El secretario general del PSOE de Madrid y portavoz de los socialistas en la Asamblea regional, Juan Lobato, ha anunciado este miércoles que aparta a la diputada Carmen López de todas sus responsabilidades en las comisiones en el Parlamento autonómico en las que participaba, como la de Vigilancia de las Contrataciones, tras conocerse que su hija está siendo investigada por una estafa al sindicato UGT.
La Fiscalía de la Comunidad de Madrid denunció el pasado 30 de marzo a la hija de López, empleada de UGT Madrid, por presuntamente desviar dos millones de euros procedentes del sindicato a su marido y tres allegadas, contra los que la Fiscalía también interpone la denuncia por un delito de estafa continuada y falsedad en documento mercantil.
“La dirección del grupo hemos tomado la decisión de retirarla de todas las responsabilidades de las diferentes parlamentarias para protegerla a ella y al interés del desarrollo de nuestra acción política. Por su bien lo más lógico es que no siguiera asumiendo esas responsabilidades en las diferentes comisiones”, ha manifestado Lobato.
El portavoz socialista ha reconocido que en la reunión de grupo se tratado una posible renuncia al acta de diputada por parte de López, pero ha señalado que es algo que se trata de “una decisión personal, que ella tiene que reflexionar, y no del partido”.
“Eso tiene que ser su decisión y dentro de estas reflexiones una opción podría ser esa, pero esa decisión no me corresponde a mí, sino a la diputada. Esto se planteó en una conversación pero no como una instrucción sino como una de las posibilidades que tendría que asumir de forma personal”, ha sostenido Lobato, que ha reconocido que la parlamentaria está pasando por un momento “complejo y delicado”.
Ahora, Lobato lanza la pelota ahora al tejado del Partido Popular. Según el secretario general del PSOE de Madrid “el PP tendrá que decidir qué va a hacer” con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “si la van a apartar de su cargo o no”, en relación a la investigación abierta en la Fiscalía Anticorrupción y en la Fiscalía Europea por el contrato a dedo de 1,5 millones de euros del Gobierno regional a Priviet Sportive durante la pandemia, por el que el hermano de la presidenta habría cobrado una comisión.