de la comunidad se intervino con este procedimiento irregular. No es “urgente”, ha esgrimido el portavoz del PP en la cámara, Carlos Díaz-Pache. El PSOE ha anunciado que llevará el caso a los juzgados.

Los populares se escudan en que julio no es mes hábil para la Asamblea de Madrid para retrasar el control parlamentario del caso, que el propio Gobierno autonómico ha llevado sigilosamente a la Fiscalía por la primera de sus patas: la construcción de un centro de FP en el norte de Madrid presupuestado en 2,5 millones de euros sin sacarlo a licitación pública, dividiendo las obras en encargos a dedo de menos de 40.000 euros (cantidad a partir de la cual habría que sacarlas a concurso). Otro centro en Alcalá de Henares de 1,2 millones se contrató por el mismo método, y se realizaron reformas integrales en otros cinco centros educativos con prácticas similares, según desveló elDiario.es.

Más Madrid reclamaba la comparecencia del actual consejero de Educación, Emilio Viciana, pero el PP no cree que urja. “No hay razón para no posponerlas hasta la vuelta del verano”, ha dicho tras la Junta de Portavoces Díaz-Pache, que sí prevé que el consejero dé cuenta “cuando comience el curso político”. La oposición enmarca la decisión en la tónica general del PP esta legislatura, en la que las iniciativas de fiscalización se vienen vetando sin contemplaciones. En este caso, los socialistas avisan de que irán al juzgado. “Este asunto en el que se ve claramente una vulneración de la legislación debe ser objeto también de una fiscalización judicial”, ha dicho el portavoz del PSOE, Juan Lobato. “No podemos consentir que más de un millón de euros se fraccionen en contratos de 40.000. No tiene ningún sentido, los que hemos gestionado administraciones públicas sabemos perfectamente cómo funciona esto”, ha añadido.

“No son unos indicios cualesquiera; apuntan al corazón del Partido Popular, al presidente de esta cámara, a la consejera de Economía y al alcalde de Móstoles”, ha declarado la diputada de Más Madrid María Pastor. La parlamentaria ha aludido, respectivamente, a Enrique Ossorio, que fue consejero de Educación cuando sucedieron parte de los hechos, Rocío Albert, que era a la sazón viceconsejera de Política Educativa, y Manuel Bautista, responsable de infraestructuras educativas. “Parece que cuanto más cerca se está de Ayuso, más probabilidades hay de que este tema huela mal”, ha añadido.

Recurso al Constitucional

También Vox ha compartido los argumentos de la oposición de izquierdas. Su diputado José Antonio Fúster ha hablado del “asalto a las instituciones” de la presidenta madrileña, calcando la expresión que los populares madrileños emplean contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ante la negativa constante de la mayoría del PP de atender a las reclamaciones de comparecencias —los populares siguen aduciendo, por ejemplo, que el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, no puede responder porque no es un alto cargo “ejecutivo”— Más Madrid y PSOE ya han anunciado que recurrirán en amparo ante el Tribunal Constitucional por entender vulnerados sus derechos.