La subsistencia callejera también se fiscaliza en Madrid: “Declarar lo que se saca de pedir es imposible de controlar”

¿Se pueden predecir las monedas que caerán al terminar el día en un vaso de cartón o en la funda de un instrumento apoyado en la acera? Para las personas que solicitan la Renta Mínima de Inserción (RMI) este pronóstico es una exigencia de la Comunidad de Madrid, que ha endurecido en los últimos años los criterios para conceder este subsidio. En la región, esa ayuda es de 400 euros.

Así lo denuncian varias organizaciones dedicadas al trabajo con personas en riesgo de exclusión y sin hogar, después de que la Comunidad de Madrid haya dado un plazo de 10 días a una persona en situación de indigencia para presentar una declaración jurada de los ingresos que le procura pedir en la calle para hacer frente a la necesidad. Así lo ha publicado este martes El País.

“Se le está preguntando a la gente de qué actividad no reglada provienen esos ingresos, porque la Comunidad entiende que no se puede vivir del aire. Antes bastaba con una declaración responsable del trabajador social para resolver el trámite, pero ahora se exige al propio afectado una declaración jurada sobre esos ingresos”, denuncia Ángel Hernández, coordinador de la Red Madrileña de Ayuda contra la Pobreza.

Entre la documentación requerida para la prestación, hay que entregar un justificante de ingresos de todos los miembros que componen la unidad de convivencia, ya sean nóminas o declaraciones fiscales trimestrales. En el caso de que se trate de actividades económicas no regladas, como recoger chatarra o tocar un instrumento, se solicita una declaración jurada. “La administración está haciendo que la gente se desnude, se pide tanta información que tu dignidad como ser humano queda por los suelos. Así se proyecta una sospecha generalizada sobre la gente que va a solicitar un subsidio que le permita salir de una situación límite”, señala Hernández.

“Nos preocupa que estas formas de subsistencia se puedan comparar con un trabajo normalizado. Que se contemple dentro de este supuesto a las personas que mendigan es sorprendente. Nadie elige una situación como esa por voluntad propia y sin embargo con este tipo de prácticas se les criminaliza”, comenta José David Martínez, director del Programa de Empleo de la Fundación RAIS, que lucha contra la exclusión social de las personas desfavorecidas, particularmente el colectivo sin hogar. Esta declaración jurada hace las veces de nómina, aunque los ingresos fluctúan y no son regulares.

De la inconstancia de esta cantidad sabe bien Gica, una persona de origen rumano de 58 años que vende trenes de juguete a pilas en una esquina de la calle del Doctor Esquerdo. “Los vendo a cinco euros... unos días vendo uno, otros tres, otros ninguno... Me los compran personas mayores, que buscan un regalo barato para sus nietos”, cuenta mientras el trenecito recorre un anillo de vías amarillas a sus pies. “No podría calcular... vivo en una habitación que alquila otro rumano, por 150 euros, pero no todos los meses puedo pagar... El mes que viene a ver, le digo...”, y muestra una sonrisa mellada.

Gica sabe además que las ordenanzas municipales le prohíben vender sus juguetes en la acera. “La Policía Municipal te los puede quitar. Si pierdes los juguetes, recuperarse cuesta mucho”, comenta este antiguo vecino de un pueblo próximo a Bucarest, donde era electricista. “Yo sólo quiero un trabajo normal”, implora. Hoy el día no le ha sido propicio. Recoge las pequeñas cajas con los vagones y se marcha en busca de otra esquina.

Del vaivén en las cuentas del mes también habla Ramón, que toca la guitarra en uno de los pasillos de metro de la ciudad. En la funda ante él apenas hay seis euros. Lleva tocando desde las siete de la mañana y lo hará hasta más tarde de las once de la noche. Se detiene agotado a mitad de una canción de Francis Cabrel. “Me ha dado un bajón”, comenta mientras se seca el sudor del rostro con la mano. Delante de él, la funda de su guitarra. “Al día siguiente de que ganara la moción de censura de Pedro Sánchez ya se notaba que la gente echaba menos. También me pasó cuando ganó Carmena, la gente dejó de echar, o en vez de dejar un euro pues eran unos cuantos cobres”, explica el músico, indignado con la burocracia. “¿Si contestas que sacas para malvivir sirve como respuesta?”, se pregunta con ironía.

“Está dentro del marco del RMI que se declaren los ingresos de cualquier fuente, ya sea por mendicidad, tocar un instrumento o trabajar en 'B', en limpieza del hogar o cuidando a personas mayores. Declarar el dinero que se obtiene de la mendicidad, por ser unos ingresos irregulares, se interpreta como una estimación, es algo imposible de controlar”, explica Javier González, director del área de Acompañamiento Social de la Asociación Realidades, que confirma que la declaración de esos ingresos se ha solicitado por la Comunidad de Madrid en dos casos de los que ellos manejan. “Sin embargo, no conocemos ningún caso en que habiendo declarado esos ingresos se haya aplicado el coeficiente reductor”, indica.

Fuentes de la Comunidad han señalado al respecto que “los ingresos por mendicidad” no se computan para dar el RMI. Sin embargo, el artículo 18 del reglamento de la RMI sí alude a la valoración de rendimientos procedentes de actividades económicas indeterminadas (tales como la recogida de chatarra o cartones). En este caso se debe presentar una declaración jurada de ingresos obtenidos en el último mes que haga constar el número de horas y de días de la semana dedicados a esta actividad, según Europa Press.

“La reacción que tiene en los solicitantes es de sorpresa, miedo y de no saber muy bien qué contestar, sobre todo porque aunque es legal preguntar, no hay una argumentación de por qué se les pregunta. Entonces es cuando ellos acuden al profesional, al trabajador o la trabajadora social. Unos días ganan un euro, otros días 15 y otros nada... Así que como no sabemos qué va a pasar con ese concepto de ingreso irregular se hace una media. Básicamente le piden a la gente predicciones”, señala González, que indica que de las 30.000 familias que perciben el RMI en Madrid, entre 400 y 500 no tienen hogar.

“Ellos están de alguna manera acostumbrados a que pidan mucha documentación, a las barreras burocráticas y a tener problemas en la concesión que pueden suponer que te la suspendan”, añade. Según su estimación y a pesar de que las solicitudes deberían resolverse en un plazo máximo de tres meses, en la Comunidad de Madrid se duplica, llegando a un tiempo medio de seis meses por cada expediente con una gestión lenta y con una casuística de complicaciones infinita que alarga los plazos, según denuncian las entidades contra la exclusión, muchas veces por falta de presupuesto.

Unido al cumplimiento de los plazos reivindican también la integralidad de los recursos de protección. “400 euros no es una cantidad suficiente para cubrir gastos de vivienda, de alimentación, de medicinas, de ropa, de higiene. Se trata de una prestación con carácter integrador, no definitiva, pero tampoco temporal. Hay que integrar el resto de recursos, como los albergues, y que sean complementarios, no excluyentes”, comenta González desde Realidades.

Las organizaciones denuncian, además, que hay un discurso que aún tiene calado: el que vive en la calle es porque no quiere trabajar. “Es una parte más de la aporofobia, (el miedo, rechazo o aversión a los pobres)”, explica Martínez. “Pero no tiene nada que ver con la realidad. Nadie vive en la calle porque quiere, aunque se haya normalizado que la gente viva en la calle. Vivir en la calle da miedo. El 47% de los que viven en ella han sufrido agresiones y violencia. Se duerme de día para pasar la noche vigilante a las amenazas ¿quién elige eso por decisión propia?”.