La división en el seno del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha pasado a una nueva fase. Los reproches, las discrepancias y la falta de confianza han sido una constante en el Ejecutivo regional que preside Isabel Díaz Ayuso casi desde el día en que se firmó la coalición entre PP y Ciudadanos, con el apoyo de la extrema derecha. Pero la gestión de la pandemia ha erosionado aún más una unión que nunca fue demasiado sólida. En las últimas horas, esa tensión entre los socios apunta a un Gobierno roto.
La gestión de las residencias de mayores durante la pandemia y los planes para la reconstrucción que pretende liderar el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, han creado nuevas brechas en el pacto entre PP y sus socios que hoy se vislumbra al borde de la ruptura, a pesar de que el Ejecutivo apenas ha cumplido nueve meses. En los pasillos de la Asamblea de Madrid se ha abierto el debate sobre si serán unas elecciones anticipadas o una moción de censura las que acaben con el Gobierno, que de momento Ciudadanos descarta públicamente.
“Cualquier choque entre administraciones perjudica y yo no soy partidario de confrontar con el Gobierno de España. Soy partidario de intentar defender los intereses de Madrid y que haya coordinación y colaboración entre administraciones”, dijo Aguado en una entrevista en El Confidencial hace un par de semanas. Era la primera declaración pública del vicepresidente en contra de la estrategia liderada por Ayuso basada en la confrontación contra el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, con el que Ciudadanos ha empezado a sellar pactos, como los que permitieron sacar adelante las prórrogas del Estado de Alarma, contra las que han votado PP y Vox.
El jueves durante el Pleno regional el dirigente de Ciudadanos fue un paso más allá y convocó desde la tribuna de la Asamblea de Madrid a todos los grupos de la oposición a una reunión para abordar un pacto de reconstrucción similar al que ya está en marcha en el Ayuntamiento de Madrid. Lo hacía minutos después de que Ayuso se negase de nuevo a pactar “con el desastre” que para la presidenta regional representan PSOE y Unidas Podemos. En el PP no tardaron en desmarcarse de esa invitación de Aguado y avisaron a la prensa de que el vicepresidente actuaba por libre como dirigente de Ciudadanos y no como representante del Gobierno regional.
Ayuso ahondaba en esa idea este domingo en una entrevista en Telemadrid donde aseguró “no estar de acuerdo” en cómo se había convocado el encuentro. La presidenta avanzó entonces que la reunión que se producía este lunes no estaría el PP a la vez que contraprogramaba a su socio de Gobierno anunciando una convocatoria a Vox, su socio “prioritario” de Gobierno, pese a no estar dentro de la coalición.
Tras las declaraciones de la presidenta regional, la formación de extrema derecha se desmarcaba también este lunes del encuentro con Aguado, al que finalmente sí acudieron PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.
Guerra abierta por la gestión de las residencias
La bronca trasciende a la política de gestos y no se agota en las declaraciones públicas. La gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia provocó una grave cisma en el Ejecutivo de coalición. Madrid ha sido el epicentro de la crisis y también la región que acumuló más muertes en los geriátricos: casi 6.000 ancianos fallecidos con coronavirus o con síntomas compatible con la enfermedad.
El 26 de marzo, Isabel Díaz Ayuso decidía quitarle estas competencias a Ciudadanos para transferírselas al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP. Hasta ese momento recaían en la Consejería de Políticas Sociales, con Alberto Reyero (de Ciudadanos) al frente, el consejero más crítico con la gestión de su Gobierno. Ayuso planteó incluso su cese, pero Aguado enseguida le paró los pies recordándole que ella no tiene competencias sobre los consejeros nombrados por Ciudadanos según el pacto que ambos firmaron en agosto.
Reyero, que siempre se ha mostrado molesto con la gestión de sus socios, fue más lejos este lunes y aludió directamente a la decisión de la Consejería de Sanidad, que gestiona el PP, de frenar el traslado de ancianos desde las residencias a los hospitales durante el pico del Covid-19. El representante de Ciudadanos confirmó una sucesión de informaciones publicadas por la prensa los últimos días sobre los protocolos establecidos al inicio de la pandemia desde la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria, que negaban las derivaciones de internos de geriátricos a hospitales.
“No es ético y posiblemente tampoco sea legal”, dijo el consejero sobre las decisiones del departamento de Sanidad, que gestiona el PP. Reyero se manifestó “radicalmente en contra” de imponer “unos niveles de exclusión” con base a la dependencia o discapacidad del enfermo, más allá de los “criterios clínicos”, que deben imperar en la valoración de cada caso concreto.
El consejero de Ciudadanos desveló también durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid que se había dirigido por escrito en tres ocasiones (el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril) al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), para manifestarle su desacuerdo con lo que decían esos protocolos. Reyero aseguró en comisión que ya entonces le había planteado que “si no era posible la derivación al hospital era imprescindible la medicalización de las residencias”.
Pero el consejero de Ciudadanos no se quedó ahí. Reyero concluyó su intervención posicionándose “absolutamente a favor” de que se constituya en el parlamento madrileño una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias, que Ayuso desprecia y califica de “politización el dolor” por parte de la oposición. A la vez que esto ocurría, la Mesa de la Asamblea admitía a trámite este lunes la propuesta conjunta del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos para crear dicha comisión de investigación sobre el impacto del coronavirus en las residencias de la región y la gestión de las mismas por parte del Gobierno regional.
Esta declaración de Reyero ahonda en los roces entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid a la vez que alienta la investigación judicial sobre las miles de muertes en los geriátricos que ya han llevado a los tribunales asociaciones y familiares.
Desde el entorno de la presidenta llevan semanas deslizando que si Reyero fuera del PP hace tiempo que sería historia en el Gobierno madrileño. El consejero de momento mantiene su puesto pero su situación es cada vez más delicada sobre todo desde que se publicara el contrato a Room Mate en el Portal de contratación el día que estalló el escándalo de los apartahoteles en los que se ha alojado Ayuso durante más de dos meses.
La consejería de Políticas Sociales lo achacó a un “error humano” y cesó a un alto funcionario del área. Aguado defendió entonces que la investigación interna acababa ahí pero Ayuso lo desmentía poco después. La presidenta seguirá indagando en el caso y habla de un posible delito penal. La desconfianza con sus socios llega hasta ese punto.
Elecciones anticipadas o moción de censura
Las constantes tensiones en el seno del Gobierno regional han avivado el debate de un posible adelanto electoral ahora que el PP de Madrid crece en algunas encuestas que hunden a Ciudadanos. Desde el equipo de la presidenta madrileña miran con lupa un sondeo publicado en ABC que da a Ayuso una victoria holgada en unos posibles comicios. Según los últimos estudios demoscópicos de GAD3, el PP en la Comunidad de Madrid doblaría los escaños que hoy tiene (30) y podría gobernar solo con el apoyo de Vox, con el que la presidenta se siente mucho más cómoda.
Pero en el Ejecutivo de Ayuso existe también el miedo a que su socio de Gobierno decida unirse al PSOE en una moción de censura que sería apoyada por Más Madrid. La salida de Albert Rivera ha devuelto al partido a posiciones más al centro sobre todo desde las últimas semanas de pandemia en las que Ciudadanos ha pactado la renovación de los estados de alarma en contra del criterio de las derechas. “No lo sé, yo sé que hablan mucho”, dijo recientemente Ayuso sobre la posibilidad de que Aguado pudiera llegar a un acuerdo con los socialistas para desalojarla de la Puerta del Sol.
Las fechas ya lo permiten y la presidenta de la Comunidad de Madrid podría convocar cualquier día el decreto de disolución de las cortes, que tendría que pasar previamente por un Consejo de Gobierno. Esa posibilidad ya está en todos los debates mediáticos de la derecha. También la opción de que Ciudadanos se adelante y registre junto al PSOE una moción de censura, con la que Ayuso perdería la opción de un anticipo electoral. De momento, públicamente ambos descartan que una y otra cosa mientras los desplantes y la división son cada vez más profundos y el ambiente más irrespirable para un Gobierno que aún no ha hecho el año.